Las declaraciones hechas por el senador de izquierda Iván Cepeda, quien afirmó que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez estaban vinculados con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en el marco de una supuesta guerra clandestina contra las guerrillas de izquierda, recibieron una inmediata respuesta del exmandatario y actual senador, quien denunció a Cepeda por manipular a testigos para que declararan en su contra.
En 2018, la Corte Suprema colombiana no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que dispuso una investigación contra el expresidente por haber presuntamente intentado sobornar a testigos para que cambiaran sus testimonios o dieran declaraciones falsas a su favor. La investigación involucró intercepciones telefónicas y testimonios que, según la Corte, sugerían que Álvaro Uribe, a través de terceros, habría ofrecido beneficios a cambio de alterar declaraciones de exparamilitares.
En 2020 el caso dio un giro significativo cuando Uribe fue llamado a indagatoria y, posteriormente, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la detención domiciliaria del exmandatario. Como era de esperar, la orden de detención causó un gran estremecimiento en el país y en el exterior ya que es el primer expresidente de Colombia que ha sido detenido en 62 años, es un líder político indiscutible, que ha dominado la política colombiana durante los últimos 20 años, y cuando fue presidente les dio un golpe demoledor a las FARC y al narcotráfico.
En agosto de 2020 Uribe renunció a su escaño en el Senado, lo que llevó a que la competencia del caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación ya que tanto él como sus abogados defensores consideraban que en el máximo tribunal, y bajo la ley que regía su proceso como persona aforada (el anterior Código de Procedimiento Penal), no ofrecían ni le aseguraban las garantías que como procesado tiene cualquier ciudadano.
La Fiscalía, luego de seis meses de analizar pruebas, decidió no presentar cargos formales y propuso precluir el proceso; es decir, archivarlo y cerrar el proceso penal. El fiscal del caso consideró que el proceso preliminar que la Corte llevaba contra Uribe, en donde no había fallo alguno ni calificación final de delito como tampoco llamado a juicio, no tenía mérito para seguir adelante.
El ente investigador cambió recientemente de dirección. La abogada Luz Camargo a cargo de la Fiscalía General fue elegida por la Corte Suprema de una terna propuesta por el presidente Gustavo Petro, enemigo histórico de Uribe. Esta modificación trajo también un cambio para el caso en el que está envuelto Uribe, quien será acusado nuevamente, por lo que continuará el juicio en su contra.
La mejor defensa que tiene el expresidente para defenderse en el juicio al que fue llamado por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal es él mismo; siempre ha ido de frente con la verdad y se ha encargado de debatir públicamente su proceso judicial, ante todos los estrados judiciales.
El respeto y confianza por las instituciones y la Justicia no significa que se deje de cuestionar y levantar preguntas sobre las infortunadas coincidencias de este caso y de la exposición de algunas motivaciones que a todas luces son de orden político. Es de esperar que la resolución de este caso, como los de cualquier otro que se dirima en el ámbito de la Justicia, se resuelva estrictamente dentro del derecho, sin consideración de enfoques políticos o ideológicos.