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“Informe de balance anual”, letra muerta para la economía cubana

Las prioridades del documento de balance no sirven para dar de comer al pueblo y satisfacer sus necesidades. Este tipo de cosas pasan ya por intrascendentes, la única relevancia es la que les da la prensa estatal.

MADRID, España. — ¿De qué va el documento titulado “Informe de balance anual” del Ministerio de economía y planificación de Cuba, recién presentado este pasado 3 de marzo en La Habana? ¿Realmente sirve para algo?

Se trata de un documento en PDF de 19 páginas, colgado en la web del ministerio, en que se relacionan las prioridades para el año 2022 después de un breve análisis introductorio de la economía mundial, de América Latina y de Cuba. Y lo cierto es que sirve de bien poco.

Y por qué decimos que es así. Primero, porque el análisis introductorio está desfasado, no tiene en cuenta las circunstancias cambiantes del momento y es poco riguroso y serio en términos de credibilidad.

Para Cuba, el documento se refiere a una compleja situación internacional, junto al sempiterno recrudecimiento del “bloqueo económico, comercial y financiero” del gobierno de los Estados Unidos, lo que lleva a estimar en un 2% el crecimiento de 2021, lo que se atribuye a la incidencia combinada de los problemas del ordenamiento monetario, las medidas implementadas para dotar de mayor autonomía a la empresa estatal, el perfeccionamiento de los actores económicos, las 63 medidas para perfeccionar la producción y comercialización de productos agropecuarios, el trabajo en los barrios, la atención a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y el sistema de gestión para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES), a través de los macroprogramas, programas y proyectos. Todo, responsabilidad del gobierno.

Y, segundo, porque llegados a este punto, se señala que para el año 2022, las principales prioridades del ministerio se concentran en las siguientes:

  1. Conducir la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.
  2. Avanzar en el perfeccionamiento de la planificación anual.
  3. Perfeccionar la Planificación Territorial para un desarrollo territorial, económico y social, sostenible, y mayor autonomía en los municipios en el uso de sus recursos.
  4. Alcanzar una gestión eficiente del proceso inversionista.
  5. Continuar realizando transformaciones de la Empresa Estatal Socialista.
  6. Conducir el proceso de creación de nuevos actores económicos y su inserción efectiva en la economía cubana.
  7. Fortalecer el control de la conducción de la economía.
  8. Avanzar en la eficiencia del servicio de informatización de nuestros procesos.
  9. Asegurar un desempeño organizacional de acuerdo con las transformaciones en la conducción de la economía.

Varias consideraciones iniciales.

Se destaca, en primer lugar, la escasa relación que existe entre las distintas prioridades, con unas más o menos institucionales y otras más técnico productivas, que responden a móviles distintos.

En segundo lugar, no se apuesta por una identidad de objetivos e instrumentos, existiendo en este punto, una notable confusión sobre qué es cada cosa.

En tercer lugar, los objetivos de estas prioridades se plantean como meros enunciados carentes de concreción. Algunos, incluso, irrealizables e impracticables.

En cuarto, existen lamentables lagunas y confusiones técnicas en torno a políticas y conceptos que se deberían atender y precisar.

En quinto, el documento no es estratégico en sus fines y medios, pero tampoco es operativo, por cuanto no dice cómo acometer los procesos. Ni siquiera son los archiconocidos “lineamientos”. Se trata más bien de una declaración de intenciones que no asigna responsabilidades ni mucho menos recursos para lograr los objetivos.

En sexto, con documentos como este se puede entender la deficiencia que existe en la gobernanza económica en Cuba, donde conviven un estado intervencionista que proscribe los derechos de propiedad privada y el mercado, pero al mismo tiempo es incapaz de lograr sus objetivos económicos.

En séptimo, por si alguien tuviera alguna duda, con estas prioridades, la economía cubana no va a resolver los problemas que la afectan y los cubanos seguirán sufriendo la escasez, la carestía y la falta de oportunidades de prosperidad.

Formulada esta declaración general, un análisis pormenorizado de las prioridades permite confirmar que se trata, en su mayoría, de esfuerzos vanos por justificar una gobernanza que no sirve para mejorar la vida de los cubanos.

¿Qué sentido tiene priorizar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030? Ninguno, solo mostrar una enfermiza obsesión con el plan central de la economía a pesar de la secuela histórica de fracasos. El plan es una preocupación burocrática que no da de comer, y que tiene escaso impacto sobre la actividad económica, por cuanto se pierde en cuestiones de poca trascendencia real.

Se habla de dar participación en la acción colectiva a actores, pero cualquier planteamiento alternativo se rechaza de forma sistemática. Se habla de realizar la evaluación de la primera etapa 2019-2021, pero se quiere hacer a partir de un diseño e implementación de una nueva metodología ad hoc: evaluar al evaluado en términos cuantitativos que desprecian lo cualitativo. Tampoco parece que a estas alturas tenga algún interés perseverar en un plan hasta 2030.

La dependencia de la política económica de la orientación es partidista. El plan es política de partido, no solo se respeta al máximo, sino que se reivindica, al señalar que se ha continuado trabajando en la implementación y monitoreo de los Lineamientos del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Avances como el Modelo Global para la segunda etapa del PNDES, para la articulación entre el Plan de la Economía, el Presupuesto del Estado y la Programación Monetaria, bienvenido sea si permite lograr estos objetivos, pero dado que cada uno corresponde a instancias distintas de gobierno, esa cooperación interministerial no existe.

