Laberintos: Difícil transición política en Venezuela
Desde hace varias semanas, la oposición venezolana trata de conciliar las diferencias entre sus distintos polos de poder político sobre el camino a seguir para cumplir uno de los dos compromisos prioritarios y no transables de su oferta electoral, el cambio de gobierno en un plazo no mayor de 6 meses, pero por medios pacíficos, constitucionales y democráticos. Hasta ahora no lo ha logrado. Y no parece que vayan a lograrlo a tiempo de evitar el cataclismo por venir.
La primera dificultad para alcanzar este objetivo necesario es definir, sin duda por consenso, aunque sólo sea para eludir la siempre presente amenaza de la división interna, si la ruta hacia la transición se iniciará con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República una vez más, la enmienda de la constitución vigente para acortar el período presidencial a cuatro años y sin derecho a la reelección inmediata, el referéndum revocatorio, tal como se intentó sin éxito en agosto de 2004, o la renuncia, voluntaria o inducida, la menos traumática pero la más compleja de las alternativas. Un tema de debate interno que, al igual que la discusión de la Ley de Amnistía y Reconciliación, la otra no transable gran oferta electoral de la oposición, va mucho más allá de la simple fijación de un rumbo, pues tiene casi todo que ver con los liderazgos actuales y la futura candidatura presidencial de la oposición.
La gravedad que genera este problema de la selección del mecanismo constitucional más adecuado para salir de Maduro, si esa es la finalidad que en definitiva persiguen todas las fuerzas de oposición, la acaba de poner de manifiesto Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial de la oposición. Mientras la Mesa de la Unidad Democrática, plataforma unitaria de la oposición venezolana, informaba que sus miembros buscaban un acuerdo consensuado sobre este tema, Capriles decidió abrir tienda aparte y declaró que él se inclinaba en favor del revocatorio, precisamente el más enmarañado y menos conveniente para los intereses de la oposición, razón por la cual esa sería la opción preferida por el régimen. Y peor aún. Nada más formular esta imprudente declaración, Capriles se lanzó a recorrer varios estados del país, con el ímpetu de quien el ello se juega la vida, al parecer en campaña con la intención de recoger las firmas necesarias para convocar el referéndum, aunque para muchos analistas de la realidad política venezolana, a lo que daba inicio era a su campaña por la candidatura presidencial de la oposición, amenazada desde hace dos años por la popularidad antagónica de Leopoldo López, condenado a más de 14 años de prisión por ser uno de los principales protagonistas de las manifestaciones del año 2014, y ahora por la súbita irrupción de Henry Ramos Allup en el ruedo de las probables pretensiones presidenciales en el seno de la oposición.
Esta decisión de Capriles, con el respaldo natural de su partido, Primero Justicia, le ha permitido adelantarse en el tiempo a López, a Ramos Allup, al también encarcelado alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y a María Corina Machado, la diputada más votada en las elecciones parlamentarias de 2010, golpeada brutalmente por varios diputados del oficialismo en el curso de un debate de la Asamblea Nacional y luego despojada de su escaño en la Asamblea por una decisión de su presidente de entonces, Diosdado Cabello, pero contradice la declarada voluntad unitaria de los partidos de la oposición y constituye una primera señal de alarma. Precisamente para evitar este peligro, Ramos Allup había anunciado que el pasado sábado la oposición informaría sobre el camino acordado, pero llegado ese momento, la MUD informó que la decisión no se anunciaría hasta el próximo jueves 3 de marzo, indiscutible admisión de que aún no había acuerdo alguno que anunciar.
Mal comienza, pues la transición anhelada. Todo permite suponer, sin embargo, que para capear este temprano temporal, ese día se anunciará que la oposición ha decidido dar los pasos requeridos para poner en marcha la enmienda constitucional, postura que defienden los partidos de Ramos Allup y López, a todas luces el más rápido de los procedimientos, pues no exige firmas y huellas de al menos 20 por ciento de los electores ni tiene que pasar por las manos del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal Supremo de Justicia, ambos órganos sumisos al poder imperial de Miraflores, pero que simultáneamente abordará el desafío de promover la alternativa de un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Maduro, tal como ha propuesto Capriles. Fórmula por supuesto salomónica, para evitar por el momento una crisis que tarde o temprano estallará dentro de las filas de la oposición, pero que de ningún modo garantiza la unidad futura de los adversarios políticos del gobierno. Ni en las elecciones regionales previstas para diciembre de este año, ni en una eventual elección presidencial, anticipada o como consta en la agenda electoral de Venezuela, en diciembre de 2019.
Ahora bien, además de superar este obstáculo puntual, la oposición debe imponerse a un segundo y mucho más difícil y estructural desafío para poder cumplir su promesa de cambiar el gobierno Maduro a muy corto plazo. El régimen reconoció en su momento la derrota del chavismo en la jornada electoral del 6 de diciembre, pero en la práctica ha desconocido sistemáticamente todas las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional. Se trata, como el propio Maduro ha declarado y reiterado hasta el cansancio, de una abierta y no negada sino proclamada insubordinación presidencial con respecto a la Asamblea Nacional, que al utilizar al Tribunal Supremo de Justicia para anular “legalmente” los actos del poder legislativo y comprometer en esa grosera tarea de intolerancia totalitaria a un sector de la Fuerza Armada Nacional, en verdad ha dado un golpe de Estado. O para ser más exactos, un autogolpe que condena al Poder Legislativo a ser una inútil y hueca representación de la voluntad popular. Muy ingrata situación que coloca a la Asamblea en la imposible situación de no poder hacer cumplir ninguna de sus leyes. Mucho menos su objetivo de cambiar de gobierno legal y anticipadamente.
A pesar de que ya nadie duda en Venezuela que mientras no se salga de Maduro no podrá modificarse el rumbo político y económico del régimen, y a pesar de saber, como casi todos sabemos, que para derrotar la crisis que hoy por hoy devasta a Venezuela y desespera a sus ciudadanos primero hay que cambiar de gobierno, dadas las coordenadas de la actual realidad política, la verdad es que la oposición venezolana no parece estar en condiciones reales de lograr por las buenas, democrática y constitucionalmente, ese obligado cambio de gobierno.
Frente a este callejón sin salida, con una Asamblea arrinconada y la población cada día más acosada por la intensidad de una crisis que no cesa, y aunque el pasado sábado Ramos Allup trató de tranquilizar a los ciudadanos al admitir que “la transición es difícil, pero inevitable”, María Corina Machado recogía una sensación que cada día cobra mayor fuerza en el ánimo de los venezolanos: “No se puede descartar un escenario en el cual una reacción popular sirva de excusa para provocar una intervención ordenadora de un sector con fuerza para hacerlo.” Indeseable y falsa solución de un problema cuyo desenlace, a estas alturas del proceso, sólo podría ser otro si quienes se esfuerzan en promover una transición negociada con el régimen logran lo que se proponen, muy pronto, prontísimo, antes de que sea demasiado tarde.
