Régimen impone un proceso electoral exprés en Nicaragua

Los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobaron este jueves una reforma a la Ley 331 o Ley Electoral, con la cual establecen un proceso electoral exprés, con menos Juntas Receptoras de Votos (JRV), una campaña electoral de 20 días y Consejos Electorales conformados en solo cinco días.

Los cambios a la Ley Electoral, propuestos por la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, establecen “un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones” de la sociedad civil y organizaciones internacionales, advirtió el observatorio Urnas Abiertas. No obstante, fueron aprobados sin objeciones.

La reforma, que fue consultada únicamente con la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), y representantes de los partidos políticos que participaron en las votaciones pasadas, sugiere cambiar los artículos 16,21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley Electoral”.

Para Urnas Abiertas “ninguno” de los cambios realizados sugieren “reformas de fondo” que contribuyan a mejorar la transparencia o la integridad general del sistema electoral, “como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente”.

Durante las elecciones generales de 2021, Urnas Abiertas fue la única organización de la sociedad civil que pudo observar las votaciones, pese al rechazo del régimen de Daniel Ortega a todos los organismos de observación electoral. Por esa razón, el organismo reiteró que “Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo”, pero “las condiciones para tener dicho proceso pasan por recuperar las libertades fundamentales” de los nicaragüenses.

Disminuir tiempo “no es prioridad”

En la reforma al artículo 16 se reduce de quince a cinco días, el tiempo establecido para que los partidos políticos presenten ternas para los Consejos Electorales Departamentales (CED), Consejos Electorales Municipales (CEM) y Consejos Electorales Regionales (CER). Lo que, a juicio de Urnas Abiertas, “evita la fiscalización ciudadana” por la rapidez con la que se pretende realizar.

“La reforma indica que si los partidos no presentan la terna en el tiempo previsto el Consejo Supremo Electoral podrá nombrarlos de oficio. Esta reducción de tiempo limita a los partidos políticos autonombrados opositores y beneficia al oficialismo, que controla al CSE, ya que impide cada vez más la posibilidad de que quienes integren los Consejos o las mesas electorales sean neutrales o independientes y, más bien aumenta el control partidario sobre todo el proceso electoral”, dice el análisis de la organización.

Para Urnas Abiertas, en este punto lo que se necesita es evitar que las funciones de los CED, CEM o CER sean “usurpados por secretarios políticos, alcaldes u otros operadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como ocurrió en las elecciones presidenciales”; hacer más transparente la elección de estos funcionarios y “no aceptar miembros con falsas membresías que usurpan la identidad de otra organizaciones partidarias”.

Reducción de la campaña electoral

Otro cambio realizado en el artículo 74, fue la reducción de 42 a 20 días al período de campaña electoral, en caso de votaciones municipales, y 30 días para elecciones presidenciales, sobre el cual no se plantea justificación y tampoco se brinda información transparente.

“La reducción de la campaña electoral, en un proceso bajo condiciones normales, podría restringir a la ciudadanía la oportunidad de conocer el plan de gobierno, los perfiles de los candidatos, los programas políticos, sociales y económicos propuestos por las futuras autoridades locales y la búsqueda del voto popular”, explicó el organismo.

Sin embargo, desde hace cuatro años Nicaragua se encuentra inmersa en una profunda crisis sociopolítica, por lo que esta reforma electoral “limita una vez más la posibilidad de la manifestación pública, derecho que el año pasado ya se vio limitado por las facultades que se le dieron a la Policía Nacional de autorizar o no los permisos a actividades partidarias”, precisó Urnas Abiertas.

Diputados solo ven reducción de costos

El dictamen de la Comisión Especial de Carácter Constitucional —que fue creada el martes pasado para analizar la iniciativa de reforma— indicó que “es preciso adecuar la organización técnica-administrativa de los procesos electorales”, y que esta reforma “agilizará el funcionamiento administrativo de las Juntas Receptoras de Votos”, mediante la reducción de los mismos.

Los legisladores también estuvieron de acuerdo con “la simplificación de los plazos de duración de la campaña electoral por estar acorde a las legislaciones modernas, lo que también significa una medida coherente con la preservación del medioambiente en tanto implica menor uso de propaganda física que genera gran cantidad de residuos”, dice el dictamen.

Además, la reforma electoral “permitirá al Estado de Nicaragua y a los partidos políticos reducir los costos de operación y organización durante los procesos electorales en general”, subraya el dictamen.

Confirman bajos niveles de participación

La reforma, además, amplió el número de electores por cada Centro de Votación, al pasar de 400 a 600 electores por Junta Receptora de Votos (JRV). Medida que, en otras democracias, se toma cuando existen altos niveles de abstencionismo.

“Desde nuestro criterio esta reforma confirma lo que registramos en 2021, junto a otras redes ciudadanas, 8 de cada 10 nicaragüenses habilitados para votar se quedaron en casa”, enfatizó Urnas Abiertas.

Por otro lado, el organismo recordó que para lograr un proceso electoral legítimo, íntegro y creíble se necesitan condiciones democráticas adecuadas, “una reforma unilateral no resolverá la grave crisis política, institucional y de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua”, concluyó.