Migrantes venezolanos: «La justicia de EE UU ha demostrado que, por encima de cualquier ideología, están el debido proceso y las leyes»
Migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos. Reuters
El martes pasado, Adelys Ferro decidió que actualizaría cada media hora la página web Court Listener –un sitio de acceso libre a la información jurídica– hasta que la justicia informara sobre el destino de unos 350.000 venezolanos en Estados Unidos.
El 15 de abril era la fecha límite que el gobierno de Donald Trump había fijado para que un tribunal federal le diera una respuesta sobre la protección legal temporal a este grupo de personas en riesgo de deportación inminente.
Finalmente, después de cuatro días de espera, este viernes llegó la respuesta.
El Tribunal Federal de Apelaciones de San Francisco informó que se negó a suspender una orden que detenía la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ampara a miles de venezolanos.
«Rápidamente le escribí al grupo de trabajo que tenemos con los abogados y grabamos un video corto para explicar lo que estaba pasando», le dice a BBC Mundo Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan-American Caucus, una organización dedicada a brindar información migratoria.
En paralelo, unas horas más tarde, el Tla Corte Suprema de Justicia suspendió en la madrugada del sábado la deportación de un grupo de venezolanos mientras el caso sea tratado en los tribunales inferiores.
Por su parte, el gobierno respondió con un recurso ante la Corte Suprema pidiendo que levante el bloqueo temporal de emergencia que suspende las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador, en una clara muestra de que la pelea ante la justicia sigue abierta.
«Me siento muy orgullosa de que, más allá de ideologías políticas, los jueces están fallando a favor de la justicia y del debido proceso en pos de proteger a las personas vulnerables», dice Ferro, venezolana y ciudadana de Estados Unidos.
Adelys Ferro es cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan-American Caucus. Adelys Ferro
¿Cómo analizas la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones de San Francisco de frenar el intento de Trump de poner fin al TPS a los migrantes venezolanos en EE.UU.?
Nosotros siempre hemos creído que los argumentos presentados por los demandantes y por nuestros abogados son absolutamente sólidos y basados en los hechos. Por eso, confiamos en el sistema de justicia de Estados Unidos.
Estamos muy esperanzados con esta decisión de esta corte de apelaciones porque reafirma que nuestros argumentos impulsaron la decisión del juez para dejar protegidos a los beneficiarios de TPS mientras dure el proceso legal.
¿Qué significa esta decisión para los venezolanos con TPS en EE.UU.?
La corte de apelaciones lo que acaba de hacer es determinar que los beneficiarios venezolanos del TPS sigan teniendo su TPS vigente y sus permisos de trabajo. Es decir, la justicia retrocedió en el tiempo para volver al punto en que los venezolanos tenían garantizado su Estatus de Protección Temporal.
La decisión del tribunal fue unánime. ¿Te sorprendió?
La totalidad de los tres magistrados de la Corte de Apelaciones lo aprobaron. Es decir, que el voto fue unánime. Por supuesto uno tiene nervios e incertidumbre, pero estamos seguros de que tenemos los argumentos para que las decisiones sean a nuestro favor.
Creemos en el debido proceso y el respeto a la división de poderes en EE.UU.
Al ver la decisión de la justicia, que fue a favor, pues es como que nos volvió a entrar el aire a los pulmones con mucha más fuerza, subimos otro escalón y vamos hacia adelante.
Sin embargo, esta decisión del Tribunal Federal no resuelve el problema. ¿Cómo sigue ahora?
Bueno, este proceso apenas está empezando. Esta decisión de la Corte de Apelaciones es solo referida a la moción de emergencia que introdujo el gobierno, pero el verdadero juicio empieza la semana que viene.
Incluso es posible que el Gobierno lleve esta apelación de la moción de emergencia a la Corte Suprema.
En ese caso, estamos listos porque confiamos en los argumentos de nuestros abogados y creemos que tenemos todo para que la ley esté de parte de los beneficiarios de TPS.
¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué puede hacer el Gobierno?
