La ventajista versión de Sánchez

Entre las 12 y la una de la tarde del lunes, el precio del megavatio de electricidad en España era de -1,01 euros según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía. Esto significa que los 15 gigavatios que según Pedro Sánchez «se perdieron súbitamente» de la oferta energética tenían valor negativo, es decir, tendrían que habernos compensado por consumirlos. Sin embargo, su falta provocó una disrupción total en la economía que la patronal CEOE ha estimado preliminarmente en 1.600 millones de euros. No toda la actividad se ha visto afectada por el corte, pero un cálculo puramente económico tampoco refleja el precio de la normalidad perdida para millones de personas, que un día después del apagón no se había recuperado totalmente, ni de la incertidumbre introducida en sus vidas por la pérdida de la posibilidad de comunicarse entre ellas.

Redeia, la operadora del sistema eléctrico controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha admitido que la situación no tiene precedentes, pero sigue sin revelar las responsabilidades en este episodio. La hipótesis más probable se basa en que una pérdida de generación eléctrica en territorio español disparó los sistemas de protección de la red, que está interconectada con Francia y con Marruecos, y la apagó por precaución. En pocos segundos desaparecieron los 15 GWh (11 de fotovoltaica y 4 de nuclear) que suponían el 60 por ciento de la oferta provocando una perturbación mayor. Redeia reconoce dos episodios de «pérdida de generación en el suroeste de España», aparentemente solar, que podrían estar en el origen del incidente. La red española es muy mallada y tremendamente sofisticada, con distintas capas (generación, protección, gestión algorítmica, etc.) que se superponen. Sin embargo, el sistema se enfrenta al llamado trilema energético: se le exige que sea limpio, que sea barato y que, además, sea seguro. A eso se añade que la configuración preprogramada del mix de generación el día del apagón contenía mucha renovable, como ya es habitual en España, pero que según los expertos proporciona «un equilibrio inestable». Pese a eso, no era una jornada estresada en términos de demanda: el consumo en hora punta se estimaba entre 30 y 32 GWh, España tiene capacidad instalada de 129 GWh y el 80 por ciento de esta no produce CO2.

A expensas de que el Gobierno y Redeia pongan fin al oscurantismo, todo indica que España ha vuelto a pagar el precio de adentrarse aceleradamente en las energías renovables. Estas nos proporcionan una importante independencia energética, pero los gestores de la red todavía están aprendiendo a lidiar con las fragilidades técnicas que produce su predominio. La primera consecuencia del apagón debería ser la suspensión del plan de cierre de las nucleares y la reconsideración de su fiscalidad para que sigan proporcionando la energía barata y segura que permite darle estabilidad a la red. Pese a ello, Sánchez sigue pensado que «son un problema». Restablecer un sistema eléctrico moderno tras una caída a cero no es fácil ni rápido. Los expertos elogian la celeridad de Redeia y de las empresas del sector y recuerdan que Italia tardó tres días en reanudar el suministro en 2006.

Mención aparte merecen los problemas de telecomunicaciones y de transportes que se han producido como consecuencia del apagón. El tren es dependiente del sistema eléctrico, así que debemos acostumbrarnos a que si falla uno el otro deja de estar disponible, pero las telecomunicaciones, que con los sistemas analógicos no lo eran, ahora han pasado a serlo, evidenciando una vulnerabilidad digital.

Siguiendo el patrón habitual que marca los principios fundamentales del sanchismo, las comparecencias de Sánchez estuvieron marcadas por un descarado ventajismo, con continuas apelaciones a los «operadores privados» como fuente de una posible responsabilidad, eludiendo cualquier mención a que el sector está regulado, que Redeia es una empresa controlada por el Estado y que es vital en la dirección del sistema eléctrico como «gestor global de infraestructuras esenciales». Las autoridades de Bruselas ya han anunciado que seguirán muy de cerca este grave episodio.

Todo el mundo ha destacado la resiliencia con que la población afrontó el incidente. No hubo reacciones violentas y malsanas que empeoraran la situación. La mayoría ayudó en la medida de sus posibilidades a paliar el mal trago. Ello no significa que los españoles no quieran saber qué ocurrió y quiénes han sido los responsables, cuestión que es fundamental para emprender conversaciones serias en torno al futuro energético del país.