El malestar crece en Cuba un año después de las protestas del 11-J

Si preguntas hoy en las calles de Cuba, la mayoría te responderá lo mismo: las penurias, el malestar social y el deterioro extraordinario de las condiciones de vida que motivaron el estallido del 11 y 12 de julio del año pasado no solo se mantienen, sino que se han agravado en los últimos 12 meses. “La situación está peor que antes”, resume uno de los jóvenes que participó en las históricas protestas que sacudieron la isla hace un año, las mayores en 62 años de revolución. “En aquel momento los apagones apenas comenzaban, hoy son ya de 10 y 12 horas diarias en el interior del país. Las colas siguen siendo insufribles y el desabastecimiento es brutal. La mayor parte de la población no tiene acceso a dólares y en los únicos comercios que se encuentra algo que merezca la pena es en las tiendas de divisas. En la calle el cambio está ya a 1 dólar por 110 pesos cubanos”, dice.

Y continúa con el rosario de calamidades: “Si te enfermas no hay medicinas y la inflación no se sabe adónde va a llegar, el salario ya no le alcanza a nadie. La pensión máxima de jubilación en Cuba son 1.500 pesos mensuales, el salario mínimo 2.100 y un médico gana 5.000; por la libreta de racionamiento cada vez llegan menos productos, y en el mercado negro una libra de arroz cuesta 70 pesos [antes 25], un litro de aceite 700 y un cartón de huevos, que antes costaba 300, puede llegar a 1.200. Un kilo de leche en polvo, que no se encuentra, está en 1.500. No hay ni azúcar. La gente está al límite”.

El muchacho fue detenido el 11-Jy liberado días después con una medida cautelar, que le obliga a ir a firmar cada mes en una unidad policial, así que prefiere no dar su identidad. Pero habla claro: “Un año después esto es una olla de presión. La gente no da más, es demasiado, y lo peor es que no hay esperanza de que la cosa mejore. Por eso el que puede se marcha”. Su cruda percepción es compartida por muchos cubanos de a pie, pero también economistas y analistas consultados opinan que la situación es crítica.

“Se mantiene el deterioro de los indicadores que fueron fundamentales para el descontento de ese momento, precios muy altos, apagones, pérdida drástica del poder adquisitivo de los salarios. Como fenómeno nuevo hay una salida masiva del país del segmento más joven: 140.000 cubanos han abandonado el país en ocho meses, es el mayor éxodo en 62 años de revolución, y ese flujo no parece que vaya a bajar, las condiciones están más complicadas que el año pasado.”, asegura el economista Omar Everleny, que pone un ejemplo muy gráfico: “La última zafra azucarera ha sido la peor en más de un siglo, ni si quiera alcanzó para garantizar el consumo interno”.

Del mismo criterio es Ricardo Torres, también economista, que ve que “a corto plazo es improbable una mejoría notable de la situación económica”. Considera que “el problema de fondo radica en que la severa crisis actual tiene que ver con los problemas estructurales que aquejan a la isla por décadas. El último ciclo adverso se inició en 2016, o sea, han pasado seis años en los que se ha deteriorado notablemente el nivel de vida de los cubanos”. La población esta agotada y hay factores, como el demográfico, que son cada vez más preocupantes, señala. Al envejecimiento de la población –más del 20% de los cubanos tienen más de 60 años-, hay que sumar que “a Cuba se le escapan a raudales sus jóvenes, es decir, su futuro. El porvenir del país se ha hipotecado peligrosamente, y esto solo puede desembocar en más inestabilidad política y social”.

