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Pilar Molina: Efecto colateral: ¿El hundimiento del programa?

La Moneda sabe que muchas de las transformaciones que propugna son tan resistidas, que aparece postergando su presentación hasta después del plebiscito al menos.

Con razón los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo han condicionado cumplir con el programa de gobierno a ganar el plebiscito el 4 de septiembre. El problema es que a dos semanas de la elección se ve difícil que el Apruebo pueda remontar y adelantar al Rechazo, que viene imponiéndose por un margen amplio desde abril.

Pero se da la paradoja que, aún si ganara, el gobierno tendrá serias dificultades o no podrá implementar las reformas estructurales tal como las ofreció al país. Porque un efecto colateral inesperado de la discusión sobre el borrador constitucional es que el Frente Amplio y el PC perdieron el piso para hacer los cambios radicales de su programa, que son los mismos que están en la propuesta que se plebiscitará.

Ya no parece tan claro que esta coalición, que es minoría en ambas Cámaras, tendrá los votos necesarios de sus aliados en el socialismo democrático para empujar sus reformas. Es más: La Moneda sabe que muchas de las transformaciones que propugna son tan resistidas, que aparece postergando su presentación hasta después del plebiscito al menos.

El indulto a los condenados e imputados por delitos cometidos a partir del 18 de octubre de 2019 es una de esas iniciativas. A once días de asumir, el Presidente Gabriel Boric le puso suma urgencia, la que renovó otras dos veces. Pero esta semana el oficialismo postergó su discusión, a pesar que estaba en tabla. En momentos en que los que creen que es más urgente resolver la delincuencia triplican a los que priorizan los derechos sociales (75% versus 25% en última Black & White), no ayudaría al resultado del plebiscito que La Moneda apareciera dándole la impunidad a personas que cometieron delitos.

Lo mismo ha ocurrido con la reforma previsional, postergada para después del 4 de septiembre con la excusa que una transformación de esta magnitud “no puede estar asociada a una contingencia en particular”, como señaló la ministra del trabajo Jeannette Jara. Pero lo cierto es que tampoco contribuiría al Apruebo que el gobierno sincere ahora que quiere colectivizar los 6 puntos adicionales de cotización, eliminar la libertad de elegir administradora e impedir que los fondos sean heredables, como era su idea original. De hecho, los partidos oficialistas, buscando derribar una de las críticas al borrador que se votará en dos semanas, comprometieron que “seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que ahora”.

Algo similar ha ocurrido con la reforma a la salud que ha derivado solo a la colectivización de la cotización del 7%. Una minoría en el gobierno estaba muy segura que sería fácil eliminar las Isapres y ha hecho todo lo posible para ello. Pero esta semana accedió a sentarse en una mesa de trabajo con las aseguradoras, las que enfrentan una situación crítica. En parte, por la acción ministerial de no validar el reajuste de los planes que se estableció por ley el año pasado, de modo de impedir la judicialización de las alzas. La discusión de la propuesta constitucional ha permitido visibilizar que capturar el 7% de los 3,3 millones de afiliados a las Isapres no permitirá mejorar la salud estatal, sino que, por el contrario, empeorará las abultadas listas de espera. Inesperadamente, la Corte Suprema puede ayudarle al Frente Amplio y al PC a exterminar las aseguradoras privadas, luego de su fallo del jueves último, que volvió a fojas cero el mecanismo de reajuste.

Tampoco se ve ya tan expedito que esta administración pueda llevar adelante las reformas laborales y tributarias. Al menos no en el modo en que han sido presentadas. Hacienda postula un ciclón impositivo para recaudar 12 mil millones de dólares adicionales en momentos en que arrecia la inflación, la inversión es negativa, el crecimiento es cero y los capitales se fugan. De hecho, por primera vez en sus cinco meses de administración, Boric accedió a reunirse el martes pasado con las cúpulas empresariales, que le presentaron su preocupación frente al estado poco auspicioso de la economía y la necesidad de hacer bien las reformas. El ministro Mario Marcel se ha abierto a revisar cuestiones que golpearán a la clase media, así como también impuestos nuevos que impactarán el ahorro y la inversión.

La discusión sobre el borrador constitucional, finalmente, ha tenido un efecto colateral sobre las ínfulas transformadoras de este gobierno de minoría, porque la mayoría parece estar expresando que no quiere esa radicalidad. Ni la del texto constitucional ni la del programa de Boric que, si no es la misma,  al menos se parecen.

 

*Pilar Molina es periodista.

 

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