La prensa en el exilio bajo dictadura, la última reserva de la libertad

Gracias a los miembros del Foro Mundial de Editores de periódicos y a la directiva de la Asociación Mundial de Editores, por otorgarme la Pluma de Oro de la Libertad 2024.

Me siento profundamente honrado de recibir este premio en un momento en que las libertades de prensa y de expresión se encuentran bajo un ataque brutal en Nicaragua, mientras que el periodismo independiente está siendo criminalizado en muchos países de América Latina y en otras partes del mundo.

Es un honor que recibo junto a mis colegas de CONFIDENCIAL, que hacen posible que sigamos haciendo periodismo de calidad en el exilio; y lo comparto con toda la prensa independiente de Nicaragua cuya resistencia, también desde el exilio, representa la última reserva de la libertad bajo una dictadura totalitaria.

Dedico este premio a todos los periodistas latinoamericanos que enfrentan persecución política, la cárcel, y la violencia criminal en sus países.

Al periodista nicaragüense Víctor Ticay, condenado a ocho años de cárcel por difundir las imágenes de una procesión religiosa en su cuenta de Facebook.

Al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, director de ElPeriódico, un verdadero héroe mundial de la libertad de prensa, condenado a seis años de cárcel por investigar y denunciar a la corrupción.

A la periodista cubana Mayelín Rodríguez, condenada a 15 años de cárcel por divulgar en video las protestas en Camaguey en 2022.

Y a todos los periodistas que están gravemente amenazados como el maestro Gustavo Gorriti y el equipo de IDL Reporteros en Perú; el equipo de Armando.Info, en Venezuela; y a mis colegas de El Faro en El Salvador.

A todos ellos pertenece la Pluma de Oro de la Libertad, un reconocimiento que nos alienta a no ceder ante la censura y la autocensura, y a hacer más y mejor periodismo, que es la única defensa que tenemos para proteger la libertad y la democracia.

La apatridia es un crimen de lesa humanidad

Hace un poco más de un año, el 15 de febrero de 2023, mi esposa y yo, junto con otros 92 ciudadanos nicaragüenses fuimos declarados “apátridas” por la dictadura de Daniel Ortega.

Una resolución judicial espuria nos declaró “traidores a la patria” y nos despojó de nuestros derechos políticos a perpetuidad, borró nuestras identidades del registro civil, y confiscó nuestros bienes y propiedades, incluidas las pensiones del Seguro Social.

La lista de los 94 incluye a líderes cívicos, defensores de derechos humanos, sacerdotes de la Iglesia católica, y once periodistas, directores de medios de comunicación en el exilio, entre ellos CONFIDENCIAL. Nuestro único delito ha sido hacer periodismo, investigar y denunciar la corrupción, los crímenes de Estado y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y, sobre todo, no callar, a pesar de la censura.

Seis días antes, el 9 de febrero de 2023, otras 222 ciudadanos, mujeres y hombres, prisioneros políticos, fueron excarcelados, desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad nicaragüense.

Entre ellos estaban los siete precandidatos presidenciales, que Ortega encarceló para anular las elecciones de noviembre de 2021, en las que, como Vladímir Putin en 2024, se reeligió sin competencia política.

Entre los presos políticos también había 12 personas vinculadas a los medios de comunicación, como el reportero de deportes y bloguero Miguel Mendoza, el gerente general del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann, el fundador del canal de cable 100% Noticias Miguel Mora, y mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, ganador de este prestigioso premio La Pluma de Oro de la Libertad en 1982, hoy, político, columnista y miembro de la Junta Directiva de La Prensa.

Pedro Joaquín fue encarcelado después de que las cadenas de televisión CNN y Univisión, le preguntaron en una entrevista si estaría dispuesto a aceptar una nominación como candidato presidencial, cuando los demás precandidatos de la oposición ya estaban presos. Su delito, para la dictadura, fue haber brindado una respuesta afirmativa.

Todos los 222 presos políticos fueron condenados sin ninguna evidencia por los supuestos delitos de “conspiración contra la soberanía nacional”, “lavado de dinero”, y propagación de falsas noticias”, y la mayoría permanecieron en una prisión de máxima seguridad hasta 600 días.

¿Cómo puede una dictadura, en un acto de venganza política, despojar a 317 ciudadanos de su nacionalidad, algo que está prohibido por la propia Constitución de Nicaragua y por convenios internacionales de Naciones Unidas suscritos por el Estado?

