Amenaza al Estado de derecho

Carles Puigdemont compareció ante los medios desde Bruselas para exponer cuáles serán sus exigencias de cara a una eventual investidura de Pedro Sánchez. En un hotel, y con un fondo con las estrellas de la UE que fingía ser un escenario institucional, el líder del ‘procés’ puso un precio imposible para su apoyo después de encontrarse el día anterior con Yolanda Díaz. Muchas son las críticas que se le pueden hacer al que fuera presidente de Cataluña y promotor del golpe del 1-O, pero nadie podrá acusarle de falta de claridad en el marco de su fabulación antidemocrática. En su exposición, quien hoy se mantiene fugado de la justicia señaló que sólo existen tres escenarios para el futuro político inmediato de España: o se tramita una ley de amnistía, o se vuelven a convocar elecciones generales o, como último escenario, algunos diputados socialistas dan su apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Poco después, Puigdemont simplificó su discurso y circunscribió las opciones sólo a dos: o se celebran nuevos comicios, o se pacta una amnistía con un partido que «mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán». Esa literalidad despeja cualquier duda: ninguna formación política en España con vocación de gobierno podría satisfacer una solicitud semejante sin abandonar la senda de la institucionalidad y sin convertirse en parte activa del derrocamiento de nuestro Estado de derecho.

En lógica democrática, la propuesta de Puigdemont abocaría necesariamente a nuevas elecciones dado que su alternativa resulta absolutamente inviable. La amnistía, como expuso con precisión paradójica el expresidente de la Generalitat, entrañaría conceder legitimidad al ‘procés’ e impugnaría lo que, en su delirante relato, constituyó una criminalización represiva. Ninguna democracia consolidada podría considerar ilegítimas las acciones promovidas desde los poderes del Estado en la persecución de delitos tan graves como los perpetrados en 2017. El poder judicial obró con pulcritud y diligencia al procesar, con todas las garantías, a los sediciosos y malversadores. De igual modo, el poder legislativo aprobó de forma responsable la aplicación del artículo 155 en Cataluña con los votos, recordémoslo, del Partido Socialista. Conceder una amnistía requeriría impugnar nuestro ordenamiento jurídico y las acciones con las que el Estado de derecho se defendió de lo que, hasta la fecha, ha constituido la mayor amenaza para nuestra democracia junto con el 23F.

La grotesca propuesta de Puigdemont, contraria a derecho y sustentada sobre falacias históricas inspiradas en un tipo de ceguera que sólo puede alimentar el nacionalismo excluyente, invalida de forma definitiva la interlocución con quienes delinquieron y se siguen reservando la opción de atentar contra el orden legal a través de una declaración unilateral de independencia. Ni Pedro Sánchez cuenta personalmente con la representación suficiente como para impulsar la quiebra de nuestro pacto de convivencia, ni el Congreso de los Diputados está autorizado para ejecutar un cambio de régimen sin las mayorías reforzadas que una reforma constitucional entraña, ni el Tribunal Constitucional podría validar el desmantelamiento de nuestro Estado de derecho sin incurrir en una prevaricación manifiesta. Cualquier concesión en esa dirección generaría una irreversible quiebra del imperio de la ley y de los fundamentos explícitos e implícitos que sostienen la convivencia democrática.