Bueno, el Gobierno podría empezar el juicio en el Tribunal Federal y pelearlo. Es decir, intentar de conseguir un veredicto a su favor.
Sin embargo, teniendo en cuenta la forma en que la administración Trump se ha comportando en las decenas de juicios que tiene en este momento, lo que pensamos es que posiblemente lleven este caso a la Corte Suprema.
Hay diferentes caminos, ésta es una posibilidad real viendo cómo se ha comportado el Gobierno en todas las demandas anteriores.
Dentro del TPS no solo están los venezolanos sino también personas de otras nacionalidades. ¿Cómo incide esta decisión en los otros grupos?
La diáspora haitiana se unió a nuestra demanda del TPS porque a ellos también les eliminaron la extensión y se espera que en lo que llegue la fecha indicada por la ley pues también les eliminen el TPS a los haitianos.
Ya se anunció que les van a eliminar el TPS a las personas de Camerún, Afganistán, Mauritania, El Salvador, entre otras.
Entonces, creo que lo que vamos a ver es una gran unidad de diásporas beneficiarias de TPS para presentar los casos de manera conjunta. Aunque cada una es diferente.
Ésta no es la única causa abierta vinculada a la migración venezolana en el país. ¿Cómo cree que esta decisión de la justicia podría influir en los otros casos?
En este momento tenemos tres demandas vinculadas a los inmigrantes venezolanos.
Una es esta del TPS, en California. Otra es la del parole humanitario en Boston, que queremos que la gente mantenga ese status. Otra, el recurso de emergencia de la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), pidiéndole que interviniera ante un «inminente» traslado de migrantes venezolanos a El Salvador.
Nosotros no somos parte de estas demandas sino que hemos apoyado en todo lo posible como organización.
¿Qué responde al argumento de Trump que sostiene que la inmigración venezolana en EE.UU. es una amenaza para la seguridad del país?
El Gobierno dice que los beneficiarios de TPS son un peligro para la seguridad nacional. Pero no hay ningún beneficiario de TPS que haya sido señalado como criminal porque ni siquiera puedes tener un TPS si has cometido algún delito. No hay manera de que te lo den.
Otro argumento es que los migrantes venezolanos ya no necesitan el TPS, dado que estarían en condiciones de volver a su país. ¿Qué piensa de esto?
El Gobierno dice que Venezuela se arregló, que la situación del país mejoró, que no hay ninguna razón para que los venezolanos no regresen.
Sin embargo, es fácilmente demostrable ver que decenas de miles de venezolanos que tienen TPS estarían en peligro si regresan a Venezuela. Ya sea por el lugar donde trabajaban, porque son personas absolutamente relacionadas con los partidos políticos de la oposición o incluso porque participaron de las protestas estudiantiles en Venezuela.
Estas personas no pueden volver al país.
¿Qué estrategia tienen para lo que viene?
Información, información y más información, porque nosotros hacemos todo lo posible para explicar y ayudar a los migrantes a ganar todo el tiempo posible.
El TPS es una gracia presidencial que se otorga a través de la ley del TPS, que se aprobó en el Congreso en los años 1990.
Por eso, mientras informamos también hacemos presión legislativa con los congresistas, los que quieren llegar y aquellos que quieren permanecer en el Congreso, porque el 2026 no está tan lejos como uno piensa.
Yo creo que podemos lograr un compromiso para que se discuta una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios de TPS tan pronto cambie el Congreso en el 2026.
¿Y en términos judiciales? ¿Cuál es la estrategia?
Los abogados están preparándose para los distintos escenarios posibles, independientemente de lo que decida hacer el Gobierno de los Estados Unidos.
En paralelo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ordenó en la madrugada del sábado al Gobierno de Trump que no deporte a un grupo de inmigrantes. ¿Qué piensa de esta decisión?
Creo que es una demostración de que, más allá de cualquier imperfección que que pueda tener el sistema democrático, la democracia de los Estados Unidos es una democracia sólida, una democracia firme, donde existe la separación de poderes y existe la defensa del debido proceso.
