El gran jurado imputa a Donald Trump por un pago a cambio de silencio a una actriz de cine porno

Un gran jurado ha votado este jueves imputar al expresidente Donald Trump en la causa por el pago secreto de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en la campaña presidencial de 2016 a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura, según fuentes que citan medios estadounidenses. El candidato republicano a la Casa Blanca en 2024 ha negado repetidamente la relación, y sus abogados han acusado a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, de extorsión. También han denunciado los movimientos del fiscal Alvin Bragg, por considerar que obedecen a intereses políticos contrarios al republicano.

La acusación concreta, que ha sido presentada bajo sello por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, probablemente se anunciará en los próximos días. Se da por hecho que, entre bambalinas, la oficina de Bragg está negociando la rendición de Trump. Si este la acepta, se podría dar la imagen inédita de un expresidente, acompañado por el Servicio Secreto, mientras es fotografiado y se le toman las huellas dactilares en un juzgado.

La oficina del fiscal de Manhattan invitó a principios de este mes a Trump a testificar ante el gran jurado que ha investigado el supuesto pago, una señal de que la acusación era inminente. El republicano declinó la oferta, según fuentes de la fiscalía. La imputación abre un escenario desconocido jurídicamente hablando, dado que ningún mandatario de EE UU, en activo o retirado, se ha enfrentado a cargos penales. También plantea un dilema existencial a su partido, ya dividido, a la hora de apoyar o rechazar a un candidato a la Casa Blanca en 2024 señalado por la justicia, aunque hasta ahora ha cerrado filas en torno al magnate.

La policía ha dispuesto planes de contingencia en Washington y en Nueva York, sede del emporio de Trump, en previsión de protestas parte de los seguidores del expresidente, tras el llamamiento realizado por este en su red social. Ante la fiscalía de Manhattan se manifestaron este lunes varias decenas de trumpistas pero el martes, el día que supuestamente iba a ser detenido según anunció en su red social, resultaba difícil encontrar algún partidario entre el centenar largo de periodistas congregados.

Tras rechazar Trump la invitación de la fiscalía, la presencia de su exabogado Michael Cohen, que la semana pasada declaró dos veces a puerta cerrada, y la de la propia Daniels hizo evidente la inminencia del procesamiento, que sin embargo volvió a dilatarse este miércoles. Cohen, otrora hombre de confianza del magnate, fue condenado a prisión en 2018 tras declararse culpable en un tribunal federal de violar las leyes de financiación de la campaña por comprar el silencio de Daniels y otra mujer durante el tramo final de la campaña de 2016, entre otros delitos.

El abogado pagó a Daniels a través de una empresa pantalla antes de serle reembolsado el dinero por Trump, cuya empresa, la Organización Trump, registró la entrega como gastos legales. A principios de 2016, Cohen también logró que la exmodelo de Playboy Karen McDougal recibiera 150.000 dólares del editor del tabloide The National Enquirer, que se comprometió a no publicar la exclusiva. Trump, que en esa época estaba casado ya con su actual esposa, Melania Trump, niega haber mantenido relaciones sexuales con ninguna de las dos mujeres.

Un año hasta el juicio

La agenda que se abre ahora ante el republicano desemboca en una fecha crucial, las elecciones presidenciales de 2024. Cualquier juicio se demoraría más de un año, según expertos legales, por lo que podría coincidir con el último tramo de la campaña. En caso de ser acusado formalmente, sería el primer presidente, activo o retirado, de EE UU que se enfrenta a un proceso penal. Pero los casos penales en Nueva York tardan por término medio más de un año en avanzar desde la acusación al juicio, según fuentes de la fiscalía del distrito de Manhattan. Eso plantea la posibilidad de un juicio en medio de la campaña, o incluso después de haberse celebrado las elecciones, aunque llevar a un presidente electo o en ejercicio a juicio por cargos estatales entra de lleno en un territorio jurídico inexplorado. Si fuera elegido, no podría indultarse a sí mismo de cargos como los presentados por Bragg.

