Unamos exige investigación independiente del “crimen” de preso político Hugo Torres

Luis Carrión, dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), calificó como “un crimen” la muerte del preso político Hugo Torres, después de haber permanecido ocho meses en aislamiento en la cárcel del Chipote,  y demandó una investigación independiente para esclarecer la tragedia  y salvar a otros reos de conciencia cuyas vidas están en peligro en la cárcel.

Carrión demandó el acceso al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y la Cruz Roja Internacional para que conduzcan una indagación independiente, en tanto la Policía, el Ministerio Público, y el Gobierno  “no tienen credibilidad”.

“Este crimen lo ha cometido el régimen, porque mientras no se aclaren las circunstancias de la muerte de Hugo, y habiendo estado bajo la custodia del Gobierno, éste tiene responsabilidad de su muerte”, dijo Carrión en una entrevista con el programa televisivo Esta Semana que se transmite este domingo a las 8.00 p.m.

Torres, de 73 años, vicepresidente de Unamos, fue un héroe de la lucha contra la dinastía de Somoza que se convirtió en preso político del régimen de Ortega desde el 13 de junio del año pasado. Fue acusado por violar supuestamente la ley “de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada por la dictadura en diciembre de 2020 como un instrumento represivo usado contra los opositores en año electoral.

Es el segundo preso político fallecido, luego que Eddy Montes fue ultimado “a sangre fría” por un custodio en 2019 en otro caso que causó rechazo nacional e internacional. Torres estaba en la lista de presos políticos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó liberar el cuatro de noviembre pasado, sin embargo, el gobierno de Nicaragua hizo caso omiso a la resolución.

El fallecimiento fue finalmente admitido de forma oficial este sábado en la tarde por el Ministerio Público, a través de un comunicado de tres párrafos en que afirma que la muerte se produjo  por un deterioro de su salud, lo que motivó que fuese trasladado a un hospital donde le permitieron estar acompañado de sus hijos.

Carrión señaló que el pronunciamiento del Estado dejó varias dudas. “No tenemos ninguna información sobre la causa, su diagnóstico, la situación que lo llevó al hospital. Esperábamos que el Gobierno, como es su responsabilidad, nos informara de las circunstancias de su muerte, las causas, dónde murió, cuándo, ni siquiera eso dice con claridad el comunicado del Ministerio Público”, dijo.

Gobierno informó sobre muerte 15 horas después

Según la información conocida por Unamos, gracias a fuentes directas en la cárcel El Chipote y en la Policía, el general en retiro comenzó a presentar problemas de salud desde inicios de diciembre del año pasado, luego se fue agravando y finalmente quedó inconsciente. La alarma de los otros reclusos causó que las autoridades llegaran a la celda y decidieran el traslado al hospital.

Durante más de dos meses se desconocía el paradero de Torres y los organismos independientes como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandaron sin éxito conocer informes sobre la salud del reo, hasta que este sábado 12 de febrero se conoció el trágico  desenlace.

Carrión reveló que Hugo Torres murió a las diez de la noche del viernes 11 de febrero de 2022. El comunicado del Ministerio Público fue enviado hasta las 1:33 de la tarde del sábado desde el correo electrónico de la vocera y vicepresidenta Rosario Murillo, lo que significa que el régimen ocultó su muerte durante más de 15 horas.

“No puede saberse a ciencia cierta las circunstancias en que se produjo la muerte de Hugo Torres, y no puede exonerarse al Gobierno de responsabilidad, mientras no haya una investigación independiente que establezca las causas y sobre todo de todo el proceso que lo indujo hasta ahí”, insistió Carrión.

Los hijos del fallecido, Hugo Marcel, María Alejandra y Lucía Aracelly, anunciaron que “por voluntad expresa de su padre” no se celebrarían honras fúnebres ni ceremonias públicas.  Carrión consideró que el deceso es un golpe para su familia, pero también para la dirigencia de UNAMOS en cuya organización Torres era vicepresidente. Igual valoró la pérdida como una tragedia para “los luchadores por la democracia que pierden una voz firme y valiente que denunciaba sin temor sistemáticamente los abusos y los crímenes de la dictadura”.

