El terrorismo se suma a la ola de violencia en México

Fuerzas de seguridad en una tienda de conveniencia que fue quemada en ataques simultáneos en diferentes partes de Ciudad Juárez, México, el 11 de agosto de 2022. (José Luis González/Reuters)

En México, los cárteles del narcotráfico empiezan a rebasar una peligrosa frontera. Por años, la violencia en el país había estado asociada mayoritariamente a disputas entre grupos criminales, venganzas contra quienes tocan sus intereses y enfrentamientos con las autoridades. El jueves de la semana pasada cruzaron esa línea: atacaron directamente a la población civil y mataron a 11 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esos son actos terroristas. Amnistía Internacional define el terrorismo como “ataques dirigidos de forma deliberada contra la población civil, o que no distinguen entre civiles y otros objetivos”, y eso sucedió en Ciudad Juárez. Según las primeras investigaciones oficiales, todo empezó por un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel local: Los Chapos contra Los Mexicles. Después, Los Mexicles balearon a la población civil: ciudadanos que estaban en una pizzería, en una cerrajería, en sus coches, en una estación de radio.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha querido aceptar que se trató de terrorismo. No admite el término ni pronuncia la palabra, a pesar de que el propio presidente definió así el episodio de Ciudad Juárez: “Se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia; no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó un momento en el que empezaron a disparar a gente inocente”. Es la definición misma de terrorismo, pero el gobierno no lo acepta.

Tampoco lo aceptó en junio de 2021, cuando en Reynosa, Tamaulipas, un comando armado ejecutó a sangre fría a 15 personas que estaban en la calle haciendo su vida cotidiana: estudiantes, familias, albañiles, taxistas, adultos mayores, trabajadores de la maquila, un enfermero, un recolector de basura. ¿Qué dijo el presidente de México?: “Todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación”. Dijo que fue un ataque cobarde. Pero no dijo lo que también fue: un acto terrorista.

¿Por qué no llamarlo por su nombre? Encuentro dos razones principales. La primera es que este presidente gobierna con la palabra. Como la realidad es cada vez peor, dedica varias horas cada día a tratar de moldear la percepción con una ya muy desgastada retórica. El gobierno funciona con premisas así: si el presidente no le dice terrorismo, no hay terrorismo. La segunda es que, si México acepta que hay terrorismo en su territorio, abre la puerta a que Estados Unidos pueda meterse mucho más en asuntos de seguridad mexicanos, sobre todo tratándose de una nación con la que comparte más de 3,000 kilómetros de frontera. Y si algo ha hecho AMLO en su administración ha sido cortar el acceso y la cooperación con el país vecino en estos temas.

Pero la realidad no la puede borrar. El acto terrorista en Ciudad Juárez representa una escalada más en los niveles récord de inseguridad que azotan al país en esta administración federal. Tan solo el fin de semana previo a la matanza de Juárez, se registraron 254 asesinatos el país. Sucedieron por todo el territorio nacional: en 28 de las 32 entidades.

Además, en los días previos y posteriores a la tragedia de Ciudad Juárez, el crimen organizado secuestró y quemó autobuses y vehículos particulares para bloquear vías públicas; e incendió farmacias, tiendas de conveniencia, gasolineras y desató terror y caos en los estados de Jalisco, Guanajuato y Baja California.

Al día siguiente de los hechos en Ciudad Juárez, en su conferencia matutina que duró una hora con 36 minutos, AMLO le dedicó 82 segundos al tema. No mostró indignación ni empatía. No señaló nada sobre usar legítimamente la fuerza del Estado para llevar a los responsables ante la justicia ni qué hará su gobierno ante esta situación. Casi como muletilla, lamentó los hechos y sentenció sin emoción: “Ojalá no se repita”.

Este deseo contrasta con los mensajes que el presidente AMLO ha enviado sistemáticamente a los criminales: se refiere a ellos con deferencia y respeto, insiste en que su estrategia de seguridad es de “abrazos, no balazos”, y su mayor amenaza es que los acusará con sus madres y abuelas para que los reprendan.

La semana sangrienta en México coincide con el debate que encendió el presidente cuando amenazó con violar la Constitución y brincarse al Congreso para militarizar por decreto la seguridad pública y que la Guardia Nacional, que está bajo un mando civil en la Carta Magna, esté ahora a cargo del Ejército. Es otra de sus erráticas políticas de seguridad que, además, contradice sus promesas de campaña: si algo criticó AMLO cuando aspiraba al poder era que los presidentes usaran al Ejército en tareas de policías, y prometió hasta el cansancio que él regresaría a los soldados a sus cuarteles. No es la única contradicción flagrante.

La primera vez de la que se tiene registro de un atentado terrorista en la historia reciente de México fue en septiembre de 2008. En medio de la festividad patria del Grito de Independencia, un grupo criminal lanzó granadas contra la población civil que abarrotaba la plaza central de Morelia, Michoacán, y asesinó a ocho personas.

Sucedió en el gobierno del político al que más detesta AMLO, Felipe Calderón, quien tampoco quiso calificar el hecho de terrorismo. El hoy presidente, quien en ese entonces era un aguerrido dirigente opositor, pidió las renuncias del secretario de Gobernación, del de Seguridad Pública y del procurador general, y criticó que la errática política de Calderón estaba agravando la inseguridad.

Hoy el presidente está en la misma situación: sin reconocer los actos de terrorismo e intentando jugar con las palabras, lo que tanto le gusta hacer. Habrá que ver si tener que tragárselas no le causará indigestión.