Cuba se precia en informes internacionales de tener muy pocos pobres: solo 16 482 habitantes en 2019 y 50 000 en 2021 en un país de 11,3 millones de personas. Sin embargo, la realidad está muy alejada de las cifras oficiales pues el Gobierno utiliza un índice a la medida que le permite ocultar el verdadero impacto de la pobreza en la Isla.
¿Cómo lo hace? El Gobierno emplea una medición de pobreza multifactorial que no considera los ingresos per cápita de la población, es decir, que en Cuba para decidir si alguien vive en pobreza no importan los ingresos que obtiene para cubrir sus necesidades básicas.
Las autoridades no usan —ni publican— la pobreza por ingreso per cápita justificándose en la existencia de cobertura universal de salud y educación. Sin embargo, países latinoamericanos como Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile —que también tienen cobertura universal de salud y educación— sí miden periódicamente y dan a conocer la pobreza por ingreso.
Durante la pandemia, la Isla ha sufrido la ausencia masiva de insumos médicos, medicinas, ambulancias.
Dicha medición es el método más empleado en el mundo para calcular el impacto de la pobreza en los países. El Banco Mundial considera que las personas viven en pobreza cuando tienen un ingreso menor a $1,9 diarios.
¿Cuántas personas viven en Cuba bajo ese umbral? Una encuesta no gubernamental a los hogares cubanos, realizada en junio-julio de 2021 y publicada en el portal Statista, indica que el 71,5% de las familias del país viven con menos de $117 al mes, cifra que colocaría a las familias de tres o más integrantes bajo el umbral de $1,9 diarios por persona. Dichos datos permiten afirmar que al menos 8 millones de cubanos viven en pobreza, es decir, entre el 70% y el 72% de la población. Las altas cifras de pobreza coinciden con otros estudios sobre el tema realizados, anteriormente, por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Tales números colocan a Cuba como el país con el porcentaje más alto de población pobre de la región, superando a Haití, donde el 60% de las personas viven con menos de $1,9 diarios.
Cuba es el único país de América que no publica periódicamente un índice de pobreza por ingresos, ni el salario mínimo, ni el costo de la canasta básica, y tampoco da a conocer el índice de desigualdad GINI o de Palma.
Desinformación estadística
En los informes oficiales de Cuba sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el 2019 y 2021, el Gobierno afirma que para construir su índice de pobreza multifactorial consideró el acceso a educación, salud, empleo, condiciones de vida y actividades culturales. Sin embargo, no explica el contenido de estos indicadores para el país, ni la manera en que se miden.
Esa falta de transparencia hace imposible saber si dentro de las “condiciones de vida” se miden factores que enfrentan problemas críticos en la Isla como salarios, pensiones, acceso al agua potable, energía eléctrica, vivienda, saneamiento público y fuentes de cocción de alimentos.
El índice cubano de pobreza multifactorial tampoco considera los problemas graves que enfrentan los sistemas de acceso universal a la salud y educación en la Isla. Entre ellos se pueden citar la indigencia material de hospitales y escuelas, en los que un día sí y el otro también hay problemas de acceso a insumos médicos, medicinas y materiales educativos.
Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la Isla ha sufrido la ausencia masiva de insumos médicos, medicinas, ambulancias, y durante tres meses se reportó la ausencia de oxígeno médico para los hospitalizados. Además, durante dos meses y medio no hubo pruebas PCR.
Tampoco valora la drástica caída de las remesas, que según un reporte de The Havana Consulting Group, bajaron un 54,14% en 2020. Además, según el centro de pensamiento Diálogo Interamericano en el 2019, año prepandemia, sólo el 26% de las familias cubanas recibieron remesas y el 60% de ellas llegó por vías informales.
Finalmente, en las estadísticas de empleo, uno de los factores incluído en el cálculo del índice de pobreza multifactorial del Gobierno, ocurre otra manipulación. Mientras la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) declaró un desempleo de 1,3% de la población económicamente activa (PEA) en el 2020, en realidad cerca del 35% de la población está desempleada. Ese porcentaje se obtiene al restarle a la PEA los ocupados y luego sumarle la cifra de desempleo oficial del Gobierno.
Es decir, hay una proporción de casi tres millones de personas que las fuentes oficiales contabilizan como “inactivas” cuando en realidad no tienen empleo. Entre esas personas “inactivas” se encuentran todos los trabajadores informales que no se contabilizan en la Isla y las amas de casa.
MARLENE AZOR HERNÁNDEZ(La Habana, 1956). Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México (2014). DEA en Sociología en la Universidad de París, VIII Saint-Denis, Francia (2001).
