¿Se justifican las acusaciones de traición a la patria?

Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro o Medardo Mairena no son personalidades mundiales con tanto poder que sean capaces de influir en las decisiones de los diputados del Parlamento Europeo o los congresistas y senadores de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otros países.

Estos precandidatos presidenciales tienen una gran importancia en Nicaragua pero su peso en el exterior es mínimo, no representan una fuerza, por ejemplo, política internacional, o un poder económico que incida en los centros de decisión mundiales. Definitivamente, no son de este tipo de personas.

Tampoco tienen esa importancia los otros dos precandidatos prisioneros en El Chipote, Miguel Mora y Arturo Cruz. Este último hizo relaciones y contactos cuando fue embajador de Nicaragua en Washington y tiene una capacidad de cabildeo en ese entorno, pero es nula su capacidad de incidir en las decisiones de los congresistas.

Tampoco existen en Nicaragua organizaciones tan poderosas que tengan algún peso en la toma de decisiones internacionales, al contratrio, les cuesta ser escuchadas, se les dificulta proponer sus proyectos sociales y en general su capacidad de gestión es bastante limitada.

No hay ninguna posibilidad, ninguna, de que personas nicaragüenses individuales o en grupo tengan ese poder que les atribuyen los Ortega-Murillo, de lograr que países y organizaciones internacionales impongan sanciones a la familia dictadora y a sus socios en el Estado y fuera de él.

Los precandidatos presidenciales y los líderes políticos, empresariales y periodistas secuestrados por antimotines y paramilitares y acusados por la Fiscalía de atentar contra la soberanía nacional, la sociedad nicaragüense, los derechos del pueblo y traicionar a la patria, evidentemente no son culpables de estos delitos, porque no pueden incurrir en ellos, aunque quieran, porque no tienen esa capacidad.

Cualquier persona, grupo u organización en el mundo puede pasar desgañitándose todos los días para que sus funcionarios de gobierno sean sancionados por la comunidad internacional, pero eso no es suficiente para que sean escuchados, debe haber algo demasiado grave que lo justifique. En este sentido, las palabras de estos ciudadanos no valen nada.

Para que la comunidad internacional reaccione ante situaciones que ocurren en otro país, debe estar plenamente informada de lo que sucede, debe tener documentación, evidencias y pruebas para estudiar el caso y para que luego de este primer filtro, se discutan en alguna instancia como comisiones parlamentarias o el poder legislativo.

Es muy difícil que un país decida sancionar a funcionarios de otro Estado, pues para ello se requiere un proceso generalmente largo y que las causales que lo ameritan sean especiales, es decir, deben tener una profunda gravedad que atente contra la legislación internacional.

Cada Estado suscribe convenios internacionales, sino todos, por lo menos la mayoría. Nicaragua, por supuesto, no es firmante del convenio que establece un  tribunal para juzgar delitos de lesa humanidad, de lo cual están señalados Daniel Ortega y Rosario Murillo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nicaragua ha firmado casi todos los tratados internacionales que la obligan a respetar la vida y las libertades públicas como de organización, movilización y expresión, a no torturar, seguir el debido proceso, etcétera, y esta legislación se incorpora a las leyes nacionales y a la Constitución Política de la República. No existe ninguna razón válida para no cumplir.

Desde que asumió el poder de nuevo en el 2007 el orteguismo-murillismo ha venido irrespetando las leyes, controlando todos los poderes del Estado, enriqueciéndose ilícitamente, ejerciendo el nepotismo y en algunos casos irrespetando la vida especialmente de prisioneros y de campesinos en las áreas rurales.

El estallido social del 2018 con el que la mayoría de la ciudadanía expresó su rechazo al régimen, fue una oportunidad para que los Ortega-Murillo tomaran nota del descontento popular y rectificaran su rumbo, pero en vez de eso respondieron con “¡Vamos con todo!”, y cometieron una matanza de más de 300 personas, la mayoría jóvenes. Hubo miles de presos y cientos de torturados. Violaron todo lo que hay que respetar en materia de derechos humanos.

De esto ha tomado nota la comunidad internacional y por eso es que han sancionado a la familia Ortega-Murillo y socios de ellos, no porque alguien haya dicho “sanciónenlos”, así que la dictadura debe asumir que sus errores son los que han causado su pérdida de credibilidad en el mundo y haberse situado al margen del derecho internacional. Esto es lo que causan las sanciones, no que las pidan personas u organizaciones nicaragüenses.

La prisión de unos 130 hombres y mujeres, más los 26 secuestrados recientemente, es totalmente injusta, los cargos son un invento de la dictadura para reprimirlos, puesto que estos prisioneros no han causado ninguna sanción a la familia Ortega-Murillo, ellos más bien son víctimas.

Las capturas de los últimos dos meses más bien obedecen a un intento de hacer realizar elecciones sin reglas del juego según los estándares internacionales, sin fiscalización del exterior y sin candidatos que se le pueda oponer al orteguismo-murillismo. El esto es la acostumbrada retórica mentirosa de la tiranía.