José Antonio Viera-Gallo: Renovar la democracia

En varios informes internacionales -Ideas, Ipsos y The Economist- se advierte sobre el deterioro de la democracia en el mundo. Basta mirar lo que sucede en la región para corroborarlo. En varios países aumenta el número de personas que están dispuestas a seguir a un caudillo autoritario para resolver sus problemas. Ganan respaldo las fuerzas políticas extremas. Se expanden los regímenes dictatoriales, de democracias llamadas iliberales o regímenes híbridos, en su gran mayoría de corte populista.

La democracia funciona mediante equilibrios dinámicos y frágiles y no está exenta del desgaste que el tiempo trae inexorablemente consigo. Aristóteles advertía sobre la tensión entre la libertad y la igualdad, entre el pluralismo de ideas e intereses y el consenso sobre los valores que mantienen el sistema social.

La democracia no es algo dado y obvio. Se trata más bien de una novedad en la historia, una rara flor que hay que cuidar con esmero. Poner a raya la prepotencia de los poderosos de todo tipo es una tarea permanente, siempre inacabada, que se transmite en nuevos escenarios de generación en generación.

El principal desafío es hacer avanzar ese equilibrio en las circunstancias siempre cambiantes de la historia, es decir, ser capaces de renovarla evitando la demagogia (populismo) y la involución autoritaria, que la acechan. Maquiavelo afirmaba que más o menos cada 30 años la república debe ponerse al día, recuperando el vigor de los principios que le dan sentido, remozar sus instituciones y apelar a las virtudes cívicas. ¿No es eso, precisamente, lo que pretende un proceso constituyente?

En los estudios internacionales Chile no sale mal evaluado en comparación con otros países, incluido los EE.UU. Sin embargo, resulta evidente que nuestra democracia está enfrentando también diversas amenazas y tiene por delante importantes desafíos. 

Veamos los que a mi juicio son algunos de los más apremiantes:

-El desencanto ciudadano con la política, que se traduce en desconfianza hacia las instituciones, deslegitimación de las élites y cuestionamiento de la autoridad en todos los niveles. Más del 40% no participan de los procesos electorales, si hay voto voluntario. Y existe una caída en la adhesión a los partidos políticos, que florecen al ritmo de la desorientación apelando a un electorado cada vez más oscilante.

-Eso favorece la polarización política; el escenario público se convierte en el club de la pelea, alentado por las descalificaciones en las redes sociales.

–Falta de liderazgos políticos legítimos y atractivos que procuren constantemente al interés del país, lo que quedó de manifiesto, por ejemplo, con los retiros de los fondos de pensiones.

–Un Estado que tarda en responder a las exigencias ciudadanas enredado en disputas ideológicas y en trabas burocráticas: baste mencionar la reforma al sistema de pensiones, las listas de espera en salud y la falta de médicos especialistas en las provincias, la falta de calidad de la educación o la lentitud para cumplir las promesas de la Ley Indígena de 1993.

-La falta de correspondencia entre el discurso y las políticas públicas: se reitera que Chile debe ser una puerta de América del Sur hacia el Pacífico, y no contamos con un plan de inversión en puertos modernos, conexiones ferroviarias y pasos modernos hacia Argentina y corredores bioceánicos.

-La creciente sensación de inseguridad provocada principalmente por la llegada del crimen organizado con la consiguiente crueldad de sus acciones delictivas, que recluta a los jóvenes que no estudian ni trabajan ni hacen el servicio militar.

Enfrentar esas tareas presupone la existencia de un proceso sostenido de crecimiento económico compartido capaz de sustentar políticas públicas eficaces que contribuyan a disminuir las nuevas y antiguas desigualdades. En el campo económico hay también importantes tareas pendientes. La satisfacción de los derechos económicos y sociales está en directa proporción con el grado de avance en la producción y distribución de la riqueza.

