José Antonio Viera-Gallo: El equilibrio constitucional tensionado

Los consejeros constitucionales han formulado numerosas y variadas indicaciones para modificar el anteproyecto elaborado por los expertos. En su mayoría (cerca de 400) son de Republicanos, seguidos por Chile Vamos. A su vez 31 iniciativas populares de normas alcanzaron el quórum necesario. Las iniciativas conjuntas entre Republicanos y Chile Vamos son pocas, pero significativas: se refieren a la facultad de elección en salud y pensiones, a la propiedad y herencia de los fondos de pensiones, reforzar el derecho preferente de los padres a la educación de los hijos y la creación de un nuevo capítulo referido a la defensa nacional.

Ello ha provocado una primera reacción de alarma en el oficialismo motivada en la presunción que pudiera deshacerse el consenso que dio origen al anteproyecto. Por su parte el oficialismo planteó pocas enmiendas pese a que el PC quería formular un número superior de cambios. El oficialismo no alcanza el tercio de consejeros para vetar una propuesta, lo que si puede hacer la oposición si actúa unida.

El consenso posible

El anteproyecto ha sido generalmente valorado como una propuesta coherente y razonable de nueva Constitución, formulada bajo el criterio de buscar una normativa en que todos los componentes de la sociedad pudieran convivir en paz. Se buscaba evitar una Constitución partidista, que inevitablemente chocaría con los sectores que no compartieran la ideología que la inspira. Este empeño por alcanzar un común denominador básico -que algunos llaman mínimo- no resulta fácil en una sociedad crecientemente compleja y plural.

La idea que inspiró a los expertos fue lograr un equilibrio entre un eje fundamental de principios que sirven de base a la convivencia social, por una parte, y la libertad de las personas para definir sus propios proyectos de vida por otra. El primer punto es, además de una exigencia fáctica para que la vida en común sea posible, una exigencia normativa proveniente de la obligación de todos los Estados de respetar y promover los derechos humanos. Esta revalorización de los principios fundantes del orden constitucional es una característica del constitucionalismo actual. El segundo punto -el polo de la libertad individual y grupal- es una de las características de la democracia desde los tiempos de Aristóteles (“el hombre debe vivir como quiera”), asumida por el liberalismo.

El equilibrio se plasmó por los expertos dentro del campo estrictamente político y jurídico donde según Rawls se pueden y se deben definir los consensos entrecruzados, aunque los participantes adhirieran a doctrinas diferentes.

Si bien las Constituciones no nacen tanto del saber teórico de los juristas y de los ideales de los filósofos y políticos como de las luchas sociales y de las crisis que vive una sociedad, no cabe duda de que el propio proceso político que les da origen está marcado por la evolución de las ideas. Y en la sociedad actual sometida a la innovación y el cambio constantes existen múltiples ideologías y temas centrales en discusión. No se puede pretender resolver todos los debates políticos y culturales en la Constitución. Una Carta Fundamental está orientada al futuro, aunque vive en el presente, por lo que debe establecer el marco necesario para que los debates de hoy y mañana se desarrollen y resuelvan normalmente.

La disyuntiva es cuánto establecer en la Constitución y cuánto dejar a la libre decisión de los ciudadanos y sus representantes. Es evidente que una nueva Constitución no debiera consagrar un determinado proyecto político, pero sí debe recoger los avances culturales del derecho.

En tal sentido, el Estado social de derecho es un avance de post guerra. Tiene diversas expresiones y formas, pero todas ellas se basan en el respeto de la democracia, la norma jurídica, la justicia social y los derechos de las personas, comprometiendo a los poderes públicos en un papel activo para lograr el bien común. No es neutral, pero tampoco se compromete con un determinado proyecto político: establece parámetros democráticos, dentro de los cuales cabe la competencia electoral y la alternancia en el poder. Hay que tener siempre en cuenta que las nuevas normas constitucionales siempre estarán sujetas a la interpretación legislativa, administrativa y judicial, según vaya evolucionando la sociedad, lo que va generando el derecho viviente. Una Constitución marca un hito. Pero no es una estación final. Más bien es un punto de partida.

La discusión entra en tierra derecha

En agosto parte el debate sobre las modificaciones propuestas por los consejeros constitucionales al anteproyecto de los expertos, que según una reciente encuesta ha sido valorado positivamente por el 80% de los entrevistados, y ninguno de sus artículos ha tenido una evaluación inferior al 50%. Esta etapa de revisión es necesaria y útil. El problema es que la composición política del Consejo difiere enormemente de la del grupo de expertos, dando un peso que puede ser desequilibrante al sector de derecha y particularmente al Partido Republicano, que por sí solo puede evitar la aprobación de una norma.

De un primer análisis de los cambios sugeridos se puede concluir que algunos pueden alterar el eje estructurante del anteproyecto de los expertos. No sólo por su contenido normativo, sino también por su impacto simbólico. Hay propuestas que tal vez son más bien testimoniales; otras tienen un rango propio de una ley o incluso de un reglamento; pero hay otras que pretenden zanjar temas culturales o políticos hoy en debate en la sociedad y el Parlamento donde a diferencia del Consejo existe un virtual empate entre las fuerzas políticas. También hay aportes cruzados que mejoran el documento de base.

La participación de los expertos con derecho a voz en el trabajo de las cuatro comisiones es una garantía de que el espíritu del anteproyecto pueda ser respetado.

Por eso más que emitir juicios apresurados en bloque sobre esas iniciativas, cabe seguir el debate en que ellas serán analizadas y votadas. La evaluación definitiva debe reservarse para el final. Una primera instancia de carácter definitorio será la votación en el plenario de los informes de las comisiones. Luego el documento pasará al grupo de expertos para que haga sus observaciones mediante un cuórum de 3/5, las que el Consejo puede aceptar o rechazar, en cuyo caso se forma una Comisión Mixta. La última palabra la tiene siempre el Consejo Constitucional que debe ratificar por 3/5 de sus miembros el texto que será comunicado al Presidente de la República para ser sometido a plebiscito.

Ningún sector se puede atribuir la representación del parecer de la ciudadanía. Hasta ahora las encuestas muestran que existe un alto porcentaje de personas que se inclinan por el rechazo. Pero la situación puede cambiar según se vaya desarrollando el debate en el Consejo Constitucional: un texto de consenso en principio debiera tener mayor apoyo que uno que fuera aprobado sólo por una parte del Consejo.

El camino es todavía largo. Estamos en los prolegómenos de una negociación necesaria. Es importante que los consejeros tengan en cuenta que la opinión pública sigue el curso de sus debates y los argumentos que se esgrimen, y sopesará su resultado al momento de emitir su voto en el plebiscito de salida. Es grande su responsabilidad para evitar un callejón sin salida a la vista.