Meloni acusa a la izquierda europea de «hacer inevitable la inmigración masiva»

El Gobierno italiano ha aprobado este lunes una serie de medidas contra la inmigración irregular, que se suman al plan europeo anunciado el domingo en Lampedusa por la presidente de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, para afrontar la crisis de la inmigración. El Consejo de Ministros ha decidido duplicar los centros de detención para repatriaciones (CPR), donde serán enviados los inmigrantes que entren ilegalmente en Italia. Actualmente hay 10 en el país transalpino. El objetivo es que haya un centro en cada una de las 20 regiones italianas.

Para evitar su rechazo y las presumibles protestas de algunos municipios, los centros se ubicarán en lugares con muy baja densidad de población. Se utilizarán antiguos cuarteles y otras estructuras militares en desuso, para transformarlos en centros de detención para inmigrantes irregulares. El plazo máximo de internamiento, según la normativa europea, es de 18 meses. La supervisión no estará a cargo del ejército, sino de la policía y los carabineros. En los nuevos CPR, permanecerán detenidos los extranjeros irregulares para quienes la policía haya dictado orden de expulsión, a la espera de la convalidación de la detención por parte del juez y la aprobación del país al que serán repatriarlos.

Precisamente, la repatriación ha sido siempre el tema más delicado, porque hasta ahora esta operación ha sido casi como intentar vaciar el mar con un cubo. En este año se han acelerado, pero las cifras son mínimas en comparación con los casi 130.000 inmigrantes que desembarcaron en el 2023 en Italia, cifra que podría llegar a 180.000 a finales de año. Las repatriaciones aceleradas son el objetivo del Gobierno Meloni, que quiere devolver a los inmigrantes a países considerados «seguros». Es decir, en el último Pacto Europeo se acordó que los inmigrantes a los que se rechaza su solicitud de asilo puedan ser repatriados no solo a su país de origen, sino también en un país con el que tenga otro tipo de vínculos, en el que por ejemplo haya transitado, o haya sido detenido durante su ruta migratoria. En este contexto, Italia considera que Túnez puede tener un papel crucial.

Al iniciar el Consejo de ministros, Giogia Meloni, expresó su «gran satisfacción por la unidad y el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno para afrontar la emergencia migratoria», atacando después, según los medios italianos, entre ellos el Corriere della Sera, a algunas fuerzas italianas y europeas, citando a Josep Borrell: «Es triste comprobar que parte de las fuerzas políticas italianas y europeas, por razones ideológicas o, peor aún, por cálculo político, estén luchando y haciendo todo lo posible para desmantelar el trabajo que se está realizando. Me refiero a la carta del Alto Representante para la Política Exterior Europea, Borrell, a los llamamientos de los socialistas europeos y a las posiciones adoptadas por diversos exponentes de la izquierda, pero no sólo. Acciones todas que van en la misma dirección de intentar argumentar que ninguno de los países del norte de África son Estados seguros con los que sea posible pactar el frenar las salidas o repatriar a inmigrantes ilegales. En esencia, la voluntad de la izquierda europea es hacer inevitable la inmigración ilegal masiva«.

Muchos italianos, en particular los residentes en Lampedusa, temieron que la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sirviera solo, como en otras ocasiones, de pasarela sobre los inmigrantes, con palabras de solidaridad europea, que luego no van seguidas de hechos. De momento, casi nada parece haber cambiado. Berlín y París, Varsovia y Viena ya se han pronunciado: no acogeremos a inmigrantes de Lampedusa, dejando en papel mojado el punto número 2 del plan de acción, contenido en un decálogo, presentado por Von der Leyen, que textualmente dice: «Intensificación de los esfuerzos de la UE para trasladar a migrantes desde Lampedusa a otros destinos, instando a los países miembros a activar el mecanismo voluntario de solidaridad para acogerlos.

Por tanto, una invitación a los Estados europeos a contribuir voluntariamente a los esfuerzos de Italia». La respuesta del ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha sido lapidaria: «No, Francia no se está preparando para acoger a algunos de los inmigrantes que desembarcaron en Lampedusa». El ministro Darmanin explica que «sería un error de juicio considerar que los inmigrantes, desde que llegan a Europa, deben ser distribuidos inmediatamente« entre los Estados de la UE. Para Francia, es necesario aplicar el acuerdo europeo alcanzado el pasado mes de junio, que prevé una acción colectiva para reducir los flujos y examinar las solicitudes de asilo de quienes desembarcan en las costas del Mediterráneo. «Sólo les daremos la bienvenida si respetan las normas de asilo, si son perseguidos. Pero si se trata simplemente de una inmigración irregular -agregó el ministro del Interior Gérald Darmanin-, Francia no puede acogerlos, ni tampoco otros países». La única solución, concluyó el ministro francés, es »expulsar a sus países a quienes no tienen nada que hacer en Europa«.