El líder de México dice que la pobreza es su prioridad. Pero sus políticas perjudican a los pobres
A mitad del mandato presidencial, la situación de las clases bajas de México no ha hecho más que empeorar. Los economistas dicen que es el resultado de la mala gestión gubernamental de los programas de bienestar y de la economía.
NAUCALPAN, México — El único servicio gubernamental con el que podía contar este municipio de las afueras de Ciudad de México era la escuela primaria, que funcionaba en un vagón de tren abandonado. Era una tabla de salvación para los residentes, la mayoría de los cuales viven en los restos de una estación de tren que alguna vez estuvo llena de vida.
Todas las mañanas, las familias que ocupaban los cavernosos vagones de esta parte de Naucalpan despertaban a sus hijos para que fueran a la escuela durante todo el día, como parte de un programa federal para apoyar a los padres que trabajan ampliando el horario más allá de la media jornada habitual que tienen la mayoría de las escuelas primarias mexicanas.
Pero la jornada extendida ha desaparecido, una víctima del enfoque del gobierno en la renovación del sistema de bienestar, en una reorganización que los economistas advierten que perjudicará a los más pobres de México y el crecimiento de la decimoquinta mayor economía del mundo.
Tras conseguir la victoria en 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le prometió a los menos favorecidos del país que pondría fin a su abandono, al impulsar el lema de “primero los pobres”. El partido que fundó, Morena, se lanzó hace una década con una plataforma para reducir la desigualdad y empoderar a los millones de mexicanos marginados que la mayoría de los partidos políticos generalmente habían descuidado.
Pero a mitad de su sexenio, la situación de las clases bajas de México ha empeorado, y los economistas afirman que no se debe únicamente al efecto de deterioro de la pandemia, sino también al resultado de una mala gestión de los programas de bienestar y de la economía.
Para Alicia Guadarrama Monroy, quien vive con sus dos hijas y sus nietos en Naucalpan, el horario extendido de la escuela significaba que todos los adultos de su hogar podían trabajar. Pero ahora la jornada escolar termina alrededor del mediodía y una de sus hijas debe quedarse en casa para cuidar a los niños, privando a la familia de un salario muy necesario.
“Era una escuela tan buena”, dijo. “Pero ahorita ya cambió la escuela, ya no es lo mismo, ya no hay apoyos y ya no hay nada”.
Más allá de Naucalpan, cientos de miles de padres de familia en todo México tendrán dificultades después de que el gobierno federal elimine el programa de cuidados después de clases este año. La oficina de López Obrador no respondió a las solicitudes de comentarios.
México fue una de las únicas economías mundiales importantes que no aumentó sustancialmente el gasto para mitigar los estragos de la pandemia, haciendo hincapié en un presupuesto equilibrado en lugar de endeudarse para apoyar a los más vulnerables del país.
Pero los efectos de la pandemia, junto con la falta de apoyo gubernamental, hicieron que otros 3,8 millones de personas cayeran en la pobreza a finales de 2020. Actualmente, el 44 por ciento de los mexicanos —alrededor de 56 millones de personas— están en situación de pobreza, según los datos más recientes del gobierno.
Unos 5,2 millones de estudiantes abandonaron la escuela durante la pandemia, según cifras del gobierno publicadas el año pasado, aproximadamente el 14 por ciento de todos los niños en edad escolar de México. Aún falta que muchos de ellos regresen: algunos se fueron a trabajar junto a sus padres por necesidad económica, otros porque la reducción de las horas de clase hacía que los horarios de trabajo de sus padres fueran insostenibles.
La inflación también ha ralentizado la recuperación económica, ya que los precios al consumo aumentaron hasta el 7,99 por ciento durante el año hasta junio, el nivel más alto en 21 años, lo que reduce el poder adquisitivo para productos de primera necesidad como las tortillas o el aceite de cocina.
“El nivel de actividad económica en México sigue estando por debajo del nivel prepandémico, y es probablemente el único país de América Latina en el que es así”, dijo Alberto Ramos, jefe de investigación económica para Latinoamérica de Goldman Sachs.
A pesar de la creciente pobreza de México, López Obrador sigue siendo uno de los líderes más populares del mundo, con un índice de aprobación de alrededor del 65 por ciento. El apoyo generalizado ha dejado a los observadores políticos desconcertados.
Para los economistas la respuesta es sencilla: el gobierno eliminó los programas de bienestar social existentes en favor de poner dinero en efectivo en manos de los ciudadanos, con pocas condiciones.
Si bien muchos economistas apoyan las transferencias directas de efectivo, el nuevo sistema ha eliminado los criterios sustentados en las necesidades de los programas anteriores, lo que genera preocupaciones de que el dinero no llegue a quienes lo necesitan o no se gaste de manera efectiva.
Poco después de asumir el cargo, López Obrador canceló Prospera, un programa que llevaba 20 años y que daba dinero en efectivo a las madres en situación de pobreza a cambio de que mantuvieran a sus hijos en la escuela y los llevaran a revisiones médicas periódicas. Fue elogiado por el Banco Mundial por su transparencia y por mejorar las condiciones socioeconómicas.
Pero con el nuevo programa social del gobierno de López Obrador, esos requisitos se eliminaron y el dinero en efectivo se distribuye a los mexicanos sin importar sus ingresos. Los nuevos programas han ampliado las pensiones del gobierno incluso a los más ricos, han proporcionado pasantías para los jóvenes sin trabajo y están pagando a los agricultores para que planten árboles.
