Un clamor masivo por la ley

Las manifestaciones de este domingo en toda España han sido más que un ejercicio cívico de legítima reivindicación frente a una cesión inédita ante el independentismo a cambio de una investidura. Fueron un clamor masivo, multitudinario y transversal en defensa del cumplimiento de la legalidad en España, que Pedro Sánchez ha fracturado suscribiendo unos acuerdos con ERC, Junts, el PNV o Bildu impropios de una democracia anclada en los principios de soberanía nacional, separación de poderes y sumisión al imperio de la ley. El clamor no solo fue masivo en Madrid, sino en la inmensa mayoría de las capitales de provincia. Y, en efecto, no se redujo a la lectura de comunicados contundentes en contra de la claudicación de Sánchez, sino que fue una demostración de presión social que debería hacer recapacitar a todo el PSOE, y no sólo al presidente del Gobierno y al núcleo duro que ha negociado una investidura contra los intereses de España. No fueron meras concentraciones razonadas y pacíficas contra unos pactos inasumibles, sino un llamamiento a la dignidad política de quienes se disponen con su voto a poner a España a los pies del separatismo con condiciones inaceptables y visos evidentes de inconstitucionalidad, sacrificando la separación de poderes, corroyendo la independencia judicial y socavando los pilares de una democracia que durante 45 años ha privilegiado a España con un progreso como nunca antes se había producido. Negociar una investidura así, bajo el chantaje de una impunidad y la promesa de inmunidad en favor de quienes no asumen la ley como principio rector, es una renuncia a los principios del PSOE como partido con vocación nacional. Es una ruptura con el pasado que nos dimos los españoles en 1978, y una superación de la Constitución como el marco esencial de nuestra democracia.

En las manifestaciones se gritó «viva España» sin complejos. Lo mismo ocurrió con el himno, cuando se interpretó por ejemplo en Madrid al clausurarse el acto. Hasta ayer, la izquierda había conseguido patrimonializar un discurso público y un relato monocolor en virtud del cual nuestro país sólo podía dividirse entre una derecha reaccionaria y una izquierda configurada como baluarte del progreso, el pluralismo y la democracia. Estas concentraciones representan un punto y aparte. Fueron la reactivación de la voz de una parte de la ciudadanía liberal y conservadora, y también progresista, que gritó no estar dispuesta a cualquier sumisión al separatismo ni a dar por perdido todo lo avanzado desde la Transición. No hubo en las concentraciones temor a la estigmatización o a esconderse frente al discurso de una izquierda, la socialdemócrata constructiva, que ha renunciado a principios que hasta ahora eran fundamentales. En realidad, trasciende a los partidos y las ideologías. España se encuentra en un momento complejo y en una disyuntiva que el PSOE ha declinado resolver en favor del interés común desde que Sánchez optó por dar cobertura política, legitimidad moral y valor social a un separatismo que había sido castigado en las urnas. Sánchez ha resucitado lo que los votos casi habían sepultado, y es incomprensible. Tanto como el seguidismo que practica un partido que ayer defendía exactamente lo contrario de lo que ahora asume, sin debate interno ni discusión sobre al alcance y el coste que pueda tener para su coherencia y su futuro.

Alberto Núñez Feijóo acierta cuando sostiene que la amnistía representa una dejación del Estado que debilita a la nación, que conculca el eje mismo de la igualdad, que abre la puerta a referendos de secesión, y que rompe los equilibrios de poderes para aglutinarlos en unas solas manos. Feijóo sostuvo que Sánchez será finalmente investido, pero añadió que «la mentira no podrá vencer a la verdad» y que ese concepto, el de la verdad en democracia, el de los derechos y libertades garantizadas por la ley, sólo puede ser defendido desde el marco democrático, sin violencia y sin aspavientos sobreactuados que terminen dando argumentos a una izquierda que no los merece. Y tiene razón. Como la tienen la multitud de organismos, asociaciones, entidades, empresas y colectivos que, como está informando ABC, se van sumando a una corriente progresiva capaz de replicar con severidad los abusos de poder que representan los pactos con el independentismo, y que alertan contra una merma de calidad democrática. Las del domingo no han sido manifestaciones de protesta, sino un llamamiento a la cordura institucional y a la lógica política. Una invocación a la utilización del poder como instrumento que proteja, defienda y sostenga los derechos idénticos de todos los españoles, y no como un resorte oportunista para justificar una investidura como razón única y última. Si el PSOE no toma nota, cometerá un error histórico.