Represión, adelanto de elecciones y la ANC dinamitaron intentos de diálogo
Aunque la oposición es copartícipe en el fracaso de la negociación, el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó diversas tácticas dilatorias que frustraron los intentos por alcanzar acuerdos políticos en el pasado.
La ONG Foro Penal logró determinar que existe la “tendencia” en el gobierno de incrementar la represión política cuando inician los diálogos. En mayo de 2014, justo cuando las delegaciones chavista y opositora formalizaron sus encuentros con intervención de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, se produjeron 618 encarcelamientos seguidos de 504 liberaciones, una práctica que el director de la ONG, Alfredo Romero, llama “efecto puerta giratoria”.
En 2016, el número de detenciones pasó de 178 en abril a 1.768 en mayo, el mismo mes en que los actores políticos retomaron las conversaciones con la participación del Vaticano. Casi de forma simultánea fueron liberadas 1.575 personas.
Las aprehensiones en 2018 se produjeron solo después de que fracasó el proceso de negociación (que inició en 2017) que tuvo lugar en República Dominicana. En diciembre de ese año, la ONG contabilizó 1.908 detenciones.
En marzo de 2019 se registró otro pico, aunque menor, con 369 privaciones de libertad y 210 excarcelaciones en medio de las gestiones del Reino de Noruega para buscar una solución negociada a la crisis de Venezuela.
Revocatorio no, Constituyente sí
Pero la represión política no es la única táctica que ha implementado la administración de Maduro. Otras acciones aprobadas por el Ejecutivo atentaron e incluso sepultaron las negociaciones y las salidas electorales.
El referendo revocatorio que intentó la oposición, en 2016, fue discutido en la mesa de negociación, según reveló el entonces presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup. “¿Se está reuniendo el gobierno y la oposición?, sí porque queremos asegurar las condiciones para hacer el referendo revocatorio este año, el número de máquinas, dónde van a estar (…) Que por ahí no salga algún virulento malintencionado a decir se están entendiendo, al revés, lo que queremos es que mañana no se diga que por no hacer contacto y no negociar las condiciones mataron el revocatorio”, manifestó ante la insistencia de la prensa.
Pero el chavismo obstaculizó el ejercicio de este derecho imponiendo requisitos que no estaban previstos en la normativa electoral, como la recolección de las firmas correspondientes al 20% del padrón electoral en cada estado, y ordenando finalmente la suspensión del proceso mediante tribunales penales sin competencia por un supuesto fraude cometido con las manifestaciones de voluntad que nunca fue probado.
Esto no abonó el terreno para el diálogo que terminó fracasando por el incumplimiento de acuerdos adquiridos por parte del gobierno. Una carta del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, del 1 de diciembre de 2016, confirmó que el chavismo gobernante había faltado a su palabra en cuatro demandas: abordar la crisis económica; restaurar el papel constitucional de la Asamblea Nacional; establecer un calendario electoral y liberar a los presos políticos.
En 2017 la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente que anuló las atribuciones del Legislativo democráticamente electo (de mayoría opositora) malogró el diálogo. Desde este suprapoder se avanzó en el desmantelamiento de los partidos de oposición que integraban la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuyas tarjetas fueron canceladas.
Pero la implosión de las gestiones, que continuaron en 2018, se produjo por el adelanto de las elecciones presidenciales. El gobierno de Maduro, en una maniobra inédita fijó la fecha de los comicios para siete meses antes del plazo constitucional establecido, lo que pateó cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos en materia electoral.
No obstante, el fin de este intento se selló frente a las cámaras de televisión. La delegación oficialista presentó una propuesta que aseguraba había sido acordada por ambas partes y el entonces ministro Jorge Rodríguez, quien encabezaba la comitiva, firmó el documento que anticipó la oposición no suscribiría por orden del gobierno de Estados Unidos. La oposición presentó una contrapropuesta al día siguiente que exigía observación electoral de las Naciones Unidas y la designación exprés de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, entre otros requerimientos que fueron rechazados por el chavismo.
Las presidenciales de 2018 fueron desconocidas por la comunidad internacional al celebrarse en condiciones no democráticas lo que precipitó la proclamación de un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó que complicó aún más la crisis política en 2019.
La oposición priorizó entonces una estrategia que buscó generar una insurrección en el sector militar, pero al no tener éxito retomó las conversaciones con el gobierno. Sin embargo, las sanciones secundarias que impuso Estados Unidos y que restringieron las ventas de petróleo venezolano dieron un argumento al gobierno chavista para levantarse de las rondas de negociación ese año.
La administración de Donald Trump terminó por dinamitar cualquier pacto en 2019 al oponerse a la repetición de elecciones presidenciales con Maduro en el poder. En su lugar, ofrecieron un plan de transición que contemplaba la creación de un Consejo de Estado mixto y que suponía la renuncia de Maduro, una propuesta que fue rechazada por el oficialismo.