A López Obrador “no le gusta nada que no lleve su marca”, dijo Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación económica.
“Ahora las ayudas son transferencias de dinero, no hay ningún objetivo ni meta”, dijo. “Es imposible asegurarse de que el dinero sea gastado por las familias para mejorar sus condiciones, para asegurarse de que envíen a sus hijos a la escuela, en lugar de comprar una televisión”.
López Obrador, quien desconfía profundamente del gobierno y está molesto por la corrupción que asoló a anteriores gestiones, ha argumentado que las transferencias directas de dinero han hecho más por ayudar a los mexicanos que los anteriores programas de asistencia social.
Pero los nuevos programas están llegando a menos familias pobres de México, argumentan los economistas, aunque el gobierno está gastando más en ellos.
Un programa de aprendizaje diseñado para impulsar el empleo depende de que los empleadores estén en la economía formal, aunque el 60 por ciento de los mexicanos trabajan de manera informal.
“Hoy a las familias más pobres les llegan menos apoyos sociales que hace tres años”, dijo Gonzalo Hernández Licona, exdirector del Coneval, la agencia gubernamental que mide la pobreza y los programas de desarrollo social.
En lugar de poner la responsabilidad en las agencias gubernamentales para asegurarse de que la asistencia social se gasta de manera efectiva, López Obrador ha trasladado la responsabilidad a millones de mexicanos.
En Chiapas, el estado más pobre de México, el 45 por ciento de las familias que llevaban a sus hijos a las revisiones médicas a cambio de los beneficios de Prospera ahora ya no lo hacen con el nuevo plan de asistencia social, lo que amenaza con echar por tierra los logros alcanzados para acabar con la desnutrición en la región, según la agrupación ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Uno de los mayores golpes para las familias trabajadoras fue la decisión de López Obrador de suprimir este año el programa de escuelas de tiempo completo.
Más de 27.000 escuelas primarias se habían inscrito en el programa desde que comenzó en 2007, brindando almuerzos calientes y horas académicas adicionales a 3,6 millones de estudiantes y ayudando a los padres a buscar empleo a tiempo completo, según México Evalúa, un centro de investigación.
Sin embargo, el presidente criticó el programa por corrupción, sin aportar pruebas y a pesar de que un organismo de control de la política gubernamental concluyó que el programa mejoró el rendimiento general de los estudiantes.
“Resulta que no estaban la mayoría de las escuelas en las comunidades, los pueblos más pobres”, dijo López Obrador este año.
Ahora, 2000 escuelas han tenido que recortar su horario ampliado, y es probable que haya más, según Mexicanos Primero, un grupo de defensa de la educación.
Los recortes podrían afectar a cientos de miles de familias, según cifras del gobierno evaluadas por The New York Times, obligando a muchas mujeres a dejar de trabajar para cuidar de sus hijos.
Los grandes avances logrados contra la pobreza en las tres últimas décadas en México se debieron, en parte, a que las mujeres se incorporaron al trabajo en mayor número cuando los gobiernos inauguraron programas de atención a la infancia. Los economistas advierten que, sin su reincorporación al trabajo, el crecimiento prepandémico será difícil de alcanzar.
Según la nueva estructura, el gobierno federal proporcionará a las escuelas fondos para que los gasten como consideren oportuno. Las asociaciones de padres de cada escuela decidirán qué iniciativas financiar.
Pero los críticos dicen que dar a miles de asociaciones de padres de familia en todo México tal libertad podría derivar en casos de corrupción, y que muchos padres de familia que trabajan no puedan participar. Una asociación podría votar para mejorar la infraestructura con contratos para los padres que venden materiales de construcción, aunque la mayor necesidad podría ser tener más profesores.
En el gobierno actual, el gasto por alumno en México es uno de los más bajos entre los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Los padres de familia de todo el Estado de México, donde se encuentra Naucalpan, están juntando dinero para tratar de mantener el horario extendido, según la Secretaría de Educación Pública del estado, que se ha enfrentado al gobierno federal para mantener el programa de escuelas de tiempo completo.
En el Estado de México, el más poblado del país, el programa beneficiaba a unos 280.000 estudiantes, según la Secretaría de Educación.
Cuando la escuela primaria de Naucalpan solicitó el año pasado fondos del gobierno en el marco del nuevo programa federal, fue rechazada, según el director de la escuela, porque no estaba en una zona rural.
El envío de ayuda gubernamental a las zonas rurales ha sido una prioridad para López Obrador. Aunque tradicionalmente las zonas rurales han sido desatendidas, alrededor de dos tercios de los pobres de México viven en las ciudades, según cálculos del gobierno, lo que significa que el abordaje del gobierno en el campo tiene un costo para los pobres en las áreas urbanas.
Los economistas sostienen que el presidente tiene una visión anticuada de la economía y han criticado a su gestión por destinar al menos 25.000 millones de dólares en grandes proyectos de infraestructura que no son precisamente necesarios.
Los proyectos drenan recursos, dijo Mariana Campos, analista de gasto público en México Evalúa, y “no son necesariamente lo que México requiere para su desarrollo”.
Guadarrama, cuya familia ha tenido que hacer difíciles sacrificios económicos para mantener a sus hijos en la escuela, está contrariada por la falta de apoyo del gobierno.
“Dices: ¿este es mi gobierno?” , dijo Guadarrama, ¿y esto es lo que yo espero de mi gobierno ?”.
Maria Abi-Habib es la jefa de la oficina de México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para The New York Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Encuéntrala en Twitter:@abihabib