La peligrosa danza del equilibrio precario de la democracia peruana
Esta fotografía tomada el 22 de julio de 2022 y publicada el 10 de agosto muestra a Yenifer Paredes, la cuñada del presidente peruano, Pedro Castillo, como invitada a una auditoría en el Congreso de la República. (Ernesto Arias/Congreso Peruano/AFP vía Getty Images)
De un tiempo a esta parte los peruanos nos hemos acostumbrado a vivir al borde de un ataque cardíaco. El último mes, en particular, ha supuesto un nada saludable exceso de adrenalina política. Incluso para los estándares de un país que ha tenido cinco presidentes en los últimos cinco años; de los cuales, hasta ahora, solo uno ha concluido el mandato que le correspondía por ley.
Este es un breve resumen de algunos de los hechos que nos han mantenido en el filo de la silla en las últimas cuatro semanas:
El sábado 23 de julio, se entregó a la Policía el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien se encontraba prófugo desde hace casi cuatro meses. En las semanas siguientes, Pacheco ha declarado ante la Fiscalía, entre otras cosas, que el presidente Pedro Castillo fue el responsable de su fuga. Además, ha señalado a su antiguo jefe como beneficiario de una serie de sobornos pagados por policías que buscaban obtener ascensos. Pacheco también ha entregado a la Fiscalía una serie de notas, supuestamente escritas por el presidente, con órdenes para ascender de manera irregular a militares cercanos a él.
Esa misma semana, el congresista Freddy Díaz fue acusado de violación por una trabajadora del parlamento. Días después, el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, quiso explicar a su manera lo ocurrido: “Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”. Casi un mes después, hasta el 22 de agosto, el acusado de violación seguía despachando en el Congreso.
El 2 de agosto, el congresista Wilmar Elera fue sentenciado a seis años de cárcel por colusión agravada —un delito de corrupción— por actos cometidos antes de que fuera elegido parlamentario. Elera, forzado a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso, se encuentra prófugo.
El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, principal defensor del presidente Pedro Castillo, renunció a su cargo el 3 de agosto.
El 4 de agosto, el Congreso negó al presidente Castillo el permiso para viajar a la toma de posesión del presidente colombiano, Gustavo Petro, en Bogotá. Pese a que el Congreso tiene la facultad constitucional de conceder o denegar al presidente el permiso para salir del país, no existen precedentes de una negativa de estas características en la historia política peruana.
Dos días después de la renuncia de Torres y al día siguiente de convocar “a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú”, el presidente Castillo informó que no aceptaba la marcha de su premier y este seguiría en su puesto.
El 9 de agosto, la Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieron a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, cuñada e hija adoptiva del presidente Castillo. Al mismo tiempo, la Policía detenía a otras tres personas investigadas por pertenecer, junto a Paredes, a una presunta organización criminal dedicada a asignar licitaciones de obras públicas a empresas fachada y liderada, según la tesis fiscal, por el propio presidente. La Policía no encontró a Paredes en la residencia presidencial, pese a que informes de inteligencia señalaban que había ingresado días antes y no se le había visto salir. El jefe de la Casa Militar declaró que el propio presidente Castillo le ordenó demorar el ingreso de policías y fiscales. Días después, la misma Casa Militar reportó la pérdida de imágenes de video de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno correspondientes al mismo día del operativo para detener a la hija adoptiva de Castillo.
Según la investigación fiscal, la esposa del presidente, Lilia Paredes, también formaría parte de la organización criminal. El lunes pasado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó ante un juez una orden de impedimento de salida del país por 36 meses contra la primera dama. La investigación, que involucra tanto a la esposa como a la hija adoptiva de Castillo, es solo una de las seis que la Fiscalía sigue contra el presidente. El poder Judicial debe dirimir en estos días el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Paredes y uno de sus presuntos cómplices.
Por último, el fin de semana pasado el Instituto Nacional Penitenciario liberó, por cumplimiento de condena, a Antauro Humala, exmilitar y hermano del expresidente Ollanta Humala. Se encontraba preso desde 2005 por el asalto a una comisaría y el asesinato de cuatro policías durante un levantamiento armado contra el entonces presidente Alejandro Toledo, conocido como el “Andahuaylazo”. A su salida de prisión, Humala dijo que no se arrepentía de lo ocurrido y pidió “un tiempo prudencial” antes de anunciar cuándo y de qué manera regresaría a la actividad política.
Por si hacía falta echar más leña a la incandescente hoguera política peruana.
Pese a todo, pese a que semana a semana el cielo parece caer sobre la cabeza de los peruanos y peruanas, pese a que vivimos día a día al borde de la silla, en el fondo y a despecho de todas las señales de alarma, parecería que en realidad en el país nunca termina de pasar nada.
El presidente Castillo sigue siendo tan impopular como, prácticamente, desde que inició su mandato. Y continúa tan seguro en el sillón presidencial como desde que superó el segundo intento de vacancia por parte del Congreso en marzo de este año. El Congreso, por su lado, compite —y supera— en desaprobación al presidente, mientras anuncia una y otra vez que volverá a intentar deshacerse de él sin que se le presuma más expectativas de éxito que en las ocasiones anteriores.
No importa cuán encharcado esté Castillo en sospechas de corrupción, ni cuántas amenazas enarbole el Congreso, ambos continúan ejecutando la patética y peligrosa danza del equilibrio precario a la que, parece, nos hemos resignado los peruanos.
En un reciente ensayo, los politólogos Rodrigo Barrenechea y Daniel Encinas escribían que “la democracia peruana se sostiene en el empate entre actores débiles, incapaces de destruirse unos a otros”. Señalaban también que esa debilidad era a la vez la condena y salvación momentánea de nuestro cada vez más endeble orden democrático, ya que debido a “la alta fragmentación política” y “la presencia de políticos débiles e impopulares”, no existen “actores lo suficientemente fuertes o con la capacidad de acumular poder para derribar la democracia». Por ahora, me atrevo a añadir.
Ese es, a fin de cuentas, el gran problema de esa danza del equilibrio precario en la que, mal que bien, estamos todos embarcados. Como las cosas sigan así, llegará la hora —me temo, más pronto que tarde— en que alguien apagará la música de golpe y de porrazo. Y, lastimosamente, no solo no estamos preparados, sino que no parece importarle a nadie.
