El proceso no puede morir
Ni los consejeros, ni los expertos ni los partidos, pueden dar por muerto el proceso. Su obligación con la ciudadanía es escribir un texto que podamos aprobar en diciembre.
La discusión constitucional parece estar llegando a un punto de no retorno. El pleno avanza impávido ante las voces de alerta y preocupación ante un eventual nuevo rechazo. Rechazo que no hará más que confirmar a ojos de la ciudadanía la incapacidad de la política.
Parte del problema que se vislumbra, es que todos parecen ya haber tirado la toalla. Ni los propios protagonistas parecen tener esperanzas en el resultado y concluyen erróneamente que no queda más que llevar agua para el propio molino. Nadie, por tanto, está realmente muy dispuesto a generar los acuerdos necesarios y urgentes. ¿Para qué? ¿Para qué Republicanos va a matizar sus posturas y enmiendas más programáticas? ¿Para qué la izquierda va a bajar ciertas líneas rojas o conceder discusiones donde no tiene mayoría? Ante un proceso que ven fracasado, mejor asegurar los propios votos teniendo en mente las elecciones que se aproximan.
Llama la atención también el silencio y actitud de referentes y dirigentes de partidos políticos. Salvo excepciones, más allá de ciertos llamados, reproches o críticas, parecen estar totalmente ausentes del debate. Mejor no dejarse manchar por este proceso fracasado, pero a la vez, calculadora en mano, no dejan pasar la oportunidad de golpearlo para no perder a los votantes.
Sin embargo, ni los consejeros, ni los expertos ni los partidos, pueden dar por muerto el proceso. Su obligación con la ciudadanía es escribir un texto que podamos aprobar en diciembre. Los consejeros encuentran su obligación en el mandato que les dimos al votar por ellos. Los partidos, en sus propios actos, al ofrecer este mecanismo como solución al país. Contrario al ánimo que se ve, debieran estar desviviéndose por lograr que se generen los acuerdos y dar un texto -a la altura- a Chile (tanto por sus compromisos como por las consecuencias y riesgos que tiene para ellos un nuevo fracaso político).
La pregunta, es cómo evitamos dejar morir el proceso. La respuesta es el consenso. No el consenso por el consenso, como algunos caricaturizan, sino porque se trata de cerrar de forma adecuada el problema constitucional para dar estabilidad al país, para atender los problemas ciudadanos, para volver a rehabilitar la política y la confianza ciudadana. Ello exige que existan renuncias por parte de los distintos sectores. Significa que dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno frente a cada discusión y se asuman responsabilidades compartidas. En pocas palabras, así como Republicanos se pierde buscando empecinadamente aprobar la exención de contribuciones, es mezquino plantear que son lo mismo que la Convención pero con terno.
Es necesario volver a poner sobre la discusión aquellos puntos relevantes, generan acuerdo y que son claramente positivos. Lamentablemente en la política de trinchera ante el eventual fracaso, pasaron al olvido todas aquellos artículos y novedades que son significativas tanto para mejorar el sistema político como para la ciudadanía. Sin pena ni gloria quedan el derecho del administrado, la agenda anticorrupción, las normas para fortalecer los partidos políticos, el recurso de derechos sociales. Sigamos dando la tozuda pelea en los elementos externos y secundarios de una Constitución y no nos sorprendamos luego por los resultados.
Quizás parte del problema es que hoy por hoy son también los políticos y no sólo la ciudadanía, los que desconfían -¿y le temen?- a la política y por tanto a los consensos. Pero, tal como decía Gonzalo Vial, el consenso es lo que permite que “la sociedad conviva pacífica y civilmente”. No podemos, no pueden los protagonistas, en su responsabilidad de escribir el nuevo texto, pretender hacerlo sin llegar a consensos. Dejemos fuera los consensos y quien gobierne terminará siendo la violencia.
