Referendo en Uruguay: la iniciativa de Lacalle Pou se impuso en un reñido escrutinio

En el referendo se votó a favor de derogar o ratificar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue sancionada en 2020 y generó reformas en varias áreas, incluyendo educación, seguridad, trabajo, administración pública y finanzas.

Votó 85% de las más de 2,6 millones de personas que estaban habilitadas, informó la Corte Electoral. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró al Canal 5 de televisión que no se registraron incidentes y calificó la jornada como «ejemplar».

Las encuestas previas habían vaticinado una consulta de resultado ajustado que, además del futuro mismo de la iniciativa, aireará o erosionará lo que queda del mandato del Ejecutivo -tres años- y marcará al menos parte de la estrategia de la oposición.

Un triunfo del No significa, sin dudas, un espaldarazo para Lacalle Pou, quien podría animarse a impulsar otras reformas centrales en la estructura del Estado uruguayo.

Por eso los cinco partidos que integran la alianza de Gobierno pusieron a jugar en la campaña a sus principales dirigentes y el mismo mandatario se involucró, primero tímidamente y después de lleno, al punto que la campaña del No se cerró con una conferencia de prensa que él mismo encabezó.

Del lado del Sí, al Frente Amplio le queda –aún si el resultado fuera adverso- la satisfacción de haber podido mostrar un enorme poder de presencia territorial, una movilización notoria aún en tiempos de pandemia y una revitalización que, incluso, atravesó su proceso de renovación de autoridades.

Por la complejidad de lo que se vota se trató de una campaña atípica: hubo que explicar el contenido de decena de artículos de una ley extensa.

Por eso más que de grandes actos, se trató de una tarea cara a cara, de concientización en pequeños encuentros, de mucha presencia en medios y de charlas-debates en los ámbitos en los que se pudiese.

La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501.

Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados, establece la figura de la «apariencia delictiva» y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos según sus detractores.

Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.

Desde la restauración democrática en Uruguay, en 1985, apenas 13 proyectos de ley fueron enviados al Legislativo con esa declaratoria de urgente consideración: 9 fueron aprobados y 4 rechazados, pero solo 3 de esas iniciativas eran de la categoría «ley ómnibus».

Además del PIT-CNT y el Frente Amplio, la Comisión por el Sí reúne a la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU), la Intersocial Feminista, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), las Intersociales de Salto, Carmelo, Rivera, Soriano, Artigas, Costa de Oro, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres y Fray Bentos; Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).