Una consulta ilegal e inasumible

De los tres escenarios posibles que arrojan las urnas –investidura de Alberto Núñez Feijóo, acuerdo múltiple de Pedro Sánchez con separatistas a la espera de una decisión de Carles Puigdemont, o bloqueo y repetición electoral–, la más factible se resume a priori en la frase que este lunes pronunció Sánchez ante su Ejecutiva: «La democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad y no habrá nuevas elecciones». Esta seguridad del presidente del Gobierno en sí mismo, dadas las enormes dificultades para que el PP reúna como mínimo el apoyo de Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, contrasta sin embargo con la dureza del mensaje que este lunes repitió Junts. Según Puigdemont, para apoyar a Sánchez, o abstenerse en la segunda votación de su investidura, se debe producir la doble condición de una consulta «pactada y vinculante» por la independencia, y un amnistía para todos aquellos cargos del separatismo pendientes de juicio o sentencia. Esto implicaría, desde luego, el regreso triunfante a España del fugado Puigdemont. El coste de esa cesión sería inasumible. Un referéndum por la independencia es inconstitucional y, por tanto, ilegal, lo mismo que cualquier tipo de amnistía. Sencillamente, esa exigencia supera el marco legal y ni siquiera Sánchez, que ha derogado la sedición e indultado a los condenados del ‘procés’, podría convertir su palabra en una garantía para causar semejante destrozo a nuestra Constitución. Ese planteamiento no sería admisible en nuestro Estado.

Sin embargo, conviene no ser ingenuo y asumir que a menudo, en cualquier negociación, se plantean exigencias de máximos para ir edulcorando después las propuestas. Es el poder lo que se juega, y Sánchez ha demostrado con creces que se maneja a la perfección cediendo al separatismo. De hecho, los resultados en Cataluña muestran al PSC como gran triunfador frente a Junts y a ERC porque ha sabido capitalizar no sólo la movilización de los socialistas bajo el mensaje de que Sánchez ha conseguido una «pacificación», sino también una parte del voto soberanista. El pasado domingo ya se supo que la investidura dependería de Puigdemont, y en el bloque de la izquierda se ha instalado la teoría de que, aunque con dificultades, Sánchez conseguirá formar gobierno con el aval de Junts. El precio sería una agenda secreta de concesiones que estarían por negociar. En sentido inverso, es cierto que Junts ha rentabilizado el fracaso de ERC y que su obsesión por identificar del mismo modo al PSOE y al PP –su cruzada es contra todos– hará inviable la investidura. Puigdemont decidirá en última instancia. Pero Sánchez ya lo tiene decidido, y por eso ha autorizado que, en su nombre y desde Sumar, se hayan iniciado contactos con Junts a través del ‘fontanero’ Jaume Asens en el antiguo papel que ya hizo Pablo Iglesias con los partidos rupturistas. Fracase o no, la evidencia es que esa negociación está en marcha. Una investidura de Sánchez con Sumar, ERC, Bildu, el PNV y el apoyo expreso o tácito de Junts sería el escenario más tóxico, y como mal menor y recurso alternativo, cobraría sentido una nueva convocatoria a las urnas para deshacer un bloqueo institucional corrosivo para España, como se demostró en 2016.

En la izquierda, Sánchez tiene motivos para estar satisfecho. Tiene opciones realistas de gobernar, se ha sacudido la presión tras el fracaso del 28-M, tiene un amplio margen del manejo de los tiempos, y un respaldo sociológico suficiente que avala su relación con partidos como Bildu, por inexplicable que parezca. Sin embargo, en Sumar la guerra se desencadenó nada más abrirse las urnas. Ione Belarra y Pablo Iglesias arremetieron contra Yolanda Díaz por el empeoramiento de los resultados, por la práctica desaparición de Podemos del Congreso –sólo cinco escaños–, y porque la percepción de haber salvado los muebles sólo se debe a que Sánchez tiene opciones de gobernar, pero en ningún caso a la gestión de Díaz. Las facturas al cobro tras las purgas abren también un escenario incierto en ese partido.

El marco previo de estas elecciones había generado la falsa expectativa de un derrumbe de la izquierda y una suma suficiente de PP y Vox. No ha sido así. En realidad el Congreso se ha ‘moderado’, con menos escaños de los partidos más radicales y populistas. Sin embargo, difícilmente eso se traducirá en acuerdos PP-PSOE, que serían una alternativa para no tener que depender de extremismos. Pero lamentablemente no tienen visos de producirse. Primero, porque Sánchez lo rechaza, y segundo, porque la izquierda y el independentismo están vendiendo como un éxito político lo que no es sino una alianza de partidos perdedores. Esa es la complejísima disyuntiva que afronta España.