ERC pone su precio a Sánchez

EL presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, tomó la iniciativa frente a Carles Puigdemont y fijó este martes la agenda de un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para ir de forma conjunta a la investidura de Pedro Sánchez. Es una agenda hecha con mensajes directos al candidato socialista que constituyen el precio inicial de su continuidad en La Moncloa. Aragonès pidió que se acabe con los déficits fiscal, de infraestructuras y de servicios públicos en Cataluña, es decir, la condonación del dinero que recibieron del Fondo de Liquidez Autonómica, y también reclamó el fin de lo que el independentismo llama «represión», que es un eufemismo para referirse a una solución –imposible en nuestro Estado de derecho– que evite juzgar a cientos de cargos y activistas del independentismo por los múltiples delitos del 1-O. Y por supuesto, ERC exigió una solución al ‘conflicto político’ mediante un referéndum de autodeterminación. El presidente catalán coló repetidamente en su discurso apelaciones a la mejora de las condiciones de vida, sin duda para rebajar la inflamación independentista de su discurso una vez comprobado que los resultados del 23-J no reflejan el antaño fervor separatista que dominaba en la opinión pública catalana. En todo caso, Aragonés sabe que debe recolocar a ERC para marcar distancias frente al PSOE y no entregar más terreno a Carles Puigdemont y a su partido. No sólo está en juego la investidura de Pedro Sánchez, sino el liderazgo del separatismo catalán. La propuesta de Aragonès quedaría de antemano descartada si no fuera el PSOE a quien se dirige. El presidente catalán tiene motivos para confiar en que ninguna negativa de los socialistas, y menos aún de Pedro Sánchez, es definitiva. Por eso se regodeó con las veces en las que el separatismo dobló el pulso al líder socialista: de cuando Sánchez dijo primero que las condenas por sedición y malversación se cumplirían íntegramente para después indultar a los condenados y derogar el delito de sedición; o de cuando primero sostuvo que en Cataluña había un conflicto entre catalanes y después cambió su discurso para afirmar que es un «conflicto político» con España. Conocen de sobra a Sánchez, sin duda.

No es relevante, a efectos políticos, que lo que pida Aragonès no pueda, ética y jurídicamente, ser atendido por quien aspire a presidir el gobierno de España. Si se trata de Pedro Sánchez, no es relevante, porque el PSOE ha borrado de su estrategia política cualquier límite infranqueable. Basta con recordar todos los límites que en algún momento fijaron y todos los que después han superado sin complejos para seguir en el poder. Además, la Constitución de 1978 ha dejado de ser el marco de referencia para descartar pactos con el separatismo. De hecho, Sánchez se presenta ya como líder de una «mayoría social» que incluye a Arnaldo Otegi, a Oriol Junqueras y a Carles Puigdemont. Más aún, cuando los socialistas y Yolanda Díaz se refieren al «marco constitucional» como límite de sus pactos con el separatismo no están pensando en la Constitución de 1978, sino en el actual Tribunal Constitucional, al que socialistas consideran piedra angular de su estrategia política. Bastaría con que el PSOE y sus socios de Sumar se refirieran a la unidad indisoluble de España, a la soberanía de su pueblo, a los principios de igualdad y solidaridad entre ciudadanos y a la primacía de la Constitución sobre los estatutos de autonomía para que quedara claro de qué «marco constitucional» están hablando. Pero no lo harán porque su Constitución no es la refrendada en 1978, sino la que confían en que genere, sentencia a sentencia, un TC diseñado a la medida de Sánchez.