El petróleo ha sido la columna vertebral de los regímenes autocráticos de Venezuela durante décadas. Según Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Petróleo del país en la década de 1960 y uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el combustible no era «oro negro», sino el «excremento del diablo». Una investigación sobre corrupción anunciada por el gobierno dictatorial del presidente Nicolás Maduro el 17 de marzo sugiere que todavía puede haber algo de verdad en ello.

De momento, la investigación ha llevado a la dimisión de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo, que no ha sido señalado en la investigación. Casi dos docenas de personas han sido detenidas, entre ellas políticos y el regulador de criptomonedas. La fiscalía busca a otras once personas. El episodio ofrece una rara visión del caos y la corrupción en la cúpula de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), el gigante petrolero estatal que Maduro, siguiendo los pasos de su difunto predecesor, Hugo Chávez, ha llevado casi a la ruina.

Según documentos de la empresa vistos por Reuters, más de 3.000 millones de dólares han desaparecido de PDVSA desde 2020 y es probable que sean irrecuperables. Hay otros 18.000 millones de dólares perdidos por posibles deudas incobrables o fraude. En total, el 84% del valor de sus envíos facturados en los últimos tres años sigue sin pagarse. Algunos de los destinatarios afirman que sí pagaron, pero las cantidades nunca aparecieron en las arcas de la empresa. Los medios de comunicación estatales muestran imágenes de jets privados y edificios comerciales comprados supuestamente con fondos dudosos.

Estas pérdidas para la debilitada empresa son graves. Se produjeron en parte porque la firma se volvió más imprudente con el fin de evadir las sanciones estadounidenses, que se impusieron a PDVSA en 2019 después de que el señor Maduro amañara las elecciones en 2018.

Desde entonces, PDVSA ha estado vendiendo petróleo con grandes descuentos a través de una red bizantina de intermediarios, principalmente a refinerías independientes de China. Los intermediarios eluden las sanciones estadounidenses, desplegando a veces los llamados barcos fantasmas, que apagan sus dispositivos de seguimiento o cambian de nombre en alta mar. Algunas de las empresas que comercian con el petróleo fueron creadas apenas unas semanas antes de hacer negocios con PDVSA. Es muy posible que algunas fueran fraudulentas y nunca tuvieran intención de pagar los cargamentos que recibían.

Los rumores sobre los miles de millones perdidos y las dudosas prácticas comerciales circulan por Caracas desde hace meses. «Se ofrecen buques petroleros enteros a cambio de bitcoins», señaló un empresario el año pasado. Afirmaba asimismo que el Gobierno, falto de liquidez, intentaba pagar sus facturas con petróleo crudo como parte de un sistema de trueque. «Ahora todos somos comerciantes de petróleo», comentó.

Pero el Gobierno no había dicho nada públicamente sobre el escándalo en ciernes hasta marzo, cuando confirmó las primeras detenciones. Una de las teorías que explican este retraso es que Maduro pensaba que necesitaba una explicación para el deterioro de la economía. Ante la escasez de dólares, el Banco Central se esfuerza por sostener el bolívar, que se ha desplomado bruscamente desde el pasado octubre, con una caída de dos tercios frente al dólar. Esto socava la afirmación de Maduro de que ha sacado al país de la catástrofe económica de la última década. El aumento de la inflación también es un problema para Maduro de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Culpar a PDVSA de estos problemas es políticamente útil. Algunos especulan que la investigación de Maduro está diseñada en parte para enviar un mensaje a sus oponentes internos. Pero castigar a los responsables también es un asunto delicado en el mundo nepotista del régimen. En enero, Asdrúbal Chávez, entonces director de PDVSA, fue destituido de su cargo. Es primo del difunto autócrata. Eso podría explicar por qué no se hizo ninguna mención en público cuando fue relevado de sus funciones.

Francisco Monaldi, de la Universidad Rice de Houston (Texas), duda de que Maduro esté siendo especialmente estratégico. En cambio, lo que la investigación sugiere es algo más simple y triste: que la industria petrolera del país es «una enorme máquina de corrupción en la que muy poco dinero termina beneficiando al pueblo venezolano».

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The Economist

Oil has been the backbone of Venezuela’s autocratic regimes for decades. According to Juan Pablo Pérez Alfonzo, the country’s oil minister in the 1960s and one of the founders of the Organisation of the Petroleum Exporting Countries, the fuel was not “black gold”, but the “devil’s excrement”. A corruption probe announced by the dictatorial government of President Nicolás Maduro on March 17th suggests there may still be some truth in that.

So far the probe has led to the resignation of Tareck El Aissami, the oil minister, who has not been named in the investigation. Nearly two dozen people have been arrested, including politicians and the cryptocurrency regulator. Eleven other people are being sought by the state prosecutor. The episode offers a rare window into the chaos and corruption at the top of Petróleos de Venezuela sa (pdvsa), the state oil giant which Mr Maduro, following in the footsteps of his late predecessor, Hugo Chávez, has driven to near-ruin.

According to company documents seen by Reuters, more than $3bn has gone missing from pdvsa since 2020 and is likely unrecoverable. There is a further $18bn missing to potential bad debt or fraud. In total, 84% of the value of its invoiced shipments over the last three years remains unpaid. Some of the recipients claim they did pay, but the amounts never showed up in the company coffers. State media show images of private jets and commercial buildings bought allegedly with dodgy funds.

These losses for the enfeebled company are grave. They came about partly because the firm became more reckless in order to evade American sanctions, which were imposed on pdvsa in 2019 after Mr Maduro rigged the election in 2018.

Since then, PDVSA has been selling oil at a heavy discount through a byzantine network of intermediaries, mostly to independent refiners in China. The middlemen bypass American sanctions, sometimes deploying so-called ghost ships which switch off their tracking devices or change their names at sea. Some of the companies trading the oil were set up just weeks before they dealt with PDVSA. A few may have been fraudulent and never intended to pay for the cargoes they received.

Rumours of the missing billions and dubious trading practices have been swirling around Caracas, the capital, for months. “Entire oil tankers are being offered in exchange for bitcoins,” one businessman claimed last year. He said the cash-strapped government was seeking to settle its bills with crude oil as part of a barter system of payment. “We are all oil traders now,” he remarked.

But the government had not said anything publicly about the brewing scandal until March, when it confirmed the first arrests had been made. One theory for the delay is that Mr Maduro felt he needed an explanation for a deteriorating economy. Amid a shortage of dollars, the central bank has been struggling to prop up the local currency, the bolívar. It has slumped sharply since October, falling by two-thirds against the dollar. This undermines Mr Maduro’s claim that he has moved the country on from the economic catastrophe of the past decade. Rising inflation is also a problem for him ahead of presidential elections planned for 2024.

Blaming malpractice at PDVSA for such problems is politically useful. Some speculate that Mr Maduro’s probe is partly designed to send a message to his internal opponents. But punishing those responsible is also a delicate business in the regime’s nepotistic world. In January Asdrúbal Chávez, then the head of PDVSA, was removed from his post. He is a cousin of the late autocrat. That might explain why no mention was made in public when he was relieved of his duties.

Francisco Monaldi of Rice University in Houston, Texas, doubts that Mr Maduro is being particularly strategic. Instead, what the probe hints at is something simpler and sadder: that the country’s oil industry is “a massive corruption machine in which very little money at all ends up benefiting the Venezuelan people”.