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El castigo de EE.UU. persiste

La Administración Biden no solo no ha levantado aún los aranceles que impuso Trump a productos y negocios españoles, sino que ahora los amplía. Sánchez no gana para disgustos

A pesar de que el Gobierno de Estados Unidos ha excluido a Cuba y Venezuela de la Cumbre de las Américas, lo cierto es que Joe Biden está abriendo caminos de negociación con ambas dictaduras, con decisiones y consecuencias que afectan a España. La Cumbre de las Américas fue impulsada en 1994 por Estados Unidos como reverso de las cumbres iberoamericanas convocadas por España y para apoyar a los gobiernos democráticos de la región. Por eso, la ausencia de Caracas y La Habana, representantes de dos gobiernos dictatoriales, no es ajena a los principios de esta organización.

Sin embargo, en el plano bilateral, Biden está imprimiendo claramente un giro a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, movido, sin duda, más por las necesidades del momento que por la convicción de que el líder bolivariano quiera democratizar el país.

Y el momento está marcado por la invasión criminal de Ucrania por Rusia y su repercusión negativa en el suministro de gas y petróleo a los países industrializados. Un buen indicio de que algo empieza a cambiar es la autorización que ha dado Washington a empresas europeas, como Eni y Repsol, para que de forma limitada distribuyan petróleo venezolano en Europa. La extensión de la influencia china sobre Iberoamérica también anima a Estados Unidos a cambios en su política de sanciones, cambios que llegan también a Cuba.

Paralelamente a estos movimientos diplomáticos en la región, España, amablemente invitada a la Cumbre de Los Ángeles, sigue sin encontrar acomodo en la diplomacia de Estados Unidos. Mientras Biden practica la zanahoria con Maduro, aplica el palo a nuestro país en política de aranceles, porque no solo no levanta los que impuso Donald Trump al aceite de oliva o las aceitunas, sino que añadió otros nuevos a las empresas eólicas y, recientemente, a los champiñones enlatados.

A primera vista y en términos cuantitativos, podría parecer poco significativo este nuevo arancel, pero al margen de su impacto negativo en el sector industrial sobre el que recae, entraña una manifestación más de la desconfianza de Washington hacia nuestro país. Es otra que se une a la exclusión del Gobierno español de las rondas de comunicaciones que hace Washington sobre la guerra en Ucrania, o a las dificultades de Sánchez para ser recibido en condiciones, no a la carrera en un pasillo, por el presidente de los Estados Unidos. Los asesores de Pedro Sánchez no saben aún si tendrá o no un encuentro bilateral con Biden en la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en España, razón suficiente para tener despejada esa incógnita que afecta al país anfitrión.

A pesar de las afinidades –supuestas afinidades– ideológicas entre Sánchez y Biden, las relaciones entre Estados Unidos y España siguen sin recuperar el nivel de confianza que debería existir entre socios económicos, políticos y militares. Desde el agravio de Rodríguez Zapatero a la bandera de Estados Unidos y sus veleidades de ‘no alineado’ con aquella inefable Alianza de Civilizaciones, los gobiernos socialistas mantienen a España en una segunda división inaceptable de la diplomacia mundial y en un nivel casi marginal en el interés de Washington.

Así es muy difícil que los intereses de las multinacionales españolas se vean respaldados eficazmente en el tablero internacional, cuando en él se ejecutan movimientos estratégicos que España observa como un espectador pasivo. Estas situaciones siempre responden a unas causas definidas, más aún cuando permanecen inalteradas a pesar del cambio de administración en Washington. Quizá tener ministros comunistas y aliados prorrusos no sea buena carta de presentación para Pedro Sánchez.

 

 

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