Sánchez ya es un líder populista

La situación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, es absolutamente inédita en nuestra democracia. Y no sólo por su condición de imputada, ni por el hecho de que el juez Juan Carlos Peinado la haya citado a declarar el próximo 5 de julio. Nunca, en más de cuarenta años de tradición democrática, la carrera profesional de la mujer de un presidente del Gobierno se ha visto súbitamente impulsada tras su llegada al Palacio de la Moncloa. La trayectoria de Gómez resulta difícilmente verosímil a la vista de su formación. Y el peso de su agenda, así como la relevancia empresarial de sus contactos, parecen evidenciar una conducta incompatible con el decoro y con la ejemplaridad pública debida.

En su huida hacia delante tras conocerse la citación judicial de Gómez, el presidente del Gobierno ha vuelto a recurrir a las redes sociales para dirigir una nueva carta a la ciudadanía. Se trata de otro hecho que demuestra la ausencia de límites de Sánchez a la hora de estresar el clima político en nuestro país. En esta ocasión, el contenido de la misiva entraña una enorme gravedad ya que apunta de manera directa a la imparcialidad del juez que instruye la causa que investiga a su esposa por corrupción y tráfico de influencias e, incluso, sugiere una impugnación preventiva de los resultados electorales del próximo domingo. Se trata de un salto abismal. Esta actitud supone una quiebra sin precedentes de la independencia judicial y constituye una amenaza a la institucionalidad democrática. A Pedro Sánchez le habíamos visto señalar a empresarios, a periodistas y a ciudadanos concretos. Pero el presidente del Gobierno apuntala definitivamente su perfil populista al cargar ahora contra la independencia del juez Juan Carlos Peinado. El líder socialista soslaya intencionadamente que la investigación a su mujer está avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, del mismo modo que la causa de corrupción que afecta a su Gobierno ha sido ya reclamada por la Fiscalía Europea.

Es significativo que gran parte de las conductas menos ejemplares de Begoña Gómez ni siquiera sean las que están siendo objeto de investigación judicial. La singular trayectoria de Carlos Barrabés, socio de Gómez, los contactos con Víctor de Aldama, sujeto clave en la trama Koldo y en el paso de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas, el rescate de Globalia o el extraño hecho de que una persona no licenciada, como la mujer del presidente, sea titular de una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid son cuestiones que deberían haberse explicado ya al conjunto de los españoles por un solo motivo: son hechos absolutamente anómalos que no encuentran correlato razonable con las biografías de nuestros conciudadanos. Si Begoña Gómez se ha podido ver beneficiada por el especial poder y estatus de su marido, o si ha podido prevalerse de su red de contactos e influencia es Pedro Sánchez quien debe asumir toda la responsabilidad política pues es él, y no su mujer, quien está sujeto a una especial exigencia. Independientemente de cuál sea la resolución jurídica del caso, en el que todavía debe prevalecer la presunción de inocencia en lo que atañe a la presunta condición delictiva de Gómez, ya existen evidencias suficientes como para que el presidente rinda cuentas de los hechos publicados y nunca desmentidos. Pero en lugar de asumir en primera persona esta responsabilidad ineludible, Sánchez ha preferido doblar su apuesta en un gesto que no sólo resulta insólito en España sino que colisiona de forma frontal con la cultura política europea.

Arremeter contra el poder judicial y la prensa, sembrar dudas sobre la información veraz publicada y aludir a oscuras conspiraciones es una estrategia tan burda como inquietante, pues no es más que una réplica de lo que han hecho siempre los populistas de otras latitudes cuando han tenido que enfrentar apuros judiciales o de reputación. Resulta enormemente perturbador constatar que el presidente del Gobierno está dispuesto a quebrar la confianza en las instituciones del Estado con tal de intentar superar una circunstancia cada vez más insostenible y que inyecte, con gran temeridad, una dosis de emocionalidad casi insoportable a nuestro clima político. Es urgente que la conversación pública en España retome la normalidad, que se preserven la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley y que se devuelva la prudencia al centro de la actividad política. Desafortunadamente, el presidente Sánchez ha emprendido el camino contrario y a la vista de su trayectoria nadie puede prever cuál será su límite.