Perú: protesta, represión e ingobernabilidad después del autogolpe

Tras casi seis semanas de disturbios y una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad en Perú, miles de manifestantes de todo el país acudieron a la capital, el 20 de enero, para participar en una marcha multitudinaria que llamaron “La Toma de Lima”, la cual exigía la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la celebración de nuevas elecciones.

Boluarte declaró en televisión que la policía tenía las protestas bajo control y que cualquier persona involucrada en violencia o destrucción “sería castigada”, añadiendo que «esto no es una marcha pacífica. El gabinete está más unido que nunca. El gobierno está firme».

Las crecientes manifestaciones comenzaron luego de que el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo, que enfrentaba la posibilidad de un juicio político en su contra por parte del Congreso, pronunció un sorprendente discurso televisado al país, en el que declaró la disolución del Congreso y la instalación de una administración de emergencia.

Aliados e integrantes del gobierno de Castillo consideraron el discurso como un intento de golpe de Estado de parte del primer mandatario y renunciaron en masa. La máxima autoridad judicial de Perú declaró la acción inconstitucional, mientras que las fuerzas armadas y la policía nacional retiraron su apoyo al entonces presidente. En pocas horas, Castillo fue destituido y puesto bajo arresto y la vicepresidenta Dina Boluarte tomó posesión de la presidencia.

Con sus primeras palabras como presidenta, afirmó que restablecería la armonía nacional, devolvería a Perú a la senda del crecimiento económico y pidió una tregua entre los principales partidos de la nación, pero no llamó como muchos esperaban, a unas elecciones adelantadas.

“Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo”, dijo luego de juramentarse ante los legisladores. “Solicito un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”.

Diego Salazar, periodista ganador del Premio Nacional de Periodismo de Perú y autor de No hemos entendido nada, afirmó para Prodavinci que, si bien el gobierno de Boluarte nació con validez legal, su accionar le ha causado un problema de legitimidad.

—La presidencia de Boluarte tenía una legitimidad legal, y esto hay que repetirlo incansablemente porque hay quienes intentan negarlo, como el presidente López Obrador de México, el presidente Petro, de Colombia, y otros líderes izquierdistas de la región. La presidenta Boluarte es presidenta porque el presidente Castillo cometió un golpe de Estado y en consecuencia fue vacado por el Congreso de la República, siguiendo los procesos constitucionales —sostuvo Salazar—. Pero el encargo que recibía la presidenta Boluarte era conducir al país a unas elecciones adelantadas, y lastimosamente no lo hizo inicialmente. No ha sido capaz de construir la legitimidad que necesitaba para conducir al país a ese punto. A eso sumémosle los muertos y la estigmatización de la protesta. La presidenta no ha sabido construir esa legitimidad y no veo cómo podría hacerlo hoy.

Poco más de un año antes de ser juramentada presidenta, Boluarte era muy poco conocida en Perú. Nacida en la región de Apurímac, una zona rural del centro sur del país, se graduó como abogada y fue miembro del partido político marxista Perú Libre.

En 2021 se postuló como vicepresidenta en la fórmula presidencial de Pedro Castillo por el partido Perú Libre, con quien ganaría las elecciones en segunda vuelta el 4 de junio de 2021, al derrotar a Keiko Fujimori por no más de 45 mil votos.

Protestas desde el sur hasta la capital peruana

Las protestas que iniciaron en el “Perú profundo”, al sur del país, a favor del depuesto presidente Pedro Castillo, maestro de escuela, líder sindical y campesino, con quien los habitantes de las zonas pobres de esta región se sentían identificados, rápidamente se convirtieron en una movilización masiva agudizada por la brecha social.

Los manifestantes se expresan en contra del sistema político, por considerar que sirve sólo a las élites en Lima y discrimina a los campesinos en las regiones,  manteniéndolos sin opciones para mejorar su calidad de vida.