Excepto en los discursos oficiales, el pesimismo es general, la gente no ve la luz por ningún lado, indica la historiadora Alina Bárbara López, coordinadora del portal La Joven Cuba. Hablar de “lo mala que está la cosa” se ha convertido en el gris monotema cuando se reúnen familias o amigos, pesa como un fardo. Dice que en los últimos tiempos han aumentado “las protestas en pequeños pueblos y municipios del interior ante los molestos cortes de electricidad, los cacerolazos y las declaraciones de personas, entre ellas madres con hijos menores, que se quejan por hambre; unido a ello, la enorme sangría demográfica que indica un éxodo masivo, en muchos casos de familias enteras, muestran una presión social sin precedentes de al menos dos generaciones que nacieron y han vivido en medio de crecientes penurias”.

El control de la pandemia –gracias a un esquema basado en el desarrollo exitoso de varias vacunas cubanas-, el inicio de una lenta recuperación del turismo y la reanudación de los vuelos de EEUU y las remesas –una de las pocas medidas flexibilizadoras de la administración Biden- ha dado un poco de alivio. Pero es insuficiente, consideran los analistas. La aprobación el año pasado de las pequeñas y medianas empresas privadas fue algo positivo –ya han sido autorizadas más de 4.000-, pero hay que eliminar las trabas que todavía lastran su funcionamiento, indica Everleny. “Ya no valen cambios cosméticos, hacen falta cambios económicos radicales”, asegura, y su criterio es compartido.

Los testimonios de la gente en las redes sociales cada vez son más tremendos, señala Alina Bárbara. Una mujer de un pueblo cercano a La Habana escribía: “Más allá de ideas políticas la apremiante realidad se impone. Anoche en mi pueblo se vivió una situación muy tensa. La corriente se nos había ido a las 6 de la tarde… Todo tranquilo hasta que me despertó alrededor de las 11 mucha bulla. Era sonido de calderos, muchos y cerca de mi casa. Se fueron sumando más y hubo expresiones que son de desesperación: tenemos calor coj…, esto no hay quien lo aguante… Me puse nerviosa, no son antisociales, no son gente mala, son mis vecinos reaccionando ante una situación que desespera. Por supuesto, no sé quiénes fueron, pero quienes hayan sido ya están saliendo para sus trabajos. Son gente que construye pero están siendo agredidos por una realidad que los sobrepasa. Las redes sociales se volvieron un hormiguero de opiniones y quejas: madres clamando porque sus niños no podían dormir y al día siguiente van a la escuela temprano. Hubo un momento en que pensé que iba a pasar algo más delicado porque se escucharon frases en contra del presidente del país…”.

Este malestar es el mismo que hace un año provocó que decenas de miles de personas salieran a las calles de más de 60 ciudades y pueblos de Cuba a protestar. Muchas de las manifestaciones fueron pacíficas, pero hubo otras que derivaron en hechos violentos y se saldaron con más de mil detenidos y un manifestante muerto por disparos de la policía. Según fuentes oficiales cubanas, 790 personas, en su mayoría jóvenes, fueron llevadas a los tribunales (55 de ellas de 16 y 17 años). Más de 600 han sido condenadas ya a severas penas, en decenas de casos a más de 20 años de cárcel por sedición. “El Gobierno nunca reconoció que se trató de un estallido social, pero es lo que fue. Es falso que la mayoría fueran delincuentes o antisociales”, asegura Alina Bárbara.

El diario oficial Granma publicó el sábado unas declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una reciente reunión con escritores y artistas cubanos. “El socialismo nos salvó ante la pandemia, el socialismo venció al intento de golpe vandálico, y lo que realmente nosotros vamos a festejar, como un primer aniversario el 11 de julio, es que el pueblo cubano y la Revolución Cubana desmontaron un golpe de Estado vandálico. Estoy convencido de que, defendiendo el socialismo, superaremos la dura situación actual y venceremos a los imperialistas”. En un artículo, ese mismo día Granma acusó directamente a EE UU de lo sucedido entonces: “Los acontecimientos del 11 de julio formaban parte deun plan mayor de la Casa Blanca, que incluía pasar a acciones más severas contra Cuba… Se trataba de una verdadera terapia de shock dirigida a desalentar cualquier resolución de resistencia y a quebrar la fe de los cubanos… Fueron acciones tramadas y pagadas desde Washington, que contaron con alta tecnología. Los contrarrevolucionarios actuaron aprovechando el descontento causado por los apagones, la escasez y el temor ante el incremento de los casos de la covid-19″.

