Patricio Navia: ¿Quién debe redactar la nueva Constitución?

Aunque no es la primera vez que escuchamos lo mismo en los tres meses que han transcurrido desde que una amplia mayoría del país rechazó la propuesta de nueva Constitución presentada por la convención constitucional, las negociaciones para encontrar un camino que permita llevar a feliz término el proceso constituyente parecen haber entrado en tierra derecha.

La principal piedra de tope para terminar de cerrar el acuerdo parece seguir siendo la composición del cuerpo que redactará la nueva Constitución. Mientras la izquierda se ha allanado a un cuerpo totalmente electo de 50 personas (igual que el Senado), la derecha insiste en que un porcentaje no trivial de los miembros de la nueva convención deben ser expertos nominados por el Congreso o nombrados siguiendo algún otro mecanismo que privilegie el expertise (aunque nadie todavía ha logrado definir qué requisitos deben tener dichos expertos).

El debate entre los que defienden la idea de grupo de personas electas y los que abogan por un peso no trivial para personas no electas esconde una serie de supuestos algo forzados y muchos prejuicios sobre las bondades de los procesos de elecciones y los procesos de selección a partir de criterios meritocráticos.

Como la Constitución es el documento que rige la forma en que se regula el juego político, la Convención Constitucional que deberá redactar el texto no tiene por qué estar compuesta por políticos de carrera. La idea es que la Convención redacte reglas del juego que generen incentivos para que los políticos defiendan los intereses de sus representados y no de sus financistas, de sus partidos o de los grupos de interés con los que ellos se identifican. De la misma forma que no tiene mucho sentido que los jugadores de fútbol determinen las reglas de cuándo se cobrará offside o cuándo se considera que la pelota salió de la cancha. Determinar las reglas del juego de la democracia no es una prerrogativa exclusiva de la clase política. 

Pero para poder participar de forma constructiva en el proceso de redacción de una nueva Constitución, los ciudadanos que formen parte de la Convención tienen que entender algunas cosas básicas sobre diseño institucional, estructura de incentivos y reglas del juego de la democracia. No basta con la buena intención. Tampoco basta con reclutar personas que quieren lo mejor para Chile. Las constituciones son documentos complejos que recogen décadas de experiencia política y tradiciones que no pueden ser ignoradas por fanáticos fundamentalistas o neófitos con buenas intenciones. 

Naturalmente, no basta ni con incluir personas no electas ni con reproducir mecanismos de elección vigentes para otros cuerpos (como el Senado) para lograr el objetivo de encontrar un grupo de personas idóneas para redactar un texto constitucional. Si los miembros de la Convención no son electos, el problema inmediatamente se traslada al criterio de selección que se deberá utilizar. ¿Quién elige? ¿Qué requisitos deben tener los llamados expertos? ¿Cómo nos aseguramos de que esos expertos entiendan que se debe construir sobre lo que ya existe? La experiencia de la fallida Convención Constitucional dejó en claro que los expertos pueden ser mucho más talibanes que los no expertos. 

A su vez, si optamos por un cuerpo cien por ciento electo, debemos asegurarnos de respetar algunos principios básicos. Por ejemplo, si se opta por replicar el modelo de elección que se usa para el Senado, ¿cómo se puede justificar que se viole tan flagrantemente el principio de una persona, un voto? La Región Metropolitana, con el 40% de la población nacional, sólo escogería el 10% de los escaños en la nueva convención. La Región de Biobío, con 1,7 millones de habitantes, escogería solo 3 escaños, mientras que la región de Maule, con 1,1 millones, escogería 5. ¿Por qué un voto en Talca debe valer lo mismo que dos votos en Concepción y Talcahuano?

Es verdad que nunca hay un sistema perfecto para escoger una Convención Constitucional, pero hay imperfecciones mucho peores que otras y varias otras imperfecciones son perfectamente corregibles. Después que la clase política nos metió de forma torpe y apresurada en este proceso constituyente -que ya lleva más de tres años de duración- la mejor forma para salir exitosamente del túnel constitucional en que no nos encontramos con soluciones torpes y apresuradas.

Es verdad que el proceso no puede durar para siempre. Pero también es cierto que una vez que se abrió la puerta del debate constituyente, no hay garantía de que la promulgación de un nuevo texto la vaya a cerrar. Si se violan principios tan evidentes como el de «una persona, un voto», el resultado del proceso -la nueva Constitución- será tan susceptible a ser criticada por su ilegitimidad de origen como hoy se critica a la Constitución nacida en dictadura.

El momento constitucional por el que atraviesa el país es especialmente complejo. Hay fatiga constitucional en una población que siempre tuvo otras prioridades y que ahora siente que la nueva Constitución se ha convertido en una traba que dificulta la tarea del gobierno de enfrentar problemas inmediatos y urgentes.

Pero la puerta constitucional ya está abierta y hay que hacer un buen trabajo para lograr cerrarla. El problema está en que, de forma apresurada y torpe, en vez de cerrar el proceso constituyente, simplemente patearemos el problema para más adelante y Chile entrará por el mismo sendero que tiene a tantos países de América Latina en un debate permanente sobre reformas a constituciones que jamás han logrado legitimidad y que, mientras tanto, contribuyen a la inestabilidad, incertidumbre y divisiones que frenan el desarrollo y alejan a los países de la tierra prometida del desarrollo, la inclusión social y la consolidación democrática.

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.