Los puertorriqueños no debemos ser tratados como ciudadanos de segunda clase
Credit…Gabriella N. Báez
Es la directora de Centro, el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, y profesora de antropología en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Cuando yo era niña en los años ochenta, mi madre, Abigail, sufría de ataques de asma severos que la llevaban constantemente a la sala de emergencias. Su salud acabó deteriorándose al punto de tener que dejar su trabajo de maestra. Al mismo tiempo, ella y mi papá se separaron y ella no sabía cómo iba a poder mantener el hogar, siendo una madre soltera con una enfermedad crónica. Un día una asistente social del hospital le dijo que podría ser elegible para un programa llamado Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por su sigla en inglés), que brinda pagos mensuales en efectivo a personas mayores, ciegas o discapacitadas con ingresos y recursos limitados.
Pero había un problema: mi madre residía en Puerto Rico, donde esos beneficios no están disponibles para los residentes que son ciudadanos estadounidenses. La asistente social sugirió que nos trasladáramos a un estado de Estados Unidos, donde había un mayor acceso a la asistencia federal y también un cambio de clima que podría beneficiarla. Unos meses después, hicimos las maletas y nos mudamos a Topeka, Kansas, donde vivía un amigo de la infancia de mi mamá que nos asistió para que ella pudiera recibir los beneficios que tanto necesitaba.
Nuestra historia no es inusual. Cuarenta años más tarde, los puertorriqueños aún no pueden acceder a la misma red de seguridad social que otros ciudadanos estadounidenses. Esta situación se ha tornado más crítica debido a las políticas de austeridad que han llevado a mayores recortes en la educación especial y los servicios sociales. Cada día más personas con discapacidades o que cuidan niños con necesidades especiales se ven obligadas a mudarse a uno de los 50 estados para recibir ayudas a la cuales deberían tener derecho como ciudadanas.
La Corte Suprema de Estados Unidos pudo haber terminado con esta disparidad el mes pasado. En cambio, reafirmó que el Congreso tiene derecho a negarle beneficios a los residentes de Puerto Rico. Aunque desalentador, esta decisión no es sorprendente. La corte utilizó la misma lógica racista que por más de un siglo se ha utilizado para justificar una ciudadanía de segunda clase a los puertorriqueños.
El caso bajo consideración por la corte se centró en José Luis Vaello-Madero, un exresidente de Nueva York que en 2013 se mudó a Puerto Rico para cuidar a su pareja enferma. Vaello-Madero continuó recibiendo los pagos del SSI, pero cuando la Administración del Seguro Social supo que se había mudado, suspendió sus beneficios y lo demandó por los 28.000 dólares que recibió mientras residía en Puerto Rico. Vaello-Madero presentó una contrademanda por discriminación y ganó en una corte de distrito, pero el gobierno federal apeló y el caso llegó a la Corte Suprema, donde se revocó la decisión inicial.
Los magistrados determinaron que la cláusula sobre protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos no garantiza un trato igual para los ciudadanos estadounidenses que viven en un territorio. Se utilizó como justificación el hecho de que los puertorriqueños no pagan algunos impuestos federales. “Así como no todos los impuestos federales se extienden a los residentes de Puerto Rico, tampoco todos los programas de beneficios federales se extienden a los residentes de Puerto Rico”, argumentó el juez Brett Kavanaugh.
No existe, sin embargo, una relación directa entre el pago de impuestos y la elegibilidad a programas federales, ya que muchos beneficiarios del SSI no ganan lo suficiente como para pagar impuestos federales sobre ingresos. Es más, el programa —que ya incluye a los residentes de las Islas Marianas del Norte, quienes también están exentos de los impuestos federales sobre el ingreso— podría simplemente reformarse para incluir a los residentes de Puerto Rico.
La verdadera pregunta no es si los puertorriqueños deberían o no pagar impuestos o si deben tener acceso a beneficios por discapacidad, derecho al voto o cualquier otro derecho individual o asistencia. La verdadera pregunta es si Estados Unidos debe continuar tratando a Puerto Rico como una colonia, decidiendo de manera arbitraria el futuro de sus residentes mientras le niega tanto la soberanía como la democracia.
