Mascarillas y libertades civiles

Un tribunal administrativo de París ha vuelto a poner el dedo en la llaga sobre el alcance de las libertades individuales en la pandemia, en concreto suspendiendo la obligación decretada de portar mascarillas al aire libre. Ese tribunal las ha considerado «inapropiadas» para garantizar el respeto a la libertad y revoca, al menos para la capital francesa, la coerción de llevarlas, con sanciones de hasta 135 euros en caso de incumplimiento. Sin embargo, la medida hace extensivo a toda Europa un debate de fondo sobre las garantías y libertades, que dos años después sigue sin estar cerrado y planteando nuevas dudas sobre los abusos de cada Gobierno.

En España, de momento, continúa en vigor la decisión del Ejecutivo de imponer la mascarilla también al aire libre, salvo en contadas excepciones.

No obstante, el criterio mayoritario de científicos, sanitarios y expertos es que a estas alturas de la pandemia es una medida innecesaria por ineficaz. Salvo en supuestos muy excepcionales, peligrosos y científicamente recomendables, la utilización forzosa de la mascarilla en ámbitos no cerrados no tiene demasiado sentido. Con Ómicron se ha visto claramente que la tasa de contagio ha subido exponencialmente incluso con la mascarilla en exteriores o con el pasaporte Covid. Esa es la realidad. Y no teniendo mucho sentido sociosanitario, menos aún lo tiene desde el punto de vista de los derechos esenciales. En cierto modo, son decisiones tomadas por los poderes públicos para evitarse responsabilidades, para simular que se adoptan resoluciones eficaces que no lo son, o por pura comodidad para sacudirse de encima problemas de imagen.

Cuando sea absolutamente imprescindible, y en casos de excepcionalidad ya evidentes -así lo demuestra la experiencia-, la mascarilla puede ser muy útil. Pero si es usada como coartada para aparentar una acción preventiva inane, esas decisiones deberían corregirse con urgencia. Cuestión distinta es una regulación específica para utilizarse en interiores, donde sí hay un criterio científico unánime. Bien pudo adelantarse el Gobierno a esta sexta ola previendo los abusos en los precios de los test de antígenos -se ha llegado tarde y mal a imponer sus precios-, o estableciendo criterios objetivos para facilitar las altas y bajas laborales masivas y evitarse el actual caos. Pero se limitó a imponer mascarillas. Y todo ello, sin olvidar dos factores de relevancia: que el Gobierno, en el momento más cruel de la pandemia, cuando no había vacunas, consideró la mascarilla en exteriores algo inútil; y que ya hay dos sentencias del TC con criterios claros frente al autoritarismo del Gobierno en la interpretación de las restricciones de libertades. Llevar la mascarilla al aire libre puede quedar como una recomendación de cumplimiento voluntario o como un ruego encarecido de cada Gobierno. Pero lo que es discutible es que alguien deba ser forzado a portarla, multa incluida, si objetivamente se revela como algo inútil. Y si a escala europea van a adoptarse resoluciones excepcionales que contravienen los propios principios fundacionales de la UE en lo que atañe a las libertades civiles, antes o después habrá que revisarlas y adaptarlas a las nuevas circunstancias. Y, en su caso, restringir esas libertades con el común acuerdo de los países. Mientras no se haga, el respeto a las garantías individuales ha de seguir vigente. Dos años después, los ciudadanos no pueden depender de caprichos coyunturales de cada Gobierno.