También entre nosotros resuenan voces populistas autoritarias. Unos exaltan a “la gente” como el llamado movimiento “qualunquista” que acompañó al fascismo en Italia apelando al ciudadano común; otros adscriben a una nueva organización internacional de extrema derecha que denuncian la debilidad de la democracia liberal y exaltan las soluciones nacionalistas. Su desempeño en la última elección presidencial y parlamentaria es una señal de alarma.

Termino con una nota de optimismo: Chile cuenta con un acervo democrático todavía sólido, que nos permitió restablecer la democracia y sortear diversas crisis sociales. Parece oportuno recordar lo que afirmaba Eugenio González Rojas, uno de los fundadores del PS y su principal ideólogo: “El primer deber del socialismo en América Latina: esforzarse por la vigencia del régimen democrático, por implantarlo donde nunca ha existido, por restablecerlo donde haya sido abrogado, por perfeccionarlo si tiende a anquilosarse obstruyendo el proceso social… Entre la dictadura y la anarquía, tradicionales polos de la política latinoamericana, el socialismo está decididamente por el régimen de derecho dentro del Estado democrático. Ni aun a pretexto de realizar una política social de avanzada y de sostener actitudes antiimperialistas puede el socialismo comprometerse con gobiernos generados y mantenidos por la fuerza”.

El Acuerdo por Chile lo demuestra. Su anuncio produjo alivio en la población y tranquilidad en los mercados. Se experimentó la misma sensación que tenemos cuando termina un calambre prolongado o cuando llegamos a un refugio en una ruta peligrosa. Como si el cielo se despejara luego de disiparse la tormenta en forma inesperada.

El Acuerdo tan significativo como amplio es el arco de fuerzas políticas que lo suscriben, contribuyó a cambiar el clima político del país. Por fin, salvo la extrema derecha y algunos líderes de movimientos sociales desactivados, pudimos reconocernos en un texto común, que anuncia la construcción, esta vez sí, la casa de todos, también de quienes hoy lo critican. La piedra angular es la aceptación del Estado social y democrático de derecho consagrado de diversa forma en todas las constituciones democráticas de postguerra.

Es la vuelta al sentido común: un acuerdo razonable lo calificó J.J. Brunner. Ahora hay que materializarlo: primero en la reforma constitucional que haga posible esta nueva etapa del proceso constituyente y luego elaborando y aprobando una nueva Carta Fundamental que sea ratificada por la ciudadanía. Si bien los parlamentarios y los expertos y consejeros constituyentes tienen la principal responsabilidad, la tarea es de todos los ciudadanos, que debemos mantener la llama ardiente del entendimiento y hacer oídos sordos a los cantos de sirena de los extremismos.

Tenemos que ser capaces de dar forma a las reformas largamente postergadas y al mismo tiempo renovar nuestro sistema institucional el próximo año, siendo coherentes con la cultura política y la evolución constitucional del país, evitando la tentación de caer en una disputa de ideas abstractas.

La principal tarea del proceso constituyente es superar el pacto constitucional surgido de la transición a la democracia pasando de una democracia representativa pluralista, asociativa, centralista y carente de mecanismos de participación ciudadana directa y recelosa frente al derecho internacional a otra igualmente representativa y pluralista, pero que se rige por el principio de mayoría (respetando a las minorías), descentralizada y abierta a la participación ciudadana y al derecho internacional.

Un punto clave es establecer un sistema general de transparencia y probidad tanto del sector público como privado, capaz de prevenir, denunciar y sancionar la corrupción. Otro eje de la tarea es poner la mirada en los acelerados cambios que estamos viviendo en la era digital y que exigirán nuevos arreglos institucionales.

El futuro golpea la puerta y será responsabilidad sobre todo de las nuevas generaciones encontrar las soluciones adecuadas. Estamos todos convocados a la noble tarea de renovar nuestra democracia.

*José Antonio Viera-Gallo es abogado y ex ministro.