La decisión de la Corte Suprema fue tomada de madrugada, lo que dice mucho de la situación de emergencia que se está viviendo en Estados Unidos.
¿En qué sentido?
Cuando tienes a nueve magistrados de la Corte Suprema del país líder del mundo libre tomando decisiones de madrugada es porque existe una emergencia real, que muestra la gravedad de las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos.
Eso trae consecuencias para la definición del debido proceso. Si no hay debido proceso para una persona que está dentro del territorio de Estados Unidos, puede llegar a no haber debido proceso para nadie.
Los derechos que amparan el debido proceso, amparan a todas las personas que están dentro de los Estados Unidos, sea quien sea y tenga la nacionalidad que tenga, incluyendo a los inmigrantes.
Hay dos jueces que votaron en contra. ¿Qué piensa de eso?
Los jueces tienen derecho a tomar las decisiones que ellos consideren, por algo están en la Corte Suprema. Nosotros tenemos que respetar la decisión de la Corte Suprema, cualquiera de los jueces tiene derecho a disentir.
También es importante resaltar que hay jueces de tendencia conservadora –incluso jueces nombrados por el mismo presidente Donald Trump en su primer mandato– que votaron a favor de impedir la deportación de los inmigrantes bajo esa ley.
Sin embargo, la Corte Suprema no concedió ni denegó la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que le impidió a Trump deportar inmigrantes bajo la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798. ¿Por qué?
Porque no estamos en guerra. No hay ninguna invasión extranjera. El país no está en peligro. Los informes de inteligencia del mismo Gobierno de Estados Unidos desmontan toda la narrativa que se ha creado alrededor del Tren de Aragua.
Entonces, decimos: apoyémonos en el debido proceso, en la Corte Suprema de Justicia, en la decisión de los tribunales de los Estados Unidos y respetaremos lo que decida la Corte Suprema de Justicia.
Lo único que estamos pidiendo es que exista el debido proceso. No estamos pidiendo que dejen a todo el mundo tener asilo o que los acepten en el país, lo que estamos pidiendo es que los jueces tomen las decisiones.
Teniendo en cuenta que el gobierno respondió con un recurso ante la Corte Suprema. ¿Crees que Trump obedecerá esta decisión de la justicia?
La Corte Suprema está protegida en la Constitución y es un poder separado al Ejecutivo, por lo tanto, Trump tiene que obedecer. Yo estoy segura que la van a obedecer.
¿Y si no pasa eso?
La administración Trump ha intentado desobedecer y ha desobedecido algunas órdenes de las cortes federales –que están por debajo de la Corte Suprema– pero desobedecer a la Corte Suprema tiene implicaciones que están establecidas en la Constitución y son gravísimas.
Eso sería crear una una crisis constitucional que sinceramente no creo que la administración Trump lo vaya a hacer, porque eso tendría incluso consecuencias para el presidente, según la Constitución.
Por último, sobre el caso de Kilmar Ábrego García, ¿cómo analiza el desarrollo de los hechos?
Si Kilmar Ábrego García no tiene méritos para permanecer en el país, que lo decida un juez. Lo único que estamos pidiendo las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y de los derechos civiles es déjenlo tener el debido proceso.
El departamento de Justicia tuvo que admitir en la corte que lo habían enviado a El Salvador por error. Entonces, lo que estamos pidiendo es arreglar el error. Devuélvanlo a los Estados Unidos. Que tenga su día en la corte y que sea un juez el que decida su futuro.
En líneas generales, ¿qué te generan estos últimos movimientos de la justicia?
Mira, además de venezolana, soy ciudadana estadounidense desde hace 13 años. Todo esto me alegró mucho porque hemos confirmado que estamos en estado de derecho, donde sigue funcionando la separación de poderes.
Me siento muy orgullosa de que, más allá de ideologías políticas, los jueces están fallando a favor de la justicia y del debido proceso en pos de proteger a las personas vulnerables.
Creo que la decisión de la Corte Suprema y la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco dice que por encima de cualquier ideología está el debido proceso y las leyes. Me siento muy orgullosa y esperanzada por eso.