“Vida de presos políticos está en riesgo”

Actualmente en Nicaragua hay al menos 170 presos políticos, de los cuales 46 fueron arrestados en los meses previos a las votaciones de noviembre pasado, cuando Ortega se reeligió en unas votaciones sin garantías democráticas eliminando la competencia política al ordenar la detención de los principales liderazgos políticos, económicos y sociales.

Para Luis Carrión, la muerte de Hugo Torres en la cárcel pone en evidencia la situación de salud de todos los presos políticos y muestra que la dictadura de Ortega no asegura el cuido médico ni tampoco las condiciones necesarias para que los presos políticos no vean agravada su situación.

Desde hace meses, los familiares de los reos de conciencia han demandado su liberación inmediata, además de denunciar el aislamiento y las torturas de las que son objeto de parte de la Policía, la mala alimentación,  y la pérdida de peso que ha sufrido la mayoría de ellos a consecuencia de las precarias condiciones de encierro.

Entre los presos políticos hay 11 que son de la tercera edad y cuya situación es más vulnerable: Edgar Parrales,  Francisco Aguirre Sacasa, Pedro Joaquín Chamorro, Arturo Cruz, José Pallais, Violeta Granera, Mauricio Díaz,  Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Evelyn Pinto y Nidia Barboza.

“La vida de los presos políticos están en riesgo, por lo tanto, deben de salir libres, no han cometido ningún delito”, adujo el dirigente de UNAMOS que hizo referencia también a los procesos ejecutados por 15 funcionarios judiciales, entre jueces y fiscales, que cumplen las órdenes de asegurar la condena  a los presos políticos.

“Fusilamientos judiciales”

Carrión describió como “fusilamientos judiciales” a esos procesos legales, porque no tienen ni la sombra de parecido a un verdadero juicio, ya que se ha conculcado el derecho a la defensa de los reos, sin siquiera permitirles a los mismos un mínimo de comunicación con sus abogados.

“Esto es una farsa y va continuar porque este régimen no tiene ningún sentido de humanidad, ni respeto por la justicia ni por el derecho. Es parte del proceso de tortura y venganza que han establecido contra estos presos políticos”, lamentó.

El exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN, calificó como una “cruel ironía” que Torres haya muerto convertido en un preso político de Daniel Ortega, cuando por una acción heroica de un comando guerrillero en que participó Torres en 1974 salió libre el actual gobernante, tras la toma de la casa del exministro José María Castillo, y la posterior negociación con el dictador Anastasio Somoza Debayle.

Carrión dijo que uno de los sentimientos básicos del ser humano es la gratitud, lo que el actual gobernante no tomó en cuenta a la hora de ordenar el encarcelamiento de Hugo Torres.

El directivo de Unamos agregó que Ortega no da muestras de dar un paso para superar la profunda crisis política, humanitaria y social en que está sumida Nicaragua. Desde 2018, cuando miles de nicaragüenses pidieron la renuncia del dictador en las calles y fueron reprimidos, murieron al menos 355 personas en el contexto de las protestas, según la CIDH. Más de 100 000 personas se fueron al exilio, sin embargo, Ortega “está aferrado al poder y trata de heredárselo a su familia”, expresó Carrión, mientras recalcó que la única posibilidad posible para el país es la democracia.

Hasta ahora, el Ejército de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la muerte del general en retiro Hugo Torres como preso político, un silencio que para Luis Carrión  “no tiene ninguna explicación”.

En 2018, el general en retiro Hugo Torres reprochó a la comandancia militar que no desarmara a las fuerzas irregulares paramilitares del régimen, responsables de las violaciones a derechos humanos perpetradas contra la ciudadanía de manera masiva desde hace cuatro años.