Siro del Castillo: Los inmigrantes y las prisiones privadas en Estados Unidos de América
Históricamente, el sistema penitenciario que más ha dependido del sistema de prisiones privadas ha sido el Buró Federal de Prisiones (BOP). La dependencia del sistema del BOP en facilidades privadas ha disminuido desde el año 2000 en un 11%. Para el 2022 el número de personas, bajo la custodia federal en las facilidades privadas era de 13,834 personas. Esta disminución se le atribuye a la orden ejecutiva del presidente Biden, de suspender el uso de las prisiones privadas con fines de lucro. Sin embargo, todavía se mantiene un número considerable de los que se encuentran bajo la custodia federal, dado que la orden ejecutiva del presidente Biden no contemplaba a los detenidos bajo la jurisdicción del U.S. Department of Homeland Security, quienes en el 2023 mantenían un promedio diario de 30,003 detenidos (principalmente inmigrantes), de los cuales el 83% los mantienen en prisiones privadas o administradas privadamente.
Durante la pasada administración del presidente Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos amplió el sistema de detención de inmigrantes en más del 50 por ciento, firmando contratos para abrir más de 40 nuevos centros de detención. Esta expansión benefició abrumadoramente a las empresas penitenciarias privadas, que albergaron al 91 por ciento de todas las personas retenidas en centros de detención que se abrieron durante esos años.
Desde el inicio de la nueva administración de Trump, las acciones de control migratorio han incrementado de manera significativa en todo Estados Unidos. Tanto los funcionarios como los medios de comunicación nos han estado bombardeando diariamente con informaciones que alegan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha reforzado los operativos con el primordial objetivo de identificar y deportar a inmigrantes en situación irregular. Estos operativos, según ICE, se basan en investigaciones de inteligencia que buscan mantener la seguridad nacional y pública.
Si bien hay que «identificar y deportar a inmigrantes», según ICE, estos inmigrantes tienen derechos que hay que respetar. Hace unos días un portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence, subrayó que era «clave respetar la dignidad y los derechos de todos los individuos, sea cual sea su estatuto migratorio, y garantizar que se les trata de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos». «La detención de migrantes solo debe utilizarse como último recurso, y solo en circunstancias excepcionales», añadió. «Sea cual sea su situación, los migrantes tienen derechos y deben ser respetados, dondequiera que se encuentren»¹. Hasta la fecha, ICE no ha estado tomando mucho en cuenta estas observaciones del portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
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ICE trabaja en conjunto con diversas entidades gubernamentales, tanto federales como estatales. La coordinación con estos organismos permite identificar y procesar a personas que violaron las leyes migratorias o que representan una amenaza a la seguridad. Estos operativos de arresto no se realizan de manera al azar, sino que siguen «directrices establecidas basadas en reportes de inteligencia». ICE señala que las detenciones se enfocan en individuos con órdenes de deportación activas, condenas previas o procesos legales pendientes.
En la trastienda de estos «reportes de inteligencia» nos hemos encontrado con que uno de los negocios que forma parte de este «complejo industrial penitenciario», que no está relacionado directamente con el de las prisiones privadas pero si indirectamente, es el que ofrece al gobierno, en particular, la empresa Palantir Technologies Inc., con oficinas principales en la ciudad de Denver, según aparece en un informe preparado por la reconocida organización de los cuáqueros en EE.UU., American Friends Service Committee (AFSC)².
Según este informe, Palantir sirve como socio estratégico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con sus sistemas «misión crítica» para las operaciones de la agencia. Hasta septiembre de 2024, ICE le había dado contratos a Palantir por más de $257 millones de dólares, por redadas en centros de trabajo, deportaciones y separaciones familiares.
En una revisión de estos nuevos contratos, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO)³ encontró que el ICE no se adhirió a su propio proceso para firmar estos acuerdos, concluyendo que el ICE no tenía documentación para justificar su necesidad. La GAO también encontró que el ICE hizo caso omiso de los aportes del personal que desaconsejó el uso de varias instalaciones nuevas debido a problemas de seguridad, falta de personal y malas condiciones. En algunos casos, el Departamento de Justicia (DOJ) había cancelado sus contratos para alojar a prisioneros en las mismas instalaciones debido al abuso y las malas condiciones.
Los contratos con el ICE siguen representando una cantidad significativa de ingresos para las corporaciones penitenciarias privadas como GEO Group y CoreCivic. En 2022, el Grupo GEO⁴ obtuvo $1.05 mil millones en ingresos solo por contratos con el ICE, o el 43,9 por ciento de sus ingresos totales ($2.4 mil millones). Esto incluye el 17 por ciento ($408 millones) en programas que involucran el monitoreo electrónico de inmigrantes. CoreCivic⁵ también obtuvo $552,2 millones en ingresos por contratos de detención del ICE en 2022, lo que representa el 30 por ciento de sus ingresos totales. A pesar de los llamados de los defensores para reducir la financiación de la detención del ICE, el Congreso asignó $2.9 mil millones de dólares para mantener a 34.000 personas en detención del ICE, cada día, durante el año fiscal 2023.
