Castillo y su improbable reforma constitucional en Perú
El 27 de abril, pocos días después de un sorpresivo anuncio presidencial en el Cusco, el Ejecutivo peruano presentó el proyecto para modificar la Constitución, incorporando la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente para su elaboración y aprobación. Para ello, establece que «la iniciativa de convocatoria de referéndum para la elección de miembros de la Asamblea Constituyente corresponde al presidente de la República”, a 87 de los 130 congresistas o a poco más de 74.000 ciudadanos.
El Gobierno propone que el referéndum se celebre el 2 de octubre, fecha programada para las elecciones sub-nacionales, que el propio presidente convocó hace cuatro meses. La Asamblea Constituyente estaría conformada por 130 miembros, de carácter popular, plurinacional y con paridad de género. Propone que esté integrado por un 40% de representantes de organizaciones políticas inscritas, un 30% de candidatos o candidatas independientes, el 26% de representantes de pueblos indígenas y el 4% restante por representantes de los pueblos afro-peruanos. La elección se realizará por distrito electoral múltiple.
El proyecto de reforma constitucional ha tomado a todos por sorpresa. Si bien la Asamblea Constituyente fue una de sus propuestas de campaña, habían pasado nueve meses sin que se hubiera presentado la iniciativa legislativa. Al contrario, en reiteradas ocasiones el Gobierno, a través de sus ministros, había señalado que no era una prioridad. Dos semanas antes había presentado la reforma de un artículo del régimen económico y, meses antes, otras dos reformas constitucionales parciales.
El anuncio se produce en un contexto de incremento de conflictos sociales reportado por la Defensoría del Pueblo, así como de protestas por el alza de los precios. Pedro Castillo afronta denuncias por corrupción y cargos por la falta de idoneidad en la designación de algunos miembros de sus gabinetes, actos que han debilitado la institucionalidad del Estado peruano, entre otros problemas. Como consecuencia, el presidente registra bajos niveles de aprobación: según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, un promedio del 25%, siendo menor en Lima (13%). La desaprobación de Castillo es mayor a la aprobación en todo el país y en todos los niveles socioeconómicos. Se trata de los niveles más bajos, en periodos similares, observados entre 2001-2022. Sólo un 27% cree que Castillo debe continuar como presidente hasta 2026.
¿Puede ser la Asamblea Constituyente una estrategia para buscar un respaldo mayor? El presidente requiere del apoyo de su bancada para mantenerse en el poder, pues con 87 votos puede ser vacado en el cargo por la causal de incapacidad moral permanente. Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, ha señalado que el descontento popular se ha incrementado y le ha recomendado al presidente que dé al pueblo un motivo de lucha para que lo respalde.
La semana que termina se han celebrado sesiones del Consejo de Ministros en distintas provincias del país, promoviendo el referéndum para la Asamblea Constituyente «para que sean consultados los ciudadanos de a pie, los que no tienen agua ni luz, los que reclaman derechos como una carretera o una educación de calidad«. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de Ipsos, sólo un 7% considera prioritario este proyecto de reforma constitucional; más bien señalan otras demandas como lucha contra la inseguridad ciudadana (43%), la lucha contra la corrupción (42%), la generación de empleo (33%), la reducción de la pobreza o el control de la inflación (ambos, un 25%), entre otros. Ninguna de estas demandas parece tener relación con un momento constituyente.
¿Cuál es el trámite que seguirá el proyecto de reforma constitucional?
El proyecto debe ser debatido en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. De no contar con la mayoría de los votos, será archivado. En caso de lograr un dictamen favorable, deberá contar con el apoyo de dos tercios de los congresistas, en dos legislaturas sucesivas, o 66 votos, y ratificarse por referéndum.
Es poco probable que el dictamen se apruebe. El Congreso está fragmentado en nueve grupos parlamentarios, pero para las decisiones políticas puede dividirse en tres partes. El Ejecutivo cuenta con el apoyo de un tercio de los congresistas, lo que le ha permitido salvar algunas votaciones (como dos mociones de vacancia por incapacidad moral permanente) aunque difícilmente le sirvan para aprobar esta reforma constitucional. Si el proyecto es archivado, no puede llevarse a referéndum aunque reúna firmas ciudadanas, pues la reforma constitucional para incorporar la Asamblea Constituyente exige que se cumpla con el procedimiento descrito.
Otras iniciativas de reforma constitucional han removido el ambiente político esta semana. En el debate público sobre la inestabilidad política que atraviesa el país surgió el planteamiento del anticipo de elecciones generales con el consecuente recorte de mandato del presidente, vicepresidentes y congresistas. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, esta iniciativa cuenta con el apoyo del 61%. Dos proyectos de reforma constitucional plantearon esta alternativa, que deberá debatir la misma Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.
Por ahora, no parece que se vaya a tramitar ninguna reforma constitucional.
