Arévalo recibe un país dividido, pobre y envuelto en la corrupción
El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (izq.), y la nueva vicepresidenta, Karin Herrera, saludan a sus seguidores desde un balcón del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala
Entre los pasillos del Palacio Legislativo y los del Ministerio Público –el ente autónomo de persecución penal en Guatemala– se confirma un pacto cuyo único objetivo es impedir, a toda costa, que el recién estrenado Gobierno del socialdemócrata Bernardo Arévalo se cuelgue medallas. La oposición del Congreso de la República, liderada por Vamos, el partido del presidente saliente Alejandro Giammattei, y las fiscalías bajo el mando de la polémica fiscal Consuelo Porras, han comenzado «a trabajar juntos» para echar a andar una estrategia desde dos poderosos frentes: el legislativo y el judicial. A la oposición parlamentaria le tocará bloquear a los aliados de Arévalo utilizando la aritmética, mientras que se prevé que la fiscalía seguirá acusando a diestra y siniestra a todos los liderazgos que se han opuesto a la maniobras de Porras.
La oposición a Arévalo ha sufrido dos estocadas: la toma de posesión del presidente –que intentaron evitar con múltiples casos judiciales hechos a la medida– y la maratoniana jornada en el Parlamento en la que, contra todo pronóstico, los diputados del partido Semilla, de Arévalo, lograron sumar una mayoría para permitir la investidura y el inicio de un nuevo Gobierno que deberá luchar contra la polarización, la pobreza y la corrupción.
Matrimonio inesperado
El Palacio Legislativo será por los próximos cuatro años casa para 17 partidos políticos y 160 diputados que se han visto obligados a formar alianzas para sobrevivir. Semilla se ha hecho con la presidencia del Congreso y sus 23 diputados son la tercera fuerza del Congreso. Su poder, hoy por hoy, se lo debe a una facción de 21 diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanzas (UNE) que han traicionado a su líder Sandra Torres –que compitió en el balotaje contra Arévalo por la presidencia– y se han sumado al oficialismo. El matrimonio inesperado de estas dos bancadas, que suman 44 diputados, más la suma de votos clave con partidos de izquierda, centroderecha y demócratas cristianos, que han aportado otros 41 votos a la coalición oficialista, cuenta ahora mismo con una mayoría simple de 85 votos con la que han podido elegir Junta Directiva y conducirán a su favor la agenda legislativa de 2024.
La oposición, capitaneada por el partido Vamos, que cuenta con 39 diputados, y una seguidilla de partidos pequeños de derecha que han aportado 36 aliados, suma un total de 75 votos; un número con dos noticias, una mala y una buena. La mala, quizá la más evidente, es que se han quedado a 6 votos de conformar una mayoría simple de 81 votos, el número mágico para ganar cualquier votación en el pleno. Sin embargo, la buena noticia es que superan con creces el número de la supervivencia, 54 votos, que los convierte en una oposición relevante que puede bloquear iniciativas que necesiten una mayoría calificada, como reformas constitucionales, o leyes de urgencia nacional. Y es que ninguno de los bandos ha conseguido la mayoría absoluta de 107 votos, por lo que las negociaciones tendrán que ocurrir, sí o sí, guste o no.
Ninguno de los bandos ha conseguido la mayoría absoluta de 107 votos, por lo que las negociaciones tendrán que ocurrir, sí o sí, guste o no
El otro frente es más exitoso que el parlamentario. La fiscal general ha emprendido una cacería de brujas contra todo liderazgo relacionado con Semilla y el nuevo oficialismo, en lo que ha sido una arremetida judicial sin precedentes en Guatemala. Para muestra, un botón. El pasado viernes, a menos de 48 horas de la toma de posesión, la Corte de Constitucionalidad –la máxima entidad judicial de Guatemala– rechazaba tres nuevos intentos por impedir la asunción del Arévalo como presidente, al desestimar tres peticiones de amparo por supuestas «violaciones constitucionales» que declaraban «ilegítimo» el proceso electoral de junio.
Arremetida judicial
Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y la mayor parte de los parlamentarios electos por Semilla enfrentaron hasta el último momento una arremetida judicial coordinada por Porras, aliada estratégica de Giammattei y sancionada por el Departamento de Estado de EE.UU., que la incluyó en la Lista Engel de 2023 al señalarla como un personaje «que socava los procesos democráticos» y «favorece la corrupción». Una acusación así, a una fiscal que debería ser el estandarte para la persecución del crimen, ha sido un golpe bajo que no ha hecho más que agitar las aguas guatemaltecas y la sed de venganza.
La retahíla de intentos para evitar una transición de poder democrática fue orquestada por Porras y un equipo de fiscales, jueces, políticos y hombres de confianza del impopular presidente Giammattei, que no estaban dispuestos a permitir que en Guatemala ganase un candidato distinto a los que habían sido ungidos por ellos, cuya concentración de poder rayó en el autoritarismo y amenazó con socavar los procesos democráticos del país.
Las masivas manifestaciones ciudadanas lideradas por movimientos indígenas de todo el país y que alcanzaron su clímax en octubre pasado, así como las consecuentes sanciones de EE.UU., la UE y la OEA permitieron que, poco a poco, los aliados de los grupos promotores del mal llamado ‘fraude electoral’ se fueran desintegrando, hasta que la fiscal general se quedó prácticamente sola. Ahora, aquel gran frente que derrochaba poder y amenazaba a periodistas, activistas, políticos opositores e incluso a religiosos –tomando prestado el guion de Nicaragua– ha perdido poder. Pero siguen allí. Porras y la oposición parlamentaria liderada por Vamos, amenazan a un Arévalo popular, pero que debe conciliar a un país dividido y enfrascado en la polarización.