Originalmente todos los territorios adquiridos por Estados Unidos, sobre todo a través de la expansión hacia el occidente, se incorporaban con el tiempo como estados dentro de la federación estadounidense, con plenos derechos y deberes. Esto cambió luego de la Guerra hispano-estadounidense, cuando Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico, Filipinas, Guam y otras islas.
En una serie de casos presentados ante la Corte Suprema que se resolvieron a principios del siglo XX —conocidos como los Casos insulares—, juristas y profesores de derecho de la época argumentaron que Puerto Rico y otros territorios recién adquiridos estaban “habitados por razas extranjeras” que eran demasiado distintas cultural y étnicamente como para ser gobernadas por “principios anglosajones”. La corte creó la categoría de “territorios no incorporados” para justificar la aplicación desigual de los derechos constitucionales en esos lugares. Desde entonces, el Congreso ha utilizado esta distinción para justificar la denegación de beneficios a los puertorriqueños.
La decisión en el caso de Vaello-Madero confirma que el gobierno federal puede seguir discriminando contra los ciudadanos estadounidenses con base en su lugar de residencia. El juez Neil Gorsuch dedicó su opinión concurrente a la historia de los Casos insulares y pidió que se desestimaran. Argumentó que “no tienen fundamento en la Constitución y, más bien, se basan en estereotipos raciales”.
Sin duda ya es hora de derogar estos precedentes racistas y xenófobos, pero aun si los Casos insulares fueran derogados, esto no prevendría que se utilicen otros argumentos para seguir negándole beneficios y derechos a los puertorriqueños y residentes de los otros territorios no incorporados de Estados Unidos. Lo que hay que atender entonces es la categoría misma de la “no-incorporación”, la cual es poco más que una justificación para el colonialismo.
Actualmente hay dos proyectos de ley que buscan terminar con el estatus colonial de Puerto Rico estancados en el Congreso. La Ley de Admisión de Puerto Rico, presentada por el representante Darren Soto y Jenniffer González-Colón, representante de Puerto Rico sin derecho al voto en el Congreso, llevaría a una votación inmediata y vinculante sobre la estadidad. El otro proyecto de ley, conocido como la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico, impulsado por las representantes Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Robert Menendez, abriría un proceso más largo de discusión, deliberación y, lo que es más importante, educación sobre las opciones políticas para Puerto Rico. Actualmente se está considerando un tercer proyecto que busca armonizar estas propuestas.
Si se llegara a aprobar alguno de estos proyectos, sería la primera vez que los puertorriqueños tendrían la posibilidad de participar en un verdadero proceso democrático que aborde la descolonización. Hasta ahora, solo se nos han presentado papeletas simbólicas sin ningún vínculo a un proyecto de ley.
La descolonización no es solo cuestión de que los puertorriqueños descifren sus opciones políticas, sino también requiere que Estados Unidos dejé de ocultar y maquillar su historia imperial. Hoy, la mayoría de los estadounidenses saben muy poco sobre los detalles de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. De hecho, muchas personas no saben que Estados Unidos es una federación de estados y territorios, así como repúblicas asociadas y naciones indígenas.
Aunque no se reconozca, el colonialismo está profundamente arraigado en las instituciones estadounidenses. Esto impacta no solo las decisiones de los jueces de la Corte Suprema, sino también las decisiones que día a día se ven obligados a tomar los puertorriqueños en busca de una vida digna. Hoy en día muchos confrontan la misma decisión difícil que enfrentó mi madre, al verse obligados a escoger entre su tierra natal, sus amigos y lazos familiares y la atención médica que tanto necesitan y a la cual deberían tener todo el derecho.
Como argumentó la jueza Sonia Sotomayor en su opinión disidente, el acceso a la atención médica y el apoyo para las personas con discapacidad no debería ser una cuestión de política sino una cuestión de derechos humanos fundamentales, así como lo es la autodeterminación.
Yarimar Bonilla (@yarimarbonilla) es directora del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, y profesora de antropología en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es coeditora de Las réplicas del desastre: Puerto Rico antes y después del huracán María.