Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
"Grupo de Expertos, Oficina del Alto Comisionado y Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia", reclama Murillo
Una vista de una sesión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. // Foto: ONU
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que retira a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras rechazar «todas las falsedades, calumnias y mentiras», en abierto reclamo al informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN), que confirma la participación activa del Ejército en la represión de 2018, y denuncia las violaciones sistemáticas a los derechos de los nicaragüenses, presentado el 26 de febrero de 2025.
En su monólogo del mediodía, Murillo argumentó que la salida «en un acto de decencia, de preservar decoro y orgullo» y repudió las denuncias del GHREN.
En un colérico reclamo, un día después de la presentación del informe, Murillo anunció que enviaron una misiva dirigida a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “rechazando todas las falsedades, las calumnias, las mentiras” que, según la dictadura, tiene el informe.
«Para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y decencia, no los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los estados, la dignidad de los pueblos. Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y con toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites», dijo Murillo
La misiva de la dictadura leída por Murillo está firmada por su Ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke.
“El autodenominado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando, además, destrucción y daños incuantificables a la economía nacional», dijo Murillo, a tono con su propaganda que culpa de la crisis de 2018 a las protestas ciudadanas, omitiendo que ella y Daniel Ortega dieron la orden de disparar a matar, dejando más de 300 asesinados entre abril y septiembre de 2018.
«Son los mismos que hoy celebran y promueven la imposición de medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado y declarado ilegales por ser violatorias del derecho internacional», dijo Murillo en relación a las sanciones de la comunidad internacional en contra de funcionarios y operadores de la dictadura.
El informe sobre Nicaragua del Grupo de Expertos de la ONU
Murillo dijo que no acepta el informe del «autodenominado Grupo de Expertos» que su dictadura no reconoce. «Al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones de esa oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos usándolos como pretextos para injerencias en los asuntos internos de los Estados”, agregó.
El informe del GHREN afirma que el Ejército de Nicaragua “participó activamente en la represión” contra las manifestaciones de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales”, aunque haya declarado públicamente que “su papel durante la crisis se limitó a proteger activos estratégicos”. Se trata del primer informe de derechos humanos que describe la participación de los militares.
El grupo argumenta que obtuvo “información fidedigna” de que el 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales activos del Comando de Operaciones Especiales y las direcciones de Doctrina y Adiestramiento, Inteligencia y Contrainteligencia, Estado Mayor y Dirección, en la que se dijo que “el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.
En ese encuentro, del que hasta ahora se tiene registro, el jefe del Estado Mayor del Ejército “leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de diversas unidades militares a ‘neutralizar’ a los implicados en las manifestaciones”. Desde 2017, el jefe del Estado Mayor es el mayor general Bayardo Rodríguez, aunque el informe no menciona nombres, sino solo cargos.
Siguiendo esas directrices, continúa el informe, el Comandante en Jefe del Ejército (que es el general de Ejército Julio César Avilés) “ordenó la intervención militar en la represión de las manifestaciones, a pesar de que el Ejército no tenía competencia en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que la intervención de personal militar podría resultar en pérdida de vidas”, se lee en el informe.
Armas, espionaje y entrenamiento militar
El modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales documentadas implicó “acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y grupos armados pro gubernamentales”, señalan los expertos en su informe.
“El uso sistemático y deliberado de armas letales –algunas reservadas exclusivamente para uso militar–, la intervención de francotiradores, tácticas de combate diseñadas para matar en lugar de controlar a las multitudes y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo indican que su intención no era dispersar a los manifestantes sino matarlos e infundir miedo en la población”, agregan.
El informe del GHREN determina que “el Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la Policía y a los grupos armados pro gubernamentales, realizó operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos”.
Expulsiones y retiradas anteriores de Nicaragua
Esta no es la primera vez que la dictadura se retira de un organismo de derechos humanos o expulsa a sus misiones de Nicaragua, en rechazo a las denuncias documentadas sobre las violaciones sistemáticas.
En diciembre de 2018, la dictadura expulsó del país al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asociados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El canciller Denis Moncada alegó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que los informes y declaraciones de las misiones tenían intenciones “golpistas”, desacreditando la labor de la CIDH y el GIEI en Nicaragua, pese a que ambas instancias son absolutamente independientes de la secretaria general de la OEA.
Luego, en noviembre de 2021, la dictadura anunció su salida de la misma OEA, que incluyó la confiscación de la propiedad alquilada por la sede de la OEA en Managua. La dictadura completó el proceso de salida en noviembre de 2023.
