México debe detener la más reciente maniobra antidemocrática de AMLO
Estados Unidos no es la única democracia norteamericana que está en riesgo porque un presidente cree haber sido víctima de fraude electoral. En México, el populista de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) perdió las elecciones presidenciales en 2006 por menos de un punto porcentual. Denunció un fraude, se negó a aceptar la derrota incluso después de que los tribunales rechazaran de manera unánime sus alegatos y movilizó a sus simpatizantes para bloquear una concurrida vía en la capital del país. Aunque al final cedió y presidentes de otros partidos gobernaron hasta 2018, López Obrador siguió obsesionado con las elecciones de 2006. Ahora que es presidente —tras haber ganado unas elecciones indiscutibles en 2018—, López Obrador está empeñado en rehacer el sistema electoral al que todavía culpa de haberle hecho fraude hace más de 16 años.
Las propuestas del presidente amenazan la independencia del sistema y con ello, la transición de México del autoritarismo a la democracia multipartidista que tanto le costó ganar. La institución crucial que López Obrador busca transformar, el Instituto Nacional Electoral (INE), legitimó su victoria de 2018. Sin embargo, el presidente retrata a la directiva del órgano como parcializada, elitista y derrochadora del dinero de los contribuyentes.
López Obrador quiere un nuevo sistema en el que los votantes elijan una directiva de siete miembros de 60 candidatos, de los cuales el presidente, el Congreso y la Suprema Corte seleccionarían unos 20 cada uno; servirían durante seis años, la duración de un mandato presidencial en México. La susceptibilidad a la politización de esa directiva es evidente. En contraste, el INE actual consta de 11 miembros, seleccionados por su experiencia por un Comité Técnico de selección y luego confirmado por dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados; cada uno sirve durante un periodo de nueve años. Las encuestas de opinión pública muestran que la mayoría sustancial de los mexicanos aprueba la labor del INE. Una reciente misión investigadora de la Unión Europea concluyó que el sistema actual de México funciona y goza de la confianza del público, y que el plan de López Obrador “conlleva un riesgo inherente de socavar esa confianza”.
Un número cada vez mayor de mexicanos sospecha, con razón, que López Obrador está tratando de perpetuar el dominio de su partido incluso después del fin de su mandato en 2024, imitando así al sistema autoritario que prevaleció bajo el Partido Revolucionario Institucional durante el siglo XX.
El 13 de noviembre, decenas de miles de personas marcharon en la Ciudad de México y otras ciudades para protestar contra el plan del presidente. López Obrador los calificó de clasistas y racistas, y acto seguido movilizó a sus simpatizantes, muchos de ellos transportados en autobuses desde regiones periféricas, para una contramanifestación en la Ciudad de México ayer domingo, una evidente demostración de fuerza mientras el Congreso debate el tema. Aunque es probable que el presidente no tenga la mayoría de dos tercios requerida para enmendar la Constitución, López Obrador ha afirmado que intentará lograr sus objetivos a través de leyes secundarias, lo cual solo requiere de una mayoría simple.
Ni el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ni el Congreso o el pueblo deben permanecer indiferentes ante estos acontecimientos. Estados Unidos tiene muchos intereses —comercio, energía, migración, narcotráfico— en México, pero ninguno es más importante que garantizar el florecimiento de la democracia. La Cumbre de Líderes de América del Norte del próximo mes con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le brinda al presidente Biden una gran oportunidad de transmitir ese mensaje en persona y de manera inequívoca.
