La persecución del pensamiento en Nicaragua

El líder estudiantil Lesther Alemán, de 24 años, fue llevado el pasado jueves 3 de febrero a un tribunal improvisado en las cárceles policiales de El Chipote, en Managua, señaladas como un centro de tortura por los organismos de derechos humanos que aún sobreviven en Nicaragua. Le costaba caminar después de 210 días de aislamiento. Nadie le avisó que estaba ahí para escuchar su condena.

El joven intentó defenderse en vano. La fiscalía  le ordenó a la jueza Nadia Camila Tardencilla que no le permitiera hablar, aun reconociendo que era un derecho. Al final la judicial obedeció, evidencia de que el sometimiento al poder ejecutivo de ambas instancias puede más que el respeto a quien supuestamente es la máxima autoridad en la sala.

Alemán es uno de los dirigentes estudiantiles que cuestionó a Daniel Ortega y Rosario Murillo en mayo de 2018, cuando le dijo a los gobernantes que debían renunciar, respaldado por miles de personas en las calles que pedían un cambio de gobierno y que fueron violentamente reprimidos por el Estado.

“Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado”, le dijo en uno de los momentos más tensos. Otro fue cuando Ortega pidió una lista de los fallecidos durante las protestas a los jóvenes, y ellos empezaron a gritar uno a uno los nombres de al menos 60 víctimas, incluyendo a menores de edad, como puede verse en los vídeos de la época. Escalofrío y llanto se apoderaron de quienes mirábamos la transmisión. Los asesinados en el contexto de la represión sumaron 355 durante meses de represión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los fanáticos sandinistas nunca perdonaron la exigencia de aquel muchacho desconocido. A pesar de que Alemán vivió un tiempo en el exilio, no dejó de ser objeto de ataques virulentos en redes sociales. Cuando finalmente volvió a Nicaragua y mostró sus aspiraciones políticas, fue apresado bajo la acusación de “conspiración para cometer actos en menoscabo de la soberanía nacional” en julio de 2021, antes de las votaciones de noviembre, en las cuales la pareja presidencial de Nicaragua se reeligió sin competencia política, después de encarcelar arbitrariamente a todos sus posibles competidores, lo que causó el repudio a nivel internacional.

La sentencia contra el estudiante, para quien el Ministerio Público ha pedido 15 años de cárcel e inhabilitación en cargos públicos de Nicaragua, es una demostración más de que el régimen ha cerrado la posibilidad de un cambio. La única opción que Ortega ofrece es la prolongación de la dictadura, aunque más de 40 países de la comunidad internacional lo consideren ilegítimo y piden el restablecimiento de la democracia. Para el jueves 10 de febrero de 2022 está previsto que se conozca cuál  será la pena que el líder estudiantil deberá purgar.

El cierre, en la primera semana de febrero, de seis universidades privadas de Nicaragua, coincidió con las farsas judiciales de Alemán y otros reos políticos, a los que impusieron condenas similares. Destacan casos como el de la excomandante guerrillera Dora María Téllez, víctima ahora de un viejo compañero de armas en la lucha contra la dictadura de Somoza, Ana Margarita Vijil, del movimiento Unamos, o el propietario de 100% Noticias, Miguel Mora, confiscado y encarcelado en dos ocasiones desde 2018.

Entre las institucionales cerradas por la Asamblea Nacional están la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), de carácter privado y uno de los focos de las protestas estudiantiles hace cuatro años, la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), dirigida por el obispo Abelardo Mata, crítico de Ortega; la Universidad de Estudios Humanísticos y la Universidad Pablo Freire, cuyo rector acaba de exiliarse en Costa Rica, todas de carácter privado.

El foco de la represión se centra en el sector sensible de la educación superior, en el cual jóvenes pobres son beneficiados por un aporte del Estado equivalente a 6% del presupuesto general de la república. Ese monto fue de 154.7 millones de dólares en 2022, repartidos tanto a universidades públicas como privadas.

Ese mecanismo de financiación estatal a las universidades fue exigido por el FSLN en los años que estuvo en la oposición y acompañó con violencia las manifestaciones estudiantiles para lograrlo. Sin embargo, se convirtió en un mecanismo de premio y castigo cuando se hizo con el poder.

El cierre de las casas de estudios de esta semana, cuyos bienes fueron absorbidos posteriormente por tres nuevas universidades estatales recién creadas por la Asamblea Nacional, exhibe la tendencia a la ilegalización de organizaciones civiles. El Parlamento ha hecho lo mismo con 61 organismos de sociedad civil desde 2018, según la agencia de noticias EFE.

También enseña algo peor: el régimen ha dado paso abierto a la confiscación de los bienes de los intervenidos, lo que se convierte en otro botín. La crisis sigue y mantiene intranquila a la comunidad educativa, pero el Consejo Nacional de Universidades (CNU) –órgano rector– anunció que acogerá a los estudiantes y bajará los aranceles en un intento de dar un cariz de normalidad.

Sin embargo, las heridas están más abiertas que nunca. Los testimonios de los estudiantes recuerdan que algunos de ellos buscaron oportunidades en algunas de las instituciones educativas que fueron clausuradas, después de ser expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) por razones políticas.

La CIDH recibió 144 denuncias de expulsiones de universitarios, según un estudio sobre la represión estudiantil. Son centenares de jóvenes a quienes se les ha negado el futuro.

Ortega sigue engullendo poder sin ningún contrapeso a la vista. No resulta difícil imaginar que en la lista de futuras víctimas se encuentra la Universidad Centroamericana, de los jesuitas, a la que le  han reducido el aporte del Estado, afectando a los becados.

La sociedad entera en este contexto está en indefensión. Aunque las leyes enuncien derechos, su cumplimiento depende de la voluntad de los poderosos en este reino de ilegalidad.

A finales de enero pasado, el economista y experto en relaciones internacionales Richard Feinberg, profesor emérito de la Universidad de San Diego en California, quien conoce Nicaragua desde hace más de tres décadas, enumeró al periódico digital Confidencial de Nicaragua los pilares del régimen: el partido, el Estado y el control de las armas, ejercido a través del Ejército, la Policía y los paramilitares.

El sistema de la educación superior descansa en la complicidad de las autoridades y la UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua), el brazo del FSLN en las universidades. El ambiente académico es hoy más tóxico no solo por los actos recientes, sino por la ausencia de una libertad de cátedra.

Con ese soporte, el FSLN ha articulado una estrategia represiva, pero sería ingenuo pensar que estos golpes a las universidades, la persecución a intelectuales como Sergio Ramírez y Gioconda Belli; a periodistas y la clausura de medios, buscan solo mantener ese terror.

Para lograr la meta del pensamiento único en Nicaragua, el régimen necesita que el aparato de propaganda de las escuelas siga diciendo que la pareja presidencial está llena de amor por el país, como puede leerse en los textos escolares: puro adoctrinamiento.  

Desde que el gobernante asumió su segundo mandato consecutivo de manera ilegal en 2011, debido a que la Constitución prohibía su reelección, él dijo que los medios eran “hijos de Goebbels”. Una década después, Nicaragua está sumida en el caos, tiene un horizonte quebrado, y lo que resulta evidente es que los mejores alumnos de aquel propagandista nazi son Ortega y Murillo.