La verdad es que es imposible. Yo soy y seré siempre nicaragüense, a pesar de este crimen de lesa humanidad. Y gracias a la inmensa solidaridad de la comunidad internacional y particularmente del Gobierno de España he recibido la nacionalidad española, y hoy soy un nicaragüense que viaja con un pasaporte español.

La Rebelión de Abril y el ataque contra la prensa

La grave crisis de derechos humanos que estoy describiendo empezó en abril de 2018, cuando en Nicaragua estalló una protesta nacional demandando justicia, democracia y elecciones libres. La Rebelión de Abril representó 100 días de insurrección cívica, desatando marchas masivas en las calles, barricadas en los barrios, ocupación de universidades, y decenas de miles de ciudadanos armados solamente con sus teléfonos celulares, demandando la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.

La dictadura respondió con una masacre sangrienta que dejó más de 350 asesinatos que hoy están en la impunidad, miles de detenciones arbitrarias y decenas de miles de personas en el exilio. También hubo un diálogo nacional en el que el régimen se comprometió a restablecer las libertades democráticas, pero nunca cumplió.

Desde el momento en que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, a través de elecciones, estableció una relación de hostigamiento y persecución contra la prensa independiente. Ortega atacaba e intimidaba a la prensa crítica, pero toleraba su existencia.

Sin embargo, cuando estallaron las protestas de 2018 que pusieron en riesgo su poder, la prensa independiente se convirtió en el enemigo a destruir. La represión contra los periodistas incluyó el asesinato de Ángel Gahona; agresiones físicas contra reporteros y la destrucción de medios por fuerzas paramilitares; censura televisiva; y el bloqueo aduanero para impedir a los periódicos la importación de papel y otros materiales de impresión.

Esta escalada culminó con el cierre y la confiscación de medios, la imposición de leyes represivas contra la libertad de expresión y el encarcelamiento de periodistas.

La redacción de CONFIDENCIAL ha sido asaltada dos veces por la Policía, en diciembre de 2018 y en mayo de 2021. Se robaron todos nuestros documentos personales, las computadoras, y equipos de televisión, y confiscaron el medio. Pero nunca han podido impedir que sigamos reporteando los hechos e informando, a través de plataformas digitales y redes sociales.

Daniel Ortega también confiscó el canal de cable 100% Noticias y el diario La Prensa, pero nunca ha podido silenciar al periodismo, que hoy continúa informando desde el exilio.

El régimen también ha cerrado más 50 radioemisoras y estaciones locales de televisión, la mayoría de estas vinculadas a la Iglesia católica, y más de 200 periodistas se han visto obligados a salir al exilio.

Algunos han logrado reorganizarse para trabajar en torno a unas 25 plataformas de medios digitales, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España. Sin embargo, más de una tercera parte de los periodistas exiliados han tenido que asumir otros trabajos para sobrevivir económicamente, o han dejado la profesión por temor a represalias del régimen en contra de sus familias.

La criminalización de las libertades de prensa y de expresión.

Durante los últimos seis años, en Nicaragua hemos vivido bajo un estado policial de facto que eliminó todas las libertades democráticas.

No hay libertad de reunión o asociación, y también han prohibido la libertad religiosa. En 2021 canceló la posibilidad de celebrar elecciones libres, y desde  2022 incrementó su implacable persecución contra la sociedad civil, cerrando más de 4000 asociaciones y organizaciones no gubernamentales, incluyendo universidades privadas, asociaciones empresariales, y organizaciones religiosas.

Las cárceles han vuelto a llenarse. Hoy hay más de 140 presos políticos, y más de 100 detenidos bajo arresto domiciliario de facto.

Ante esta escalada totalitaria, la prensa independiente en el exilio representa la última reserva de todas las libertades.

En Nicaragua no están permitidos los corresponsales extranjeros, y tampoco existen fuentes independientes, a las que se puedan atribuir datos, informaciones, o análisis de la realidad nacional. Todas las fuentes, sin excepción, demandan el anonimato como una condición para hablar con la prensa, por temor a represalias oficiales.

Esta doble criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión, con el propósito de silenciar a los periodistas, a las fuentes informativas y la libertad de opinión, representa la última etapa de un largo proceso de demolición del estado de derecho en los últimos 15 años.

Nuestros programas de televisión están prohibidos en la televisión abierta y el sistema de cable, pero continuamos llegando a una audiencia creciente en Nicaragua, a través de YouTube y Facebook.

