Doble rasero en las calles

Este periódico denunció en el pasado las concentraciones de acoso al PP en su sede nacional y ahora, por coherencia, defendemos lo mismo respecto a las sedes del PSOE. Sería un error si el legítimo derecho de los españoles a manifestarse en el ejercicio de su libertad de crítica a la negociación de Pedro Sánchez para intercambiar amnistía por investidura se transformara en episodios de violencia. En democracia, siempre es indeseable. Sin embargo, no es posible descontextualizar lo que está ocurriendo en los últimos días ante la sede nacional del PSOE en Madrid. No constan actos virulentos, ni ataques a la Policía, ni desórdenes públicos reseñables, ni destrozo de mobiliario urbano, ni nada que pueda ser remotamente identificable con la brutalidad vista en el pasado en las calles de Cataluña o en manifestaciones auspiciadas por Podemos. En este tipo de protestas siempre hay exaltados que muestran su indignación con maneras más o menos agresivas. Pero eso no puede implicar una aplicación desproporcionada de las medidas policiales. Y anteanoche en Madrid la utilización de los gases lacrimógenos más lesivos era innecesaria. Algunos de los sindicatos policiales así lo aseguran, y con razón, porque son los propios antidisturbios quienes han vivido momentos graves de violencia callejera sin que se les ordenara actuar con contundencia. Cualquier desproporción policial que proceda de una orden política para acallar a ciudadanos debería sustanciarse con dimisiones. En este sentido, son imprescindibles explicaciones del delegado del Gobierno en Madrid, quien por cierto defendió no hace mucho que Bildu y «otros supuestos enemigos de la patria» han hecho «mucho más por los españoles, es decir, por España, que todos los patrioteros de pulsera».

Las reacciones de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, Pilar Alegría o Santos Cerdán asegurando que quien ataca al PSOE ataca a la democracia parten de una premisa falsa. Manifestarse no es atacar. Sólo discrepar, denunciar, indignarse. Y de momento eso no está prohibido por la ley si se hace por los cauces pacíficos lógicos. La izquierda siempre ha demostrado un doble rasero inasumible. Lo hizo Podemos en su día con su tesis del ‘jarabe democrático’ como eufemismo de graves actos de persecución personal a la oposición, y lo hace ahora el PSOE. No es cierto que quien cuestione al PSOE pone en peligro la democracia. El argumento es falaz. Y menos cierto aún es que cualquier español que considere un abuso de Sánchez someter las instituciones a un huido de la Justicia sea un fascista o un reaccionario. Esos son los términos que está empleando el Gobierno para descalificar a los manifestantes. No se puede señalar al ciudadano por denunciar una evidencia: que Sánchez negocia cosas dudosamente legales, que silencia al Congreso, que desprecia a los órganos consultivos, que ejerce un control inédito sobre el TC, o que pretende aprobar una amnistía que no figuraba en su programa electoral, lo que es un fraude a sus electores. Quien ha movido las líneas rojas es Sánchez, no los ciudadanos. Tampoco es cierto que gracias a Sánchez se esté produciendo una reconciliación en Cataluña; al contrario, se está agrandando la fractura entre españoles. Y cuando se manifiestan, no es para deslegitimar al Gobierno, sino para demostrarle que se sienten indefensos y que se ha desprotegido deliberadamente al Estado frente a quienes rompen el orden constitucional.