Otra investigación sobre un hijo del presidente (y nada pasa)
Ninguno había trabajado antes en gobierno, hasta 2018, cuando el papá de su amigo llegó a la Presidencia.
Puedes demostrar que amigos del hijo del presidente tienen puestos en el gobierno sin cumplir con el perfil. Puede ser un escándalo, puede ser la nota más leída, pero… no pasa nada. Quienes están en el poder hacen lo que quieran, porque pueden, porque no hay consecuencias. Gobierno tras gobierno lo hemos visto y en este no es la excepción.
Hace un par de semanas publicamos en Animal Político que al menos ocho amigos de Gonzalo López Beltrán, el hijo menor del presidente López Obrador, consiguieron su primer empleo en gobierno como directivos aún sin estar titulados o sin tener las carreras solicitadas para el puesto o cumplir con los años de experiencia profesional en las áreas que dirigen.
Todos los ahora funcionarios han mantenido amistad con Gonzalo por al menos dos décadas, desde que fueron compañeros en la escuela Logos, donde estudiaron la secundaria y el bachillerato. Ninguno había trabajado antes en gobierno, hasta 2018, cuando el papá de su amigo llegó a la presidencia.
Todos tenían experiencia apenas en dos o tres trabajos, aunque sin relación con los puestos que ahora ocupan, pero por los que tienen salarios mensuales que van de los 50 mil a los 141 mil pesos brutos.
Se trata de Hernando Peniche Montfort, coordinador general de Enlace Educativo de la SEP; Claudio Frausto Lara, director de Evaluación de Políticas para el Control de la Movilidad Humana en Segob; Pablo Dalí García Martínez, director de área en la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia.
Daniel Ahumada Durán, subdirector de área en la Unidad de Administración y Finanzas en la SEP; Fernando Jesús Piña Uribe es director ejecutivo de Comercialización del Indep; María Guadalupe Morales Garza, analista especializada en la Coordinación Técnica de Vivienda de Fonatur Infraestructura; Javier Reséndiz García, director de área en la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, y Aura Regina Moreno Vargas, que trabajó en Presidencia por dos años en la Coordinación General de Política y Gobierno.
La nota fue retomada por medios de distintos estados del país, generó mucha interacción en Twitter, cierta indignación de algunos, ofensas hacia mí y descalificación a la investigación, argumentando que no había pruebas. Por eso aprovecho también este espacio para hacer una breve exposición de la metodología (sí, el periodismo siempre tiene metodología).
Con los nombres y fotografías del grupo de amigos de Gonzalo López Obrador, los busqué en fuentes públicas primero para corroborar que efectivamente fueran funcionarios.
Gracias a las leyes sobre rendición de cuentas y transparencia existen obligaciones para los funcionarios, como publicar su currículum y declaración patrimonial y fuentes públicas para consultarlos, como Declaranet y la Plataforma Nacional de Transparencia. Busqué a cada uno en ellas y comencé a sistematizar información: datos de sus estudios, carreras, titulación o no, trabajos anteriores y sus periodos.
Luego, para saber el perfil del puesto, también hay otra fuente pública: el RHNet, de la Secretaría de la Función Pública, donde se puede consultar la “estructura” de cada una de las dependencias federales y de cada uno de los puestos existe la descripción del perfil: carrera relacionada, áreas y años de experiencia solicitadas.
Con todo ello pude comprobar que su experiencia en atención a clientes, diseño de stands, maestro, auxiliar administrativo o en ingeniería automotriz no tenían nada que ver con el perfil del puesto que ocupaban y que (por ley) deberían haber cumplido para ser contratados.
Aun con esa evidencia no solo todos siguen en sus puestos, sino que ninguno quiso responder cuando los busqué una semana antes de publicar, y tampoco hubo la más mínima reacción de su parte ni de las dependencias donde trabajan tras la publicación.
Pero lo peor es que no hay ni una sola investigación en curso por parte de la Secretaría de la Función Pública y los respectivos órganos internos de control de cada dependencia para descartar cualquier ilegalidad, como tráfico de influencias.
¿Por qué esto debería importarnos? Si alguien ineficiente no cumple con su tarea en gobierno no solo se trata del salario pagado con recursos públicos, sino de las consecuencias de una posible ineficacia, y eso terminará impactando a algún ciudadano. Ese es el punto.
Permitir que alguien ocupe un puesto público para el que no esté capacitado también es corrupción. Pero, como siempre, sin importar el tamaño del caso de corrupción del círculo cercano al poder, nada pasa.
El presidente López Obrador prometió que en su gobierno barrerían las escaleras de la corrupción desde arriba. Que no permitiría actos indebidos ni de su familia (aunque ya vimos a Pío López Obrador recibir sobres amarillos con fajos de dinero), que por el único que respondería sería por su hijo menor de edad (pero ya vimos la casa gris de José Ramón López Obrador).
El presidente también prometió que sus hijos no trabajarían en gobierno, aunque eso sí lo cumplió. Gonzalo no trabaja en gobierno, lo hacen sus amigos.