Las redes sociales representan un vehículo extraordinario para vencer la censura, pero al mismo tiempo se han convertido en un espacio de polarización política y desinformación, que compite con la prensa independiente.

Uno nunca está preparado para dejar su patria y salir al exilio. A finales de 2018 y otra vez a mediados de 2021, me tocó enfrentar la agonía de ese dilema: ser detenido ilegalmente y silenciado en la cárcel, o salir al exilio con mi esposa, cruzando la frontera de Costa Rica por puntos ciegos, para preservar mi libertad y poder seguir ejerciendo el periodismo. Ahora, toda mi redacción y prácticamente toda la prensa independiente de Nicaragua está en el exilio.

Los desafíos de la prensa en el exilio

Tres años después, el exilio ya no es una condición temporal, o una situación de emergencia que nos obliga a reubicarnos en otro país. Es una condición permanente de largo plazo que impone inmensos retos para el ejercicio del periodismo. Voy a mencionar cinco:

Primero, el reto de preservar la seguridad física, la seguridad de nuestras fuentes en Nicaragua, y la seguridad de Internet para informar.

Reportear en Nicaragua desde fuera del país requiere cultivar fuentes que están bajo la amenaza del estado policial, y debemos ofrecerles canales de comunicación seguros para proteger a nuestras fuentes.

Segundo, debemos incrementar los estándares profesionales y el rigor para verificar y corroborar la información de nuestras fuentes anónimas, para poder seguir publicando información confiable.

No somos activistas, somos periodistas. Y nuestra misión principal es mantener la credibilidad de la prensa a cualquier costo, reportando los hechos, aún bajo las peores condiciones de polarización política.

Nuestro principal desafío, todos los días, es no sumergirnos en la burbuja del exilio, sino más bien seguir investigando y contando la crisis de una dictadura familiar totalitaria. La corrupción pública y la extorsión contra las empresas y los ciudadanos; la persecución contra la Iglesia católica; la erosión que provoca la vigilancia política del régimen contra los funcionarios públicos; el éxodo masivo de los nicaragüenses; y las historias de dolor y esperanza de nuestra vida cotidiana.

Tercero, enfrentamos el desafío de seguir innovando en nuestras plataformas digitales para fortalecer la interacción con nuestras audiencias y comunidades. Cuando el Estado de derecho ha colapsado, la defensa del periodismo y nuestra credibilidad depende exclusivamente de nuestras audiencias.

 Cuarto, debemos continuar promoviendo el periodismo colaborativo con la prensa regional e internacional para contar historias transnacionales.

Por último, pero no menos importante, enfrentamos el desafío de la sostenibilidad económica del periodismo en el exilio. La criminalización contra los anunciantes privados, nos obliga a buscar nuevos modelos de negocios y financiamiento de la prensa independiente, a través de donaciones internacionales, las contribuciones de la audiencia, la monetización comercial de nuestras plataformas, y la oferta de servicios.

Esta nueva realidad demanda un cambio de paradigma en las organizaciones internacionales filantrópicas, y las agencias de cooperación que apoyan al periodismo independiente. Es necesario reconocer que la sobrevivencia de la prensa en el exilio, no solamente en Nicaragua, Cuba, y Venezuela, pero también en Rusia, Irán, Afganistán, Myanmar, y otros países, es un imperativo democrático que requiere estrategias de apoyo de largo plazo.

Ninguna de las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos que hemos publicado ha producido algún cambio, o una corrección, en las políticas públicas del régimen autoritario de Nicaragua. Las dictaduras no están diseñadas para rendir cuentas y su respuesta habitual ante la exposición de los hechos y la verdad, ha sido endurecer el discurso de odio contra la prensa y la población. Sin embargo, muchas de estas historias se han  convertido en valiosos insumos para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que realizan organizaciones internacionales como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.

Junto con los familiares de las víctimas de la represión y los defensores de derechos humanos, los periodistas estamos documentando la verdad y la memoria histórica, como uno de los pilares de la justicia sin impunidad para la restitución de la democracia en Nicaragua.

Como proclamaba mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director de La Prensa, asesinado en 1978 por la dictadura de Anastasio Somoza, cuando recuperemos la libertad, “Nicaragua volverá a ser República”.

Muchas gracias.

*Discurso de Carlos F. Chamorro, fundador y director de CONFIDENCIAL, al recibir el premio Pluma de Oro de la Libertad 2024, del Foro Mundial de Editores de periódicos y a la Asociación Mundial de Editores, en Copenhaguen, el 27 de mayo de 2024.