Armando Durán / Laberintos: Petro contra las cuerdas

   Apenas con 10 meses de vida, y el gobierno de Gustavo Petro tiene las horas contadas para evitar que la crisis que lo acorrala se haga incurable y terminal. Por eso, el pasado 7 de junio, en el marco de las manifestaciones con que sus partidarios le ofrecieron su respaldo en las calles de Medellín y Bogotá, amenazó a sus opositores con una advertencia categórica:  “No se atrevan a romper con la democracia, porque se encontrarán con un gigante en las calles.”  

   Según el diario El Tiempo, con este ultimátum. Petro radicalizó su discurso de calle. Afirmación que reitera El Espectador al destacar que Petro denuncia que los enemigos de sus proyectos por reformar la legislación colombiana en materia laboral, de salud y pensiones forman parte de lo que él califica de “golpe blando” contra su Presidencia y contra la democracia, y avisa, tajantemente, que si persisten en la tarea de impedirlas el pueblo tomará las calles del país.

   Nada casualmente, este mismo miércoles, unas 400 figuras intelectuales y políticas de las dos Américas, agrupados en lo que ellos llaman Movimiento Internacional Progresista, entre quienes se encuentran los expresidentes de gobierno de España, Ecuador y Colombia, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafel Correa y Ernesto Samper, el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel y el filósofo estadounidense Noam Chomsky, dieron a conocer un comunicado de prensa en el que señalan que los poderes “tradicionales” de Colombia, “están desplegando el poder institucional combinado de las agencias reguladoras, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas (de Petro), intimidar a sus partidarios, derrotar su liderazgo y difamar su imagen en el escenario internacional”, y exhortan a “los aliados de la democracia a evitar “el avance de un golpe blando en Colombia.”

   Este cuadro de confrontación estalló hace casi un año, cuando el 29 de mayo se conocieron los resultados de la primera vuelta de las elecciones colombianas. Petro ganó aquella batalla electoral, primer candidato presidencial de izquierda que lo lograba, pero con solo 40 por ciento de los votos, insuficiente mayoría para ser proclamado presidente electo de Colombia. Rodolfo Hernández, candidato populista de centroderecha, conquistó 28 por ciento, y Fico Gutiérrez, del uribismo ultraderechista, 24 por ciento. De acuerdo con los analistas de aquella jornada, a pesar de su victoria en las urnas, Petro quedó desolado. Había hecho su campaña electoral con la esperanza de se alzaría con la Presidencia de Colombia en la primera vuelta y ahora, al no conseguirlo y asumir que los votos de Gutiérrez se sumarían automáticamente a los de Hernández, comprendió que estaba en un callejón sin salida. Para superar esa dificultad tendría que bajar significativamente el tono de su perfil político de exmilitante del insurreccional M-19, pero sin renunciar a su oferta de cambio a fondo de la realidad colombiana. Una meta que parecía imposible a solo tres semanas de la segunda vuelta, pero lo logró.

   Aquel triunfo, sin embargo, fue una victoria pírrica. Los partidos Liberal y Conservador, las dos fuerzas que tradicionalmente compartían el poder político en Colombia, hace mucho que se habían dividido y subdividido, fragmentación que terminó convirtiendo al Congreso del país en un auténtico campo minado, y obligó a Petro a buscar una alianza parlamentaria que le permitiera navegar entre los múltiples escollos de un poder legislativo atomizado en un archipiélago de organizaciones y movimientos políticos sin ideologías ni códigos programáticos y morales. Su único recurso para sortear los obstáculos que se ocultaban en esas aguas turbulentas y contar con la aprobación parlamentaria que exige la constitución del país para que los proyectos del presidente de la República se hicieran realidad.

   Consciente de la magnitud de este desafío, en su discurso del 19 de junio, al ser oficialmente declarado presidente electo de Colombia, Petro apuntó en esa dirección. Por una parte, reafirmó que, en efecto, su gobierno sería un gobierno de cambios, pero garantizó que lo haría sin sectarismo ni odios, sino con amor, porque “para hacer las reformas que necesita Colombia”, que debe ser una, no dos, se requiere entender que en medio de la diversidad de posiciones políticas que muestran los resultados electorales y la dispersa composición de las dos cámaras del Congreso, la gobernabilidad del país precisaba de “un gran acuerdo nacional”, objetivo que solo se alcanzaría dialogando, “para comprendernos los unos y los otros.”

   Esta suerte de espejismo color rosa y buenas intenciones duró bien poco. En primer lugar, facilitó la creación de un pacto parlamentario que a su vez propició el reconocimiento y la instalación del nuevo gobierno, después la aprobación del proyecto de reforma tributaria. Pero cuando le llegó su turno a la discusión del proyecto de reforma sanitaria, ah, entonces ardió Troya. Hasta el extremo de que los tres principales partidos de la alianza parlamentaria que le daban a Petro piso político circunstancial pero suficiente en el Senado y en la cámara baja, el Liberal, el Conservador y el de la Unión por la Gente, del expresidente Álvaro Uribe, en comunicados divulgados por las redes sociales en la última semana de abril, informaron a la opinión pública que votarían en contra del proyecto.

    La reacción de Petro no se hizo esperar y el 26 de abril pasado anunció que en vista de que su “invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazado, la coalición política pactada como mayoría ha terminado el día de hoy.” Se rompía así el pacto parlamentario, porque “fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento”, y añadía que a pesar de ello, “vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes pactos nacionales.” Con ese propósito, y para reemprender el camino por la hoja de ruta de los cambió se designó ese día un nuevo gabinete ejecutivo. Anuncios que en pocas palabras le planteaba a los partidos políticos, a sus dirigentes y al pueblo colombiano, una disyuntiva terminante: lo tomas o lo dejas. Es decir, o el Congreso reanuda su colaboración con el Gobierno y aprueba sus proyectos de reformas sanitaria, laboral y de pensiones, o estalla la guerra entre ambos poderes públicos.  Un enfrentamiento con desenlace a plazo fijo y sin aparente vuelta atrás, porque si para el próximo 20 de junio, fecha en que concluye el actual período de sesiones del Congreso de Colombia, no se ha aprobado la hasta ahora rechazada reforma sanitaria, Petro, acorralado desde hace tres meses por la insumisión del poder legislativo, puede que cumpla la amenaza que había insinuado horas antes desde el valle del Cauca de convertir su nuevo gabinete en un Gobierno de emergencia. Con todas sus consecuencias, incluyendo a la de convocar al pueblo a tomar las calles de toda Colombia.