Armando Durán / Laberintos: Venezuela ¿Se despeja el camino electoral? (1 de 3 partes)
Faltan dos semanas para la elección presidencial en Venezuela y uno ya tiene la impresión de que se ha despejado la duda que se tenía sobre la posibilidad de que, ante la derrota cantada de Nicolás Maduro en las urnas de ese domingo, el régimen pospusiera la fecha del evento, incluso que tomara la desesperada decisión de cancelar el evento. A tan pocos días de la votación ya es demasiado tarde para que por algún rebuscado pretexto judicial o político las autoridades electorales arrojen a Venezuela por el despeñadero de semejante desmesura. Ahora bien, aunque cada día que pasa se hace más evidente que Edmundo González Urriutia, apoyado en el liderazgo arrollador de María Corina Machado, se alzará el 28 de julio con una victoria por amplísimo margen sobre Maduro, en esa misma medida crece el temor de que el sector más intransigente del régimen, oscurecida la vista y hasta la razón por el irrevocable nivel de rechazo que genera la candidatura de Maduro, sencillamente pretenda tapar ese día el sol con un dedo.
Hasta hace muy poco, era válido incluir en el menú de sorpresas electorales por venir que el manifiesto y creciente rechazo popular al régimen que preside Maduro y la ciega obsesión por aferrarse al poder político a como dé lugar de quienes lo ejercen autoritariamente desde hace 25 años, nublaba el horizonte electoral hasta el extremo de considerarse seriamente la opción de cerrarle en las narices una vez más a los electores las puertas del cambio político. Una opción que a fin de cuentas generaría un costo político muy elevado, porque hasta el propio Nicolás Maduro reconoce la inmensa gravedad que representa la dramática pérdida de popularidad de su jefatura y del régimen, tal como registró una cámara indiscreta de la Televisora oficial al transmitir por error en vivo y en directo el reproche de Maduro a Freddy Bernal, gobernador del Táchira y hombre de su mayor confianza en una calle de San Antonio, ciudad fronteriza con Colombia cuando estaba a punto de comenzar un acto de su campaña: “Esto está feo”, se escucha a Maduro decirle en voz baja pero perfectamente audible a Bernal, “muchas cámaras y poca gente.” Una soledad que en declaraciones a la prensa Maduro atribuye exclusivamente a las sanciones económicas que desde enero de 2019 le aplican a su gobierno los Estados Unidos y la mayoría de las naciones europeas.
A pesar de lo que reflejan estas situaciones y razonamientos, mientras más próximos estamos del día electoral, mayor es el peso que adquiere la amenaza de que los perdedores se nieguen a reconocer la derrota y traten de conservar el poder por las malas.
La oposición al régimen, agrupada en torno a González Urrutia, ha tenido la firmeza necesaria para resistir el persistente y ostensible hostigamiento del régimen a las legítimas actividades políticas y electorales de su candidatura, y ha logrado la proeza de organizar un aparato electoral capaz, tanto de estimular el compromiso ciudadano de ir a votar, como garantizar su presencia y participación en la compleja tarea de defender los votos en favor de González Urrutia en cada una de las 30 mil mesas electorales habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para la elección del 28 de julio. Este esfuerzo por impedir que las condiciones de abuso político, acoso represivo y abierto ventajismo oficialista alteren gravemente las mínimas características y propiedades necesarias para hacer que esta jornada electoral sea lo más competitiva y transparente que sea posible, es condición imprescindible para medio impedir una grosera y fatal manipulación de los resultados electorales, pero no es suficiente.
En Venezuela, todas las elecciones se realizan de acuerdo con la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, aprobada por la Asamblea Nacional hace 15 años. De acuerdo con esta norma legal, si bien el voto se realiza por medio de dispositivos electrónicos, el elector, después de ejercer su derecho al voto en la máquina correspondiente a su mesa, deposita en una caja sellada un comprobante manual de su voto electrónico. Al darse por terminada la votación, el presidente de cada centro de votación sorteará hasta un 54 por ciento de estas cajas, que serán entonces abiertas y puedan entonces los testigos y ciudadanos en general verificar que los votos depositados en las cajas coincidan con el número de votos electrónicos registrados en la máquina correspondiente a esa caja. Solo entonces se firma el acta de la votación de esa mesa y se envía a la sala de totalización. En teoría, una verificación manual que garantiza la transparencia de los resultados.
O más bien no. Porque, como nos advierte el dicho, quien hace la ley hace la trampa, circunstancia a tener muy en cuenta, pues quien la administra la ley electoral es el CNE, cuyos miembros han sido designados por el régimen y en consecuencia actúan bajo su control político. Una trampa que tiene dos instrumentos inapelables. El primero, que los “servidores” que emplea el CNE para sus comunicaciones electrónicas son los servicios de dos empresas del Estado, que como en Venezuela el Estado y el Gobierno son las dos caras de una misma moneda, son en verdad dos empresas del Gobierno, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Teléfonos de Venezuela (CANTV). De acuerdo con esta muy palpable irregularidad, la validez de los datos transmitidos entre los centros de votación y la Sala de Totalización del CNE están sujetas a todo tipo de legítimas sospechas. La segunda herramienta al servicio de la trampa es que como de acuerdo con los reglamentos que regulan la aplicación de la LOPE solo pueden verificarse manualmente 54 por ciento del total de votos emitidos, no hay manera de verificar la autenticidad de los resultados finales de la votación, que al término de la jornada electoral anuncie el presidente del CNE.
En otras palabras, que como casi 50 por ciento de los votos no pueden ser verificados manualmente, en el mejor de los casos, ese casi 50 por ciento de los votos quedan a merced de la manipulación de datos que pueden hacer, sin inspección independiente, los “servidores” de PDVSA y CANTV, gestionados no por personal independiente, sino funcionarios del gobierno.
En la próxima entrega de esta columna nos ocuparemos de los obstáculos que han minado y minan el terreno electoral, y a los que puede recurrir el régimen el mismo día de la elección para que esa noche dos más dos no sean cuatro.
