España es un dolor enorme

Hay una corriente de opinión que intenta convencernos de que el «Gobierno Frankenstein», del que volverían a formar parte, de una u otra manera, socialistas, comunistas y populistas de extrema izquierda junto con los separatistas de la periferia, es el que mejor refleja la realidad española y, por tanto, el más adecuado en estos momentos para frenar el avance de la extrema derecha. ¡Así es España, es lo que quiere el pueblo!, vienen a decir. Lo llaman «Gobierno de progreso». Y para acallar a los que muestran su asombro ante semejante interpretación de la realidad, no tienen inconveniente en inventarse una realidad paralela: falsifican el resultado de las urnas pregonando que ha ganado la izquierda y meten en el mismo saco progresista a los del puño y la rosa, a los de la hoz y el martillo, algo sin precedentes en la Europa comunitaria, a los herederos de ETA y a los representantes ultraconservadores de la burguesía vasca y catalana. Dan así la razón al lamento de Ortega: «España es un dolor enorme, profundo, difuso: España no existe como nación». Su destrucción es la razón política de los socios de Sánchez.

Lo estamos comprobando en esas maniobras febriles, oscuras, en ese obsceno mercadeo que están llevando a cabo los amigos de Frankenstein, para resucitar al monstruo. Todo vale, no importa el precio. A la mayor parte de los participantes en la operación, más que Feijóo, les estorba el Rey, al que Pedro Sánchez está poniendo en un brete con motivo de la investidura. Y, desde luego, les sobran la Constitución, los jueces y la prensa libre. Esta izquierda zarrapastrosa que tenemos gasta su tiempo en mirar hacia atrás, reproduciendo a destiempo el fracasado modelo de la II República, claramente desfigurado. Y Europa mira para otro lado. En Bruselas, en las cancillerías y en las corresponsalías de la prensa extranjera se fían todavía del medio de comunicación convertido en inspirador y oráculo del «sanchismo». Les cuesta caer del burro.

De cara a la investidura, está prevaleciendo una interpretación de la Constitución que conduce directamente a la partitocracia. El Congreso de los Diputados se convierte en mero ejecutor de las decisiones adoptadas en el seno de los partidos. Se descarta la libertad de los representantes del pueblo, que no deben estar sometidos a mandato imperativo alguno según la Constitución. Ningún candidato puede garantizar al Rey que cuenta con los votos necesarios. Eso dependerá de lo que decida cada diputado después de la exposición del aspirante y del correspondiente debate. Si no, todo esto sobra, se convierte en una farsa.