Traicionan la patria quienes confiscan las libertades
No traicionan su patria quienes buscan justicia y libertad por vías pacíficas
La última oleada represiva de la dictadura Ortega ha utilizado como argumento para meter en la cárcel a personas opositoras el único artículo de la Ley, que en su redacción delirante y una ortografía penosa (¿Sabrán que existe el punto y seguido?), califica de “Traidores a la Patria” (sí, entrecomillado y en mayúsculas) a prácticamente todas aquellas personas que de pensamiento, palabra y obra quieran un cambio político para el país en que viven. Llama traidores a quienes en ejercicio de la civilidad aspiren a remover un régimen dictatorial que ha confiscado cualquier tipo de libertades. En el imaginario de ambos polos resaltan dos ideas de patria: una poblada por vasallos resignados a su suerte, y otra por ciudadanos con deberes y derechos, incluso a tramar, conspirar o planear un cambio de régimen político. El verdadero delito está en ser parte de los opresores, no en resistir individual o colectivamente para restaurar las libertades.
En general por patria se entiende el lugar al que por nacimiento o adopción cada persona se siente vinculada de distintas maneras entre las que destaca la afectiva, a su vez relacionada con la historia. Pero también hay razones jurídicas que reconocen la condición de nacional de ese lugar, y por ende un estatus basado en deberes y derechos que son la base de las libertades de cada uno. Por ello patria y nación han sido tomadas como sinónimos.
Lo anterior quiere decir que la patria es ante todo una comunidad política asentada en un contrato social entre autoridades y ciudadanía, traducido en un texto constitucional que regula la convivencia. Lo contrario sería una finca, un coto privado o un enclave donde imperan los caprichos del amo, el señor o la señora feudal. Dicho en breve: no hay patria posible sin ciudadanos.
Pero la ley No. 1055 establece todo lo contrario. Según su letra, el FSLN estaría entre los mayores traidores a la patria de los tiempos modernos. Veámoslo por partes. El FSLN encabezó una lucha armada que para muchos fue un golpe de Estado que alteró el orden constitucional. Aquí se entra a un viejo debate: si el cambio violento lo protagoniza un movimiento de izquierda es una revolución; si lo impulsa la derecha es un golpe de Estado. Pero si uno se apega al texto de la 1055 fue un acto de traición la patria. Luego señala a aquellos “que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, que según Somoza en los 70 fue ni más ni menos lo que hizo el FSLN con la lucha armada y el apoyo que buscó en la comunidad internacional, concretamente en la OEA, en México, Venezuela y Costa Rica, entre muchos otros. Y remata con “que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, justamente lo hizo el FSLN desde su fundación al tejer alianzas con Cuba, y más tarde con la URSS y otros paises del bloque socialista. Todo esto sin mencionar la extensa lista de nacionalidades que su sumaron a las luchas en los 70 y 80 en nombre del internacionalismo.
¡Cómo pueden los jerarcas del orteguismo actuar de espaldas a la historia de esta forma tan cínica! ¿En nombre de qué lógica maniquea el hecho de buscar apoyo internacional para una lucha contra enemigos poderosos fue un acto de patriotismo en el pasado, pero ahora es condición suficiente para ser declarado traidor a la patria?
Si los nicaragüenses hemos recurrido a la denuncia en todos los foros internacionales posibles es porque se han cerrado todas las vías nacionales para hacer justicia ante las violaciones de los derechos humanos por parte del orteguismo. Si el Estado se ha convertido en un negocio controlado por la familia Ortega hay buscar salidas fuera de las fronteras nacionales.
Es lo que ocurre con instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos convertida desde los tiempos de Omar Cabezas en un aparato auxiliar de los atropellos que sufría la población, como cuando organizó contra manifestaciones a las celebraciones del día internacional de los Derechos Humanos. Lo mismo pasa con la Fiscalía convertida cada vez con más descaro en un brazo ejecutor de la represión política. Por eso las organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos llevan sus voces ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ante la CIDH de la OEA y recurren a las alianzas internaciones con plataformas mundiales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Unión Europea, entre otras.
La cooptación del Estado por parte del FSLN para asegurar la impunidad de los delitos atroces cometidos con mayor notoriedad a partir de 2018, ha obligado a buscar vías alternas para acceder a la jurisdicción de la justicia universal contempladas en algunos países así como en altos tribunales como la Corte Penal Internacional. Si el orteguismo no hubiese llevado a la quiebra el Estado de derecho y los tribunales fuesen independientes de las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo, ningún connacional anduviera tramando estrategias para que los criminales rindan cuentas fueras de las fronteras del país.
Que no digan que los nicas buscamos apoyo para invasiones militares ni para cometer atentados terroristas. Al contrario, el activismo internacional es una derivación del rechazo a cualquier salida armada que conduzca a una nueva guerra civil. No hay nadie en Nicaragua, en las cárceles o en libertad, clandestino o en la vida pública, dentro del país o en el exilio, que haya orquestado o esté fomentando acciones armadas contra la opresión. Los únicos interesados en salidas violentas son los jerarcas de la dictadura porque las vías violentas son las únicas que conocen y son las únicas que les garantizan su supervivencia.
No traicionan su patria quienes buscan justicia y libertad por vías pacíficas apegadas al contrato que autoridades legítimas han suscrito con el conjunto de la ciudadanía. Traicionan la patria quienes quieren convertir Nicaragua en un páramo sin leyes ni derechos, gobernado por una panda de desalmados decadentes.
