Ante la reforma judicial, urge realismo
Veo con preocupación que la clase jurídica no ha terminado de comprender donde están parados. Están parados en su momento de mayor debilidad desde 1993 y a punto de cirugía mayor. La reforma judicial va porque va y solo quejarse de sus contenidos no hará diferencia alguna.
Si la clase jurídica realmente está tan preocupada por los efectos de la reforma judicial, es momento de dejar el orgullo a un lado y desarrollar una estrategia realista que tienda puentes con las alas menos radicales del obradorismo a fin de implementar una reforma de naturaleza más consensuada.
Sin embargo, para que la clase jurídica active una negociación, es imperante que dejen de utilizar como principal argumento su superioridad jurídico-intelectual y cambien el mensaje y los voceros.
No se pueden tender puentes usando como articuladores a quienes sistemáticamente han insultado, minimizado y tildado de autoritaria a la coalición gobernante. La interlocución requiere que algunas voces den un paso atrás. Es tiempo de control de daños.
Aún más importante, es cambiar el mensaje. Guste o no, la elección por voto popular de al menos una parte de los ministros, magistrados y jueces parece ser un aspecto irreductible de la reforma que propone la coalición gobernante. Ante ello, los espacios de diálogo deben encontrarse en otro lado.
En vez de argumentar que la elección por voto popular irremediablemente va a empoderar a ministros, magistrados y jueces incompetentes. La discusión debe centrarse en cómo crear mecanismos de elegibilidad e idoneidad que permitan que solo los juzgadores honestos y capaces tengan espacio en las listas electorales.
En vez de continuar argumentando que la reforma erradicará el servicio profesional de carrera. La negociación debe enfocarse en urgir a que todo candidato propuesto para votación pase previamente exámenes de conocimiento y pruebas de experiencia técnicas.
En vez de dar por hecho que se tendrá que correr a todos los juzgadores del país y contratar nuevos. La conversación debe buscar que impere la gradualidad y el escalonamiento de las elecciones.
Me parece crítico también que se deje de llevar el debate público por el camino de la mentira, la hipérbole y el catastrofismo.
No es verdad que la elección por voto popular hará que todos los juzgadores sean morenistas. En México, el 40 por ciento del votante es opositor y la abismal mayoría del gremio de abogados no son obradoristas. Además, una tercera parte de los candidatos serán elegidos por la Suprema Corte. Esto abre más espacios de influencia para la oposición de los que tendrían actualmente considerando que Morena estará muy cerca de tener supermayoría en las dos cámaras.
Tampoco es cierto que la reforma hará que los juzgadores electos tengan carta abierta para sentenciar según les pidan las masas. No será así, si se crea un Tribunal Disciplinario con capacidad de sanción para quien tome decisiones discrecionales. La discusión debe avanzar en ese terreno en vez de la perpetua negación.
Si el temor es que el Tribunal Disciplinario será una autoridad inapelable, se debe proponer una alternativa que no permita que los corruptos se vayan por la tangente. Solo argumentar que se alterará el orden constitucional no es un argumento suficientemente sólido, porque Morena puede cambiar la Constitución. Es tiempo de ser realistas.
Me parece inviable que la clase jurídica siga pretendiendo que criticar la reforma desde un ala que ellos llaman “técnica” (pero que en realidad también es política) será suficiente para detenerla en seco. Es tiempo de ser estratégicos.