A corto plazo, la acusación implicaría que Trump viajara a la oficina del fiscal del distrito en el centro de Nueva York para entregarse. En los casos de alto nivel como este, los abogados del acusado y los fiscales suelen acordar una fecha y hora para evitar el sonrojo de una detención a domicilio; también se evita esposar al imputado con las manos a la espalda, optando por esposarle al frente. En un irónico giro de guion, Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal rival republicano de Trump, debería aprobar la demanda de extradición del imputado, que reside habitualmente en ese Estado, aunque expertos legales sostienen que su papel sería estrictamente administrativo.

Al final no ha sido ninguna de las grandes cuentas pendientes con la justicia la que ha acabado tumbando a Trump, sino una causa menor, una aventura de alcoba, si bien con graves implicaciones en la transparencia de la campaña de 2016, por el uso de dinero negro. Pero resulta paradójico que este caso sea el que más ha empujado al republicano a un tribunal, si se tiene en cuenta el resto de procesos en su contra: dos federales, por quedarse con documentos confidenciales y por su papel a la hora de instigar el asalto al Capitolio en 2021; otro por intentar subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en el Estado de Georgia, y las causas paralelas por fraude fiscal en las fiscalías de Manhattan y Nueva York. El caso Stormy Daniels se deriva de la primera, pues se basa en un registro contable supuestamente fraudulento.

De hecho, en diciembre, la Organización Trump, nombre del emporio familiar, fue declarada culpable de fraude fiscal en un caso penal instruido también por la fiscalía de Manhattan. En septiembre, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump y a tres de sus hijos adultos por lo civil por lo que describió como un fraude “excepcional”, un caso que podría generar sanciones de al menos 250 millones de dólares.

También llama especialmente la atención la dimensión explosiva que ha cobrado este caso, si se tiene en cuenta que estuvo a punto de entrar en vía muerta en febrero del año pasado tras la renuncia de dos de los principales abogados de la oficina de Bragg, recién llegado al puesto. La dimisión de quienes hasta entonces dirigían la investigación fue interpretada como un repliegue de la fiscalía y tal vez un eventual archivo de la causa, pero nada más lejos de la realidad, como demuestra la imputación en un caso que se ha acelerado en las últimas semanas con la presentación de pruebas ante el gran jurado. Desde mediados de enero, el gran jurado ha venido reuniéndose cada lunes, miércoles y jueves a las dos de la tarde, hora local.

Es tan amplio el frente judicial que afronta Trump que el presidente Joe Biden nombró en noviembre a un fiscal especial, Jack Smith, para supervisar todas las investigaciones que le implican. En todos los casos, empezando por el de Daniels, el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024 ha negado la mayor. Sobre el fiscal Bragg, Trump escribió el sábado en su red social, Truth Social, que la oficina que dirige el demócrata es “corrupta y altamente politizada”. Como tinta de calamar, ha arremetido también contra la fiscal del Estado de Nueva York, la demócrata James, asegurando que es objeto de una “caza de brujas”, es decir, de una persecución política motivada por los intereses de la que fuera en su día candidata a gobernar Nueva York.

La supuesta motivación política que Trump y sus abogados echan en cara a Bragg y a James fue el argumento utilizado el sábado por el republicano de más rango en EE UU, el portavoz de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que ha mantenido con Trump una relación llena de altibajos. Cerrando filas, McCarthy tuiteó su intención de pedir a los responsables de los comités republicanos en el Congreso que “investiguen inmediatamente si se están utilizando fondos federales para subvertir nuestra democracia interfiriendo en las elecciones con procesamientos por motivos políticos”. “Aquí estamos de nuevo: un escandaloso abuso de poder por parte de un fiscal radical que deja libres a criminales violentos mientras persigue una venganza política contra el presidente Trump”, dijo McCarthy, en alusión al que probablemente sea el mayor desafío del fiscal de Manhattan: la reforma del sistema de fianza y libertad condicional para evitar las puertas giratorias de comisarías y cárceles. Una munición que los republicanos usan para exonerar de toda culpa a Trump y que ahonda en la polarización que dejó como principal legado el exmandatario.