Al jurista Julio Fernández Estrada, que a comienzos de este año abandonó la isla, lo que más le inquieta es que “partido, Estado y Gobierno ofrecen la misma salida ante la crítica y la oposición, incluida la de izquierdas: es una respuesta puramente represiva, no hay un espíritu conciliatorio, no se está abierto al dialogo. A todos los que participaron en las protestas del 11-J se les considera hordas, vándalos, salvajes… No hay un Estado entendiendo y procesando situaciones de empeoramiento de la vida material y espiritual de un pueblo, sino simplemente reaccionando represivamente a ello”. A su juicio, en el último año ha habido un agravamiento de “la situación jurídica”. A la desmedida violencia policial del 11-J, dice, “siguió todavía algo peor: la represión jurídica”. Las condenas contra los manifestantes fueron desmedidas y ejemplarizantes con el propósito de desincentivar “cualquier tipo de ánimo contrario al gobierno y los hechos levantiscos de la sociedad cubana desde 2020 en adelante”.

Para el Gobierno cubano, la causa principal de sus males es el embargo norteamericano, con el que EE UU busca agravar las penurias en la isla para que todo estalle. Hasta los más críticos admiten que la política de presión de Washington –el sábado se anunciaron nuevas sanciones contra 28 funcionarios cubanos- es la peor posible para contribuir a una solución. Pero ya que esa política no parece que vaya a cambiar, afirman los economistas, es en Cuba donde se deben realizar los cambios drásticos que el país necesita para avanzar y que la gente tenga esperanzas en el futuro, algo que muchos han perdido ya. “La situación es muy agobiante para una parte significativa de la población que vive del salario o jubilación y no tiene acceso a remesas”, destacan Everleny y los investigadores consultados.

Estos días en las calles de Cuba se observa calma. Pero, señala Alina Bárbara, “es natural preguntarse cómo es posible que no se haya producido otro estallido social en Cuba”. En tal sentido, afirma, “hay que tomar en cuenta que durante todo un año el Estado se ha blindado con un nuevo Código Penal, que instituye un ambiente de enorme coacción e intenta desestimular la participación política autónoma y el disenso; se han dictado largas penas de prisión con fines ejemplarizantes; se ha ejercido presión para sacar del país, o no dejar entrar, a disidentes, activistas y periodistas independientes; amenazas sobre los familiares de presos del 11-J que han impulsado campañas de denuncia; e injustas condenas contra los activistas del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara [cinco años de cárcel, y actualmente en huelga de hambre dentro de la prisión] y Maikel Osorbo [nueve años] por causas evidentemente políticas pero presentadas como delitos comunes”.

En las redes sociales, partidarios de la revolución como el académico y exdiplomático Carlos Alzugaray o el músico Silvio Rodríguez ponen énfasis en lo económico para salir de esta encrucijada histórica que atraviesa el país. “Hay que tener claro que la solución de nuestra crisis está en nuestra capacidad de superar los problemas de la economía pues no hay nada que sea positivo en el contexto internacional y EE UU continuará con su bloqueo”, escribió el primero. Silvio expresó que “una sociedad que no puede garantizar satisfacciones básicas es una sociedad en crisis” y que, pese a lo inmoral del bloqueo, “es injusto, además de insensato, convertir quimeras en principios. No verlo es desesperanzador. Imponerlo es atroz”. En su opinión, la revolución debe ser capaz de renovarse. “¿Adónde vamos si no reconocemos lo que nos pasa?”, se preguntó. El joven que participó en las protestas del 11-J del año pasado asegura que, después de lo visto, hoy no volvería a salir a las calles. Eso sí, dice, en cuanto pueda se marchará.