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Durante todos estos años en que ICE ha estado utilizando las prisiones privadas o prisiones administradas privadamente, poco caso les ha prestado a los consejos que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental le ha hecho. Los informes sobre las situaciones en estas prisiones salen periódicamente a la luz pública, dejando entrever lo que sucede en las mismas, en particular, en las prisiones donde los inmigrantes y refugiados se han encontrado detenidos, como lo han manifestado organizaciones preocupadas por los derechos y necesidades de estas personas, entre otras, Human Rights Watch, Nacional Inmigration Justice Center⁶ y de American Civil Liberties Union. Entre las informaciones que han dado estas organizaciones vale la pena destacar las siguientes:
- Algunas instalaciones sufren de falta de personal y adoptan medidas de reducción de costos que podrían poner en peligro la salud de las personas detenidas. Las unidades médicas parecían peligrosamente desprevenidas para emergencias. Hay instalaciones que no están equipadas para brindar servicios de salud mental adecuados mientras surge una crisis de suicidio en los centros de detención de inmigrantes. Se ha reportado que las personas con discapacidades están sujetas a un trato cruel y negligencia en los centros de detención de inmigrantes. Hay informes de personas con discapacidades que no recibieron las adaptaciones razonables legalmente requeridas para sus discapacidades o asistencia, y en su lugar enfrentaron abuso por parte de los funcionarios de detención.
- Se han reportado muchos caos en que los oficiales han usado fuerza física, gas lacrimógeno y gas pimienta, y han amenazado a inmigrantes en los centros de detención. Las personas detenidas son encerradas en régimen de aislamiento durante largos períodos, a menudo por infracciones menores o por represalias de los agentes.
- Los inmigrantes son retenidos en condiciones sórdidas sin acceso a productos o instalaciones de higiene adecuados. Las personas detenidas en todos los centros de detención expresaron serias preocupaciones sobre el saneamiento en la detención y su capacidad para mantener la higiene personal, con el caso extremo de lo que sufren las mujeres detenidas.
- Las empresas penitenciarias privadas no pagan a los inmigrantes detenidos que trabajan para la prisión sus salarios, ni siquiera a razón de un dólar por día, como exige la ley.
- La calidad de los alimentos ha generado inquietudes sobre la salud y el bienestar de las personas detenidas. A menudo, las personas no reciben comidas que se adaptaran a sus necesidades de salud, como la diabetes, o las observancias religiosas, como se requiere.
- Las personas detenidas tienen poco o ningún acceso a materiales legales o bibliotecas jurídicas y en muchos casos el acceso a abogados o a representantes de organizaciones no lucrativas que trabajan para ayudar a los inmigrantes y refugiados les he limitada de forma injusta y arbitraria.
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Si bien es verdad que estas condiciones que sufren los inmigrantes detenidos en las prisiones privadas no son de ahora y ha estado existiendo desde hace varias décadas, en particular, con más deterioro durante las administraciones pasadas de los presidentes Obama, Trump y Biden, muchos temen que bajo la nueva administración de Trump las mismas continúen y, según algunos observadores, empeoren, dado que uno de sus temas favoritos es el de acabar con los inmigrantes ilegales de cualquier manera, y que el interés principal de los administradores y/o propietarios de estas prisiones privadas es el lucro, no el bienestar de las personas.
Para los que creemos en la dignidad intrínseca de cada ser humano, para quienes nos inspiramos en esta fe y en los valores fundamentales que informan todo el trabajo que hacemos, para los que creemos en el trabajo que hace el Instituto Jesuita Pedro Arrupe con refugiados y otras personas desplazadas, independientemente de su raza, género, religión o política, esta situación de violaciones a los derechos fundamentales de los inmigrantes debe ser denunciada a todo nivel. Como cristianos no podemos estar de parte de quienes, aprovechándose de las desgracias humanas, utilicen, construyan, edifiquen y/o administren prisiones privadas para su enriquecimiento empresarial y personal.
Para el papa Francisco⁷, «No se trata de una cuestión menor: un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, especialmente las más pobres y marginadas», continuó, «El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y estricto respeto a los derechos de todos —como he afirmado en numerosas ocasiones—, acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables».
En su carta a los Obispos de Estados Unidos, el papa Francisco también se expresa sobre las deportaciones de las que son amenazados miles y miles de inmigrantes en este país: «El hecho de deportar a personas que en muchos casos han abandonado su propia tierra por razones de extrema pobreza, inseguridad, explotación, persecución o grave deterioro del medio ambiente lesiona la dignidad de muchos hombres y mujeres, y de familias enteras, y los coloca en un estado de particular vulnerabilidad e indefensión»⁸.
Hoy con dolor vemos cómo los inmigrantes en Estados Unidos se debaten entre ser deportados o permanecer en una prisión privada, o lo que es peor, ser enviados a una prisión en la Base Naval en la bahía de Guantánamo, Cuba, para permanecer encarcelados por tiempo indefinido. Quizás ya alguna de las empresas del «complejo industrial penitenciario», le ha ofrecido sus servicios a la administración actual, para construir las facilidades para 30,000 camas que el presidente Trump ha anunciado, porque, después de todo, «business is business».
1.- Redadas de ICE, en vivo: qué se sabe sobre los migrantes que fueron detenidos hoy, 31 de enero – LA NACION
2.- About Us | AFSC Investigate
3.- GAO-21-149, IMMIGRATION DETENTION: Actions Needed to Improve Planning, Documentation, and Oversight of Detention Facility Contracts
4.-Form 10-K for GEO Group INC filed 02/27/2023
5.– CORECIVIC, INC. 10K 2022
6.- Policy Brief | Snapshot of ICE Detention: Inhumane Conditions and Alarming Expansion | National Immigrant Justice Center
7.- Vatican City, Feb 11, 2025 Pope Francis to US bishops amid mass deportations: Dignity of migrants comes first | Catholic News Agency
8.- Ibid
Siro del Castilloes autor y activista, especializado en asuntos de inmigración y de sindicalismo obrero, Frente de Trabajadores Latinoamericanos y Caribeños Demócrata Cristiano; miembro de la junta editorial y frecuente colaborador de El Ignaciano.