Las manifestaciones se han visto impulsadas por la indignación ante el creciente número de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo con La Defensoría del Pueblo de Perú, el número de muertos hasta el momento asciende a 57, de los cuales 56 son civiles, y al menos 979 civiles y 580 policías han resultado heridos.

Partidos de izquierda y parte de los manifestantes exigen que el adelanto de las elecciones sea acompañado de una Asamblea Constituyente como posible solución a la crisis política, acción que intentó el expresidente Castillo durante su corto mandato. Distintos analistas políticos consideran que convocar una Asamblea Constituyente plantea una tarea desproporcionada que requeriría contar con un mayor nivel de gobernabilidad bajo un sólido liderazgo.

El fiscal superior de Perú ha abierto una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por las semanas de enfrentamientos que han dejado ya decenas de muertos, por sospecha de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».

Las protestas están integradas, en gran medida, por habitantes de las comunidades rurales e indígenas, a quienes Castillo y Boluarte prometieron cambios estructurales para atender a las regiones: transferir recursos a gobiernos locales y regionales para acelerar las inversiones públicas, bonos económicos a personas en pobreza extrema, y la reparación de vías terrestres sin asfaltar.
Varios grupos opositores y de derecha, que juntos ostentan la mayoría en el Congreso, han decidido respaldar a Boluarte, confirmando su gabinete de gobierno el 10 de enero, lo que ha enfurecido aún más a los manifestantes, quienes la perciben como una “traidora”, que ha virado a la derecha a pesar de que fue elegida junto a Castillo, con el respaldo de un partido de ideología marxista.

Estigmatización de los manifestantes

Boluarte, quien instauró el estado de emergencia en gran parte del país el 14 de enero, se ha referido a los manifestantes  como «una banda de radicales que hacen sangrar al país». 

Otros críticos de la protesta en Perú también han etiquetado a quienes protestan como “terroristas”, evocando al grupo terrorista maoista Sendero Luminoso, que marcó al país en las décadas de los 80 y 90, y que se estima acabó con la vida de 31 mil peruanos durante su época de actividad.
Analistas políticos sugieren que la acusación de terrorismo se produce para desprestigiar las demandas legítimas de la protesta social, proporcionando un velo de impunidad para el uso excesivo de la fuerza. Para Diego Salazar Morales, Profesor Asistente en Políticas Públicas de Ulster University, en Reino Unido, este caso no es la excepción.

“Gran parte de estas regiones del sur del Perú son muy ricas en recursos naturales, pero todos estos beneficios la población no los ve. Son 30 años de esta constitución que no garantiza que estos recursos sean distribuidos de forma eficiente, que estos ciudadanos gocen de esos beneficios. Por el contrario, tienes en Ayacucho casi 40% de pobreza, en Cusco casi 50% de pobreza, y además son estigmatizados cuando protestan por ello”,  dijo Salazar Morales a la Deutsche-Welle.

Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, denuncia un aumento de las violaciones de derechos humanos, incluyendo ataques a la prensa, muertes a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y detenciones arbitrarias.
Las calles peruanas siguen sumidas en el caos. Las autoridades cerraron el aeropuerto cercano a Machu Picchu después de que los manifestantes intentaran tomar el control del aeropuerto de Cusco. Incendiaron un coche con un agente de policía dentro y prendieron fuego a la casa de un congresista, a lo que la policía ha respondido con disparos de gases lacrimógenos y municiones letales en contra de los manifestantes.

El descontento social avanza hacia la incertidumbre política

La difícil situación de Perú refleja una falta de representación democrática, agravada por la extrema polarización, la percepción de impunidad entre las élites políticas y la escasa fe de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Pedro Castillo resultó electo en las elecciones presidenciales de 2021, aunque con un estrecho margen, ofreciendo medidas para redistribuir los recursos y un papel más firme del Estado en la economía.

Para entonces, Perú salía abatido de un primer año de pandemia: la pobreza en el país aumentó sustancialmente y puso de manifiesto las deficiencias de los servicios públicos, evidenciando la vulnerabilidad de la población.