Con respecto al perfeccionamiento del proceso de planificación anual, segunda prioridad, se vuelve a plantear más plan, solo que ahora a corto plazo. Se pretende una reforma de la planificación tradicional y dar entrada en el plan de los nuevos actores, para transitar hacia una nueva visión de la planificación socialista, durante el año 2022 se profundizará en una propuesta integral para el proceso de descentralización progresiva en el acceso a los principales recursos de la economía (divisas, combustibles, acero, cemento, entre otros).  El papel del ministerio en la conducción de los balances de demandas y capacidades, no en función de profundizar la asignación centralizada de recursos, sino como guía para la coherencia de los planes sectoriales y la capacidad de gestionar las principales restricciones que a corto plazo limitan el crecimiento de la economía, se refuerza y se erige como un aspecto relevante.

Con respecto al perfeccionamiento de la planificación territorial para un desarrollo económico y social sostenible, tercera prioridad, el punto de partida del desarrollo local y territorial es una idea errónea, por cuanto estas políticas tienen éxito cuando se aplican a una base económica ya preexistente a la que se dirigen y concentran los esfuerzos de las medidas. No es posible lograr desarrollo local con medidas. Pese a todo se insiste en que el plan territorial, que concibe tanto la subordinación local como el de las entidades enclavadas en los territorios, debe jugar un papel más activo como instrumento en el corto plazo que alinea las estrategias de Desarrollo Municipal, la Estrategia Económico y Social y el plan anual.  Más burocracia.

En cuanto a la eficiencia en el proceso inversionista, cuarta prioridad, el documento destaca que este es de los temas pendientes que requiere de nuevos métodos para alcanzar un mayor rendimiento de estas, desde el proceso de preparación hasta la medición de su impacto en el desarrollo económico y social del país, aplicando la ciencia y la innovación. Pero no es una cuestión de métodos, sino de asignación de recursos. En Cuba, donde la inversión privada es inexistente y toda recae en el Estado y sus presupuestos, la única forma que puede aumentar la inversión es a través de la reducción del gasto corriente. Ya tienen tarea. No es por medio de incentivos como se incrementa la inversión, y la idea de aumentar estudios de oportunidad y prefactibilidad, alargan y obstruyen de forma innecesaria el proceso.

Con respecto a la empresa estatal socialista, quinta prioridad, como sujeto principal del modelo, el documento señala que se debe continuar avanzando en las transformaciones, siendo necesario evaluar el impacto de las medidas que se han aplicado en la eficiencia y productividad, y con ello la asimilación de las normas relacionadas para otorgarle mayor autonomía. Pero no es autonomía lo que necesitan estas empresas, sino un marco jurídico más adecuado para ganar en solvencia, competitividad y productividad, es decir, funcionar mejor

Por cuanto se refiere a la conducción del proceso de creación de nuevos actores económicos y su inserción efectiva en la economía cubana, sexta prioridad. el documento señala que se continuará con el proceso de aprobación, para propiciar la conversión de los trabajadores por cuenta propia que contratan más de tres empleados, en Mipymes. Alrededor de 9 000. ¿Lo lograrán?

No está claro en las actuales condiciones. Un aspecto esencial es lograr la inserción efectiva de los nuevos actores en la economía. Para ello, la participación y vinculación de los territorios, así como de las empresas estatales es determinante. Es necesario desarrollar espacios de intercambio para que logren encadenarse, así como conocer las principales trabas que hoy enfrentan, con el objetivo de darles solución y que logren cumplir las actividades que les han sido aprobadas. Esos espacios no existen.

En cuanto a las funciones rectoras de los Organismos de la Administración Central del Estado con respecto a los nuevos actores, séptima prioridad, el documento señala que es necesario continuar insistiendo en el alcance de estas funciones para todos los sujetos, de manera especial el acceso a medios de transporte, sobre todo en el caso de las transportistas; el uso del suelo y otros espacios físicos, lo que no tiene hoy un desarrollo en la legislación; los procedimientos para acceder a la inversión extranjera y la colaboración internacional; la evaluación del asesoramiento jurídico; el acceso a las divisas y el papel de las instituciones bancarias en el financiamiento; la creación del Consejo Nacional de Actores, tal y como prevé el Decreto 49; trabajar en el diseño de las MIPYMES mixtas, así como crear mecanismos de capacitación. Más burocracia.

Se pretende aumentar el control del plan de la circulación mercantil minorista asegurando recursos por las potencialidades territoriales y locales. Debe garantizarse el cumplimiento de la estructura de las ventas en CUP y MLC, con el propósito de fortalecer el peso cubano en el sistema financiero del país en lo que ya es una aceptación oficial de la dualidad monetaria.

Por lo que respecta a la política de informatización de la sociedad, octava prioridad, el ministerio tiene diseñada su estrategia y está previsto implementar el sistema automatizado para la planificación y control de los portadores energéticos en plataformas de trabajo avanzadas, así como la segunda fase del sistema de inversiones. Más burocracia, esta vez interna.

Por último, con relación a asegurar un desempeño organizacional de acuerdo con las transformaciones en la conducción de la economía, novena prioridad, el documento señala que en el año 2022 confluyen procesos de planificación de importancia para el desarrollo económico y social del país, y teniendo en cuenta la implementación de nuevas funciones asignadas, se requiere asegurar un desempeño organizacional de acuerdo con las transformaciones en la conducción de la economía. Ni corto ni perezoso se lanzan a una reorganización del ministerio, con tres direcciones generales vinculadas a las principales actividades, una plantilla de 49 cuadros en su nivel central, cinco en la unidad de aseguramiento y servicios y seis en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, para un total de 60, la cual está cubierta al 92%. Más empleados y burocracia.

Las prioridades del documento de balance no sirven para dar de comer al pueblo y satisfacer sus necesidades. Este tipo de cosas pasan ya por intrascendentes, la única relevancia es la que les da la prensa estatal.

 

 

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