Se rompe la penúltima línea roja

No existe ningún límite. Ni siquiera las líneas rojas que los asesores de Moncloa fijaron para la redacción de la ley de amnistía, situadas en la malversación y en el terrorismo, han servido para frenar la flagrante lesión del principio de legalidad que supone la nueva concesión del PSOE al independentismo. Con la aprobación de la enmienda de Junts, los socialistas aceptan amnistiar también los delitos de terrorismo. Es decir, se cumple con precisión el escenario descrito por Manfred Weber en el Parlamento Europeo y por el que la socialista Iratxe García se atrevió a acusarle de mentir. Vuelve a quebrarse también la palabra pública de Pilar Alegría, Patxi López u Óscar Puente, que situaron el terrorismo como un límite insalvable. Cuando la norma se apruebe, se amnistiarán todos los delitos de terrorismo relacionados con el ‘procés’, tanto los que afectan a los CDR como a Tsunami Democràtic. En términos prácticos, la enmienda aceptada por el PSOE blinda los intereses de Puigdemont y exhibe sin rubor el traje a medida legislativo que supone esta concesión infame.

Amnistiar a delincuentes a cambio de un apoyo parlamentario constituye, en sí mismo, una vulneración evidente de algunos de los principios fundamentales del pacto democrático. Sin embargo, la literalidad de la norma promovida por los socios de Pedro Sánchez está incorporando nuevas amenazas que quiebran de forma decidida elementos tan vertebrales de nuestro ordenamiento jurídico como es la definición de los ilícitos. Las cesiones del PSOE a Junts evidencian que el interés privado de Pedro Sánchez se ha convertido en fuente de derecho y que la definición de los delitos en nuestro país ha pasado a depender de los intereses del Gobierno. Es irrelevante la gravedad o el daño generado por quienes delinquieron: la extensión semántica de los tipos penales ha pasado a depender de Sánchez y de Puigdemont. No es que el Ejecutivo legisle: es que los márgenes de la ley se dibujan con arreglo a los delitos cometidos por los socios del Gobierno. Cualquier ilícito que hayan podido cometer los promotores del ‘procés’ quedará redefinido para ser incorporado al infame paquete de privilegios que sirvió de pago para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Digna de registro y recuerdo, por su cinismo y su condición falaz, fue la intervención de Félix Bolaños, quien con una retórica intencionadamente aviesa y retorcida intentó dar a entender exactamente lo contrario de lo que, en efecto, se estaba aprobando en el Congreso. Restringir los delitos de terrorismo al asesinato y a la tortura es absurdo, y excepcionar de la exclusión de la norma los delitos que suponen una grave violación de los derechos humanos es tanto como aceptar que hay violaciones aceptables, o menos graves, de tales derechos fundamentales. Esta contradicción no es otro de los errores habituales en la técnica jurídica de este Gobierno, es una grotesca manipulación semántica para blindar los intereses de las personas sobre las que Pedro Sánchez ha hecho depender la gobernabilidad de España. En nuestra democracia, la universal exigencia del cumplimiento de la ley no sólo encontrará excepciones, sino que es el propio Código Penal, en la descripción de algunos de sus tipos más graves, lo que se está sometiendo a subasta para garantizar la supervivencia política del presidente. Resulta francamente incomprensible que haya personas dispuestas a inmolarse civilmente para defender lo que, a todas luces, constituye un atentado no sólo contra nuestra arquitectura legal, sino contra los fundamentos mismos del derecho y las intuiciones morales más elementales.