Castillo surge como consecuencia de las exigencias de un sector del país que exigía no mejoras en el PIB sino medidas para afrontar la desigualdad y promover la movilidad social. Incluso Keiko Fujimori, defensora de las políticas económicas liberales de Perú, propuso durante su campaña presidencial distintos ajustes como aumentar el salario mínimo y mejorar la red de seguridad social del país.

Con la abrupta salida del poder de Castillo, dichas demandas parecían desvanecerse dando la sensación de que no había figura política en el país que atendiera el descontento.

La propuesta de Boluarte de adelantar las elecciones presidenciales a abril de 2024, dos años antes de la fecha original, no ha logrado aplacar el ímpetu de los manifestantes, que siguen tomando las calles en distintas ciudades y poblados de Perú.

—La polarización es absoluta —sostiene Diego Salazar—.  De hecho, la actuación del gobierno no hace sino contribuir a esa polarización. Tenemos la actuación violenta de grupos de manifestantes, no todos, por supuesto, pero sí hay una actuación delincuencial, violenta e injustificable de una parte de los manifestantes, y en respuesta hay un sector de la ciudadanía que parece dispuesto a que se restablezca el orden a como dé lugar y exigir al gobierno que actúe con más firmeza, incluso después de tener decenas de muertos. Y del otro lado, también hay grupos extremistas dispuestos a aprovechar la situación para intentar sacar adelante su agenda política. Lastimosamente, lo que está ocurriendo, al no haber ni orden ni diálogo político, es que sectores más amplios de la ciudadanía se vean forzados a tomar partido y a acercarse a esos extremos”.

El 24 de enero, ante la prensa internacional, la presidenta Boluarte  pidió una “tregua nacional” a toda la ciudadanía para poder iniciar un diálogo con los manifestantes y reiteró su solicitud al Poder Legislativo para que apruebe la segunda votación a fin de adelantar las elecciones generales.
“Ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos”, dijo la presidenta.

Boluarte solicitó adelantar las elecciones a diciembre de 2023, pero el Congreso de Perú, en una sesión plenaria celebrada en la madrugada del sábado, rechazó la propuesta el sábado 28 de enero, con 45 votos a favor, 65 votos en contra y 2 abstenciones. El presidente del Congreso recibió una solicitud de «reconsideración», que podría debatirse el lunes en una nueva sesión.

La negativa a adelantar las elecciones podría aumentar la notable desaprobación popular del Congreso de Perú, que en una encuesta de Ipsos Perú, publicada el 15 de enero de 2023, tenía un 80 por ciento de desaprobación.

Si Boluarte decide renunciar a su cargo, el poder quedaría en manos del Presidente del Congreso, José Williams Zapata, general retirado, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y parlamentario del partido de derecha Alianza País, a quien se le considera uno de los principales artífices de la dimisión de Pedro Castillo. También se encuentra acusado actualmente por violación de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

La política peruana corre el riesgo de quebrarse a medida que aumenta la volatilidad en las calles y no se concrete un diálogo eficaz que acoja las preocupaciones de los manifestantes. La dura represión estatal y la falta de gobernabilidad que ha sufrido el país —Perú ha tenido seis presidentes y tres congresos en los últimos cinco años— sumado al descontento de los peruanos en torno al sistema político, plantean serios retos para restablecer la gobernabilidad y la cohesión social
—En el Perú existe una vena autoritaria que siempre está ahí —concluye Diego Salazar—. Somos un país con un pasado triste de gobiernos autoritarios que han contado con apoyos importantes de la ciudadanía. Y esto a uno y otro lado, tanto en la derecha como en la izquierda. El país está quedando a punto de caramelo para la aparición de un líder o una líder que prometa poner orden a como dé lugar. Dicho eso, no pareciera que ahora mismo exista alguien, algún líder capaz de recoger esos frutos”.