Modernización del Estado, ¿ahora sí?

La llegada de Boric, el Frente Amplio y los comunistas al gobierno, muy posiblemente dejará a una mayoría de ciudadanos el convencimiento de que la capacidad de gestión de un gobierno sí importa. Se especula incluso que en su Cuenta Pública el Presidente se concentrará en su “gestión”. Es decir, que lo mal o bien que hagan las cosas las autoridades y funcionarios del Estado hacen diferencia en el bienestar o el malestar con que viven las personas en el país. Así entonces, es posible que se abra espacio para que un próximo Presidente de la República se proponga mejorar sustantivamente la calidad de los servicios que entrega el Estado. O sea, de verdad modernizarlo.

Hasta ahora, no ha existido tema menos glamoroso para un dirigente político o ministro que el de abocarse a modernizar la institución que dirige. Sólo los Presidentes más visionarios y ante situaciones de crisis han instalado una oficina y nombrado a alguien a cargo del tema. Pero han hecho muy poco. La profunda transformación que ha traído la digitalización a la gestión de empresas y organizaciones privadas, se ha dado muy parcial e insuficientemente en organizaciones públicas. Estos organismos tienen páginas web para realizar trámites, pero la mayoría se caen continuamente, son poco claras, tienen poca ayuda, etc. Pregunten a algún director de colegio público y le dará numerosos ejemplos. Los usuarios de servicios públicos de salud deben sufrir lo mismo. Una excepción relativa es el Servicio de Impuestos Internos. Pero podría haber muchos otros servicios con servicios digitales como el SII: que agrupen certificados y registros de distintos servicios públicos y privados en un formulario final que el usuario debe complementar, firmar, pagar, y obtener así lo que necesita sin interminables “colas” y peregrinaciones.

Puede ser de interés entonces reflexionar sobre cuáles podrían ser las condiciones para llevar a cabo una modernización del Estado que facilite y disminuya sus tiempos de respuesta a los ciudadanos por los servicios que debe entregar. Empezando por los de seguridad pública, policías y justicia. Pero también muchos otros, como los de salud y trámites diversos. Me propongo iniciar aquí una primera reflexión sobre este desafío.

Postulo que hay dos obstáculos fundamentales para mejorar la gestión del Estado. La primera es la resistencia de los dirigentes y de funcionarios públicos a que ellos sean evaluados realmente por sus resultados y desempeños. Estoy convencido que no son todos los funcionarios públicos quienes se resisten. Son una minoría más activa sindical y políticamente, quienes han instalado una cultura defensiva centrada en “proteger sus derechos” en desmedro del servicio a los ciudadanos. Esos dirigentes sindicales no aceptan que los funcionarios que no alcanzan los estándares requeridos sean trasladados a otros puestos o cesados en sus funciones. En otras palabras, se necesita cambiar leyes laborales que exageran la inamovilidad, incluso cuando los niveles de ausentismo laboral de algunos sean elevadísimos. Esta es una primera condición indispensable: que los funcionarios del sector público se rijan contractualmente por términos mucho más semejantes a los del sector privado. Esto no es fácil; implica superar nuestros miedos y prejuicios. Tanto de quienes ante eso nos decimos en silencio: “¡Imposible lograr eso, qué ingenuo!”, como otros que dirán: “Bo sigo leyendo leseras de este neoliberal).

La segunda resistencia fundamental es la de los dirigentes políticos a todo nivel -jefes de partidos, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, así como ministros y altos funcionarios- a poner el interés de los ciudadanos en general por sobre los intereses particulares de los funcionarios públicos y sus dirigentes gremiales o sindicales. ¿Y por qué ocurre esto? Por el simple y contundente motivo de que cada dirigente político obtiene y conserva su cargo, su poder e influencia con los votos de funcionarios públicos y familiares a quienes recomendó para obtener sus puestos de trabajo, y los apoyó para asumir como dirigente sindical asociado a su mismo partido. Y el líder sindical del sector público conserva su puesto y beneficios con el apoyo de su partido y autoridades. Entre dirigentes políticos y de gremios públicos hay un contrato implícito no escrito de apoyo mutuo, amparado por autoridades de los partidos. Además, esta alianza será más fuerte a medida que más funcionarios se contraten en el Estado, contribuyendo así al crecimiento excesivo del mismo y del personal contratado en él.

¿Cómo generar la voluntad política para superar esos formidables obstáculos? Estimo que sólo con un candidato presidencial heroicamente valiente o bajo una crisis política aguda. Como, por ejemplo, la crisis de nuestro vecino que tiene a Milei podando las ramas más gruesas y podridas del Estado Argentino. O la crisis que generó la Unidad Popular en 1973, que llevó a una mayoría de la población a apoyar a un caudillo autoritario que se propuso achicar el Estado al máximo para erradicar la base de apoyo de los “señores políticos”. De allí vino la alianza de Pinochet con los Chicago boys, a pesar de la oposición de influyentes jefes militares. Espero que no tengamos que llegar a esos extremos para abordar la modernización del Estado que Chile necesita.

Pero aún si surgiera ese candidato heroico, se necesitarían dos o tres condiciones adicionales para que se pueda abordar esta ardua tarea modernizadora. Para empezar, una reforma del sistema político actual con sus decenas de partidos chicos y parlamentarios poco visionarios. También períodos presidenciales más largos para que el gobierno asuma proyectos como este que tardan en madurar.

Otra condición sería que el candidato que se proponga este desafío lo plantee muy claramente en su programa de gobierno. Que así explique a los ciudadanos el valor de avanzar en esto, y comprometa el apoyo de ellos. Esto porque el Presidente que quiera avanzar en esto deberá resistir las presiones de más de una huelga de trabajadores del sector público, especialmente de la salud y la educación. Sólo podrá superarlas con su valentía, determinación y un claro apoyo ciudadano.

Finalmente, pienso que un esfuerzo como este exige que el Presidente de la República escoja como ministros de Estado a personas dispuestas explícitamente a esta tarea difícil e ingrata, pero de inmenso valor. Si no tiene a un equipo alineado y bien dispuesto mejor no intentar nada. Eso incluye personas que se preparen muy bien con antelación para hacer las reformas claves muy al inicio del gobierno. Esto tiene de suyo sus complejidades técnicas y humanas que deben estudiarse bien.

En resumen, modernizar el Estado es para personas excepcionales, audaces y visionarias. Es para quienes quieren pasar a la historia de su país. Como lo fueron no sólo Reagan en EE.UU. y Thatcher en Inglaterra, sino también Tony Blair y, por supuesto, Portales. ¿Seremos capaces?