El Supremo de Maduro ultima la sentencia del megafraude
La maquinaria de propaganda del régimen de Maduro publica unas imágenes de unos peritos que investigan el supuesto cibergolpe para alterar los resultados electorales.
La escena parece sacada de una película de serie B sobre alienígenas o de una temporada nunca vista de CSI Caracas. Unos supuestos peritos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abren unas cajas y unos sobres, ataviados con un disfraz de laboratorio, como si aquello estuviera radiactivo. Tapabocas, gorras, chalecos, guantes blancos para funcionarios y veedores (observadores) internacionales amigos de la revolución.
En los vídeos hechos público por el sistema de propaganda revolucionario, esos expertos se mueven como si fueran robots, pero casi todo falla a su alrededor. Los ordenadores que deberían demostrar la existencia de un cibergolpe de Estado (según el gobierno, el hackeo desde Macedonia del Norte persistía ayer, 22 días después de las elecciones, el más largo de la historia de la Humanidad) no están conectados a ninguna red, las hojas que manejan están en blanco, los ratones sin desenrollar... Tanto es así que el antiguo vicefiscal general, Zair Mundaray, advirtió que para el Cinecitta bolivariano se rescataron unos ordenadores fuera de uso.
El objetivo del show revolucionario es que el TSJ emita una sentencia en la que dé por buenos los resultados gubernamentales del 28J, el «triunfo» de Nicolás Maduro pese a que las actas electorales demuestran que perdió por cuatro millones de votos. Expertos y juristas consultados por EL MUNDO aseguran que la sentencia es inminente. Y eso pese a que se trata de un órgano jurisdiccional «sin competencia en la certificación de una elección de un cargo público, exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE)», detalló a EL MUNDO el experto electoral Jesús Castellanos.
En Venezuela, tras la Constitución aprobada en los primeros tiempos de la revolución, existen cincos poderes «separados», algo inexistente en la realidad: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral
«Bufo peritaje»
«Señores del Supremo, no pierdan el tiempo con su acto bufo de peritaje. Podemos anticipar su decisión y nadie ni en Venezuela ni en el mundo les va a creer. Si lo que hizo el CNE fue escandaloso y grotesco, lo que intenta el TSJ es peor aún. No existe un solo organismo que no esté bajo control total del PSUV y del Ejecutivo», ha denunciado Andrés Velásquez, dirigente de la Plataforma Unitaria, muy cercano a María Corina Machado.
Una de las claves que desnuda la actitud del TSJ, tribunal que en dos décadas siempre ha fallado a favor de la revolución, además de convertirse en el principal martillo contra la oposición, es que las partes convocadas al proceso no han tenido acceso al expediente. No sólo la oposición democrática, representada por el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, y por el ex vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, también el resto de partidos.
«Desconocen el contenido del recurso presentado, desconocen en qué consiste exactamente el peritaje que ha anunciado el TSJ, desconocen quiénes son los peritos o expertos técnicos que se han designado para hacer el supuesto peritaje y no han tenido oportunidad legal de hacer ningún control sobre el procedimiento, de tener testigos durante el proceso y, en general de plantear otros medios de prueba o ejercer control probatorio. Eso invalida el proceso en el TSJ por violar los principios más elementales del debido proceso», describió con detalle para EL MUNDO el jurista Nizar El Fakih, experto en Derecho Internacional.
«Es fundamental la participación activa de las partes involucradas, los candidatos, no sólo en la generación de pruebas sino conocimiento del proceso del peritaje«, insistió Castellanos, quien junto a otros expertos se ha encargado de denunciar la importancia que tienen las auditorías que se realizan una vez acabado el recuento y que el CNE omitió esta vez, paralizado ante la paliza electoral propinada por Edmundo González al jefe de la revolución.
La farsa revolucionaria parte con un pecado original de mucho peso: el CNE no ha divulgado los resultados discriminados por centro electoral y por mesa de votación, «sobre lo cual también debió realizar las auditorías de telecomunicaciones y verificación de las distintas fases de transmisión y totalización, con la presencia de todos los testigos acreditados incluyendo los testigos de oposición. Sin ello, no se ha permitido validar las actas de escrutinio y bases de datos que debió usar el CNE para emitir su totalización», remacha El Fakih.
