Sánchez exhibe su debilidad

En su intento de gobernar un país con 121 escaños y con unos socios explícitamente ubicados fuera de la Constitución, Sánchez ha fracasado en el segundo gran trámite parlamentario de la legislatura. El PSOE vio ayer cómo Junts tumbaba la ley de amnistía que los socialistas habían elaborado para lograr el apoyo de los separatistas. Tras el desacomplejado cortejo en el que Pedro Sánchez intercambió la impunidad de unos delincuentes a cambio de siete votos para su investidura, los independentistas catalanes han optado por humillar al presidente del Gobierno y garantizarse, a futuro, una mayor cuota de concesiones. Por el momento no han bastado los indultos, ni la rebaja de las penas por malversación, ni la eliminación del Código Penal del delito de sedición, ni tan siquiera la amnistía. La voracidad de los de Puigdemont no se conformó con la disquisición entre la vulneración grave o leve de los derechos humanos que defendió Félix Bolaños y, en un fiel cumplimiento de su ruta política contraria a nuestra arquitectura constitucional, los siete diputados de Junts decidieron exhibir su fuerza parlamentaria, lo que equivale a hacer evidente la debilidad política de Sánchez.

Que la amnistía es un traje confeccionado a la medida de los socios del presidente era algo sabido, pero ayer se demostró insuficiente. La consigna oficialista intentará justificar que el Gobierno se ha plantado en sus concesiones, pero sería verdaderamente ingenuo considerar que Sánchez no está dispuesto a ceder absolutamente en todo con tal de seguir en La Moncloa. Si los socialistas no han dado acomodo a las exigencias de Junts para blindar la amnistía en todos los casos de terrorismo no es por coherencia ni por respeto a la palabra dada. En demasiadas ocasiones hemos visto al presidente hacer exactamente lo contrario de lo que había prometido. La incorporación de todas las formas de terrorismo a la ley de amnistía acabaría siendo un obstáculo para su propia aceptación en Europa, por lo que cabe asumir que el PSOE está haciéndose cargo de unos límites que son externos y que en nada expresan un pundonor sustancial en esta concatenación de cesiones. Lo más pernicioso de la ley de amnistía son sus presupuestos previos, el intercambio de apoyo político a cambio de una desarticulación selectiva de la universal exigencia del cumplimiento de las leyes. Sentada esa premisa fatal, asumida y promocionada por el Ejecutivo sólo a partir del 23-J, los detalles posteriores atañen a cuestiones de calado pero que no dejan de ser adjetivas.

La sesión parlamentaria de ayer sirvió, también, para desacreditar algunas falsedades. Se demostró, por ejemplo, que el pacto que convirtió a Pedro Sánchez en presidente fue un mero acuerdo de investidura, y los socialistas se tendrán que seguir humillando si quieren gobernar siendo el segundo partido más votado del Hemiciclo. También quedó rebatida la idoneidad formal con la que se ha intentado defender una ley de amnistía que, en efecto, se ha demostrado ineficaz a la hora de blindar a los delincuentes sobre los que se apoya el Gobierno. Además, la sesión sirvió para constatar la condición ultra y antidemocrática de los aliados de Sánchez, quienes se permitieron, una vez más, acusar de prevaricación desde la tribuna de oradores a los jueces Marchena, Aguirre y García-Castellón. Este lamentable espectáculo debería obligar a Sánchez y a los diputados socialistas a preguntarse si merece la pena gobernar así, en una exhibición permanente de fragilidad parlamentaria y en una explícita sumisión a formaciones abiertamente contrarias a nuestro